AGUDA MIRADA SOBRE EL CASO AGUAS

La diputada provincial Daniela Qüesta se refirió en un comunicado a la situación que atraviesa la concesión de los servicios sanitarios en quince atendidas por la empresa Aguas Provinciales y señaló “la intención de grupos económicos en invertir en nuestra provincia, que tiene un potencial económico-productivo que los propios santafesinos no llegamos a dimensionar. Sólo así se entienden –dice– las intenciones de grupos empresarios de origen extraprovincial de invertir en negocios que tienen sus raíces en la provincia o bien que derivan en servicios públicos concesionados”.

La legisladora radical añade que “hay una serie de denominadores comunes en algunos de estos casos que debieran alertarnos y que demuestran la existencia de un gran potencial que debemos aprovechar. En primer lugar, las malas concesiones efectuadas por el gobierno provincial que abren nuevas oportunidades para redefinir los contratos y concesiones.

En segundo lugar la falta de una definición política a favor de orientar las nuevas concesiones hacia grupos de inversores locales para poner de pie a la provincia de Santa Fe. Por último, el hecho que quienes se presentan con proyectos propios y/o resultan beneficiados con la continuidad de los negocios «caídos» tengan cierto origen patagónico o más precisamente vinculaciones con el gobierno central”.

Qüesta puntualiza que no está en duda “la ventaja que significa la operación de estos negocios por parte de inversores nacionales, pero la falta de capacidad de gestión del gobierno provincial lo lleva a aceptar las propuestas que se digitan a partir del gobierno central. Así resultó –indica– con el traspaso del Nuevo Banco de Santa Fe luego de la caída de los hermanos Rhom al ultrakirchnerista grupo Eskenazi, también operador del Banco de Santa Cruz entre otros, y con las recordadas exenciones y prebendas otorgadas por algunos de los directores del Banco Central”.
Otro ejemplo

Luego señala que “otro ejemplo es el pedido de urgente tratamiento que se efectuó a un proyecto de ley para la construcción de un gasoducto en la provincia, que no pudo darse por la falta de quórum que el oficialismo no logró reunir en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Mediante este proyecto se pretende adjudicar en forma directa, es decir sin licitación pública, a otra empresa con explotación en territorio bonaerense y patagónico la ampliación de un gasoducto dentro del espacio geográfico concesionado a Litoral Gas, vinculando el financiamiento de la obra con un fideicomiso administrado por el NBSF y no como en otros proyectos por el Banco de la Nación.

El proyecto de ampliación del gasoducto sobre la ruta nacional 34, ha sido solicitado por la empresa Emgasud, a la que también se la sindica con excelentes relaciones con el ministro de Planificación, Julio De Vido, a partir de su titular el santacruceño Alejandro Ivanissevich. Pero a partir de recientes versiones, la preocupación mayor pasa por que se le comienza a adjudicar a este mismo empresario ciertas pretensiones de quedarse con el paquete accionario de Aguas Provinciales, es decir concentrando la explotación de distintos servicios públicos en un mismo grupo prestador”.

La diputada radical afirma finalmente que “la urgencia del gobierno por resolver este nuevo fracaso privatizador puede llevarlo a proponer una salida rápida del conflicto pero sin observar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de estas peligrosas casualidades. Es hora de advertir que aprobaciones de leyes en paquete cerrado, urgencia en el tratamiento de ciertos expedientes, concentración de ciertas adjudicaciones, empresarios cercanos al poder, entre otras, dejan de ser casualidades y se convierten en similitudes a las prácticas acaecidas en la década del 90”.