AGUAS PROVINCIALES NO ESTÁ EN INFRACCIÓN POR BRINDAR UN SERVICIO CON BAJA PRESIÓN

“La empresa concesionaria de agua no está en infracción al brindar el servicio con baja presión. Por más que la tarifa esté fijada para que el servicio se brinde de una determinada manera, sino se cumple con esa norma, no se está en infracción”.

La afirmación pertenece a Juan Carlos Martín, quien forma parte del directorio del Ente Regulador de Servicios Sociales (ENRESS). El fundamento de tal afirmación es que la empresa goza de un período de los años fijados en el acuerdo del año 1999, en el marco de la renegociación, durante cuyo transcurso no se considera la baja presión del agua como una infracción. Por lo menos hasta que no se termine el plazo estipulado, que se extiende por cuatro años.

Lo que hace el ENRESS es manifestar que no se trata de una infracción pero si de un perjuicio económico que están padeciendo los usuarios porque están pagando por un servicio que no se está brindando.

Pasado el tiempo que estipula la resolución antes mencionada (cuatro años), el ente dirá que se hará efectiva la rebaja tarifaria de acuerdo a la presión que posea.

“Toda vez que un usuario denuncia la baja presión del agua, el ENRESS acude a comprobarlo, lo que ocurre en las 15 ciudades en las que está presente la concesión”.

El ente ejerce dos tipos de controles: el primero es el de rutina que se realizan en hidrantes que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad y su relevamiento de una pauta del estado del servicio por zonas. “Los resultados en este sentido son positivos, dan por encima de lo normal”, advirtió Martín ante el cronista de LT9 Leonardo A. Botta.

En la ciudad de Santa Fe la mayoría de las quejas tuvieron que ver con la rotura de un caño, por lo que no constituye una infracción para la empresa, según la letra de la norma. Martín aclaró que el problema de baja presión de agua sólo se manifestó en Rosario.

El funcionario del ENRESS también se refirió a la traba legal que tiene la provincia para llevar adelante las obras de cloacas anunciadas hace algunos días. Cabe recordar que una norma establece que el Estado debe ser autorizado por la concesionaria para llevar adelante sus proyectos. “El ente no actúa sobre caso abstractos, sino en casos concretos. De todos modos el contrato de concesión debe respetarse desde las dos partes”.