AHORA ARGENTINA Y CHILE ACUERDAN PONER PRESIÓN SOBRE EL SECTOR PRIVADO

Con más gestos que soluciones, el Grupo de Trabajo Bilateral Chile-Argentina acabó ayer sus dos sesiones de emergencia. Hubo apenas una coincidencia, al menos en público: que la búsqueda de una solución al conflicto energético debe ser “acompañada por un esfuerzo por parte del sector privado, tanto argentino como chileno en distintos segmentos de la industria”.

Es decir que ambos gobiernos intentarán unificar esfuerzos a la hora de presionar a las empresas privadas para que cumplan con sus compromisos. La postura fue expuesta aunque con sutileza por el secretario de Energía chileno, Luis Sánchez Castellón, en una rueda de prensa realizada en la Embajada de Chile junto a su par argentino, Daniel Cameron.

Dicha posición fue planetada ya el jueves a la noche —y ratificada ayer— por el presidente Néstor Kirchner (ver pág.8).

Sin embargo, fuentes diplomáticas comentaron a Clarín que la delegación chilena se fue un tanto insatisfecha por no haber logrado que los argentinos le dieran plazos y cantidades de los nuevos recortes al suministro que pudieran seguir aplicando.

Pero además, ambos países mantienen una diferencia medular en torno a la letra del Protocolo energético (de 1995), que define derechos y obligaciones entre las partes. Para Chile, la solución consiste en implementar todo lo establecido en el artículo 7, que estipula la “no discriminación respecto a los consumidores afectados, cualquiera sea la ubicación geográfica de éstos”.

Para la Argentina, hay que remitirse a su artículo 2, que establece que los permisos de exportación se darán “en la medida que no se comprometa el abastecimiento interno al momento del otorgamiento, si la legislación de las partes así lo requiere”. Aquí recuerdan también que los principios del Protocolo hacen recaer en las empresas privadas la responsabilidad de adoptar todas las medidas e inversiones necesarias para asegurar el abastecimiento interno como las exportaciones.

En tono conciliador, Sánchez Castellón ratificó ayer que su gobierno no recurrirá por ahora a los tribunales arbitrales internacionales, tal como viene pidiendo al presidente Ricardo Lagos la derecha opositora chilena. Lo mismo había dicho el vicepresidente, José Miguel Insulza.

El funcionario informó además que el Grupo estudia el tratamiento de las “restricciones de gas” y la “normalización del mercado”, mecanismos de información anticipada, entre las autoridades de Energía de ambos países y entre las empresas.