ALBERTO FERNÁNDEZ PROMETIÓ NO SER "ABUSIVO" AL USAR LOS SUPERPODERES

El jefe de Gabinete prometió ayer que no será “abusivo” en el uso de las facultades especiales que el Congreso le concedió para manejar el Presupuesto público. Esa fue la palabra que eligió Alberto Fernández en la Cámara de Diputados para defenderse de las críticas de la oposición por el manejo de los llamados superpoderes.

En su segundo informe del año ante los diputados, el funcionario señaló: “Desde el 2000 para acá, el promedio de alteración (de partidas) oscila en el 1,4 por ciento del Presupuesto”. Y agregó que “no se hizo un uso abusivo porque los controles existen y permanecen. Nosotros —agregó— somos controlados por la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y también por todos ustedes”.

Y subrayó, para cerrar la cuestión: “Por eso es que nadie puede hacer algo exorbitante con esta facultad, que lejos de ser un problema que afecte la calidad institucional, sincera las normas”.

Desde principios de agosto el jefe de Gabinete puede reasignar partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, tras los cambios que se introdujeron por impulso del Poder Ejecutivo a leyes que lo impedían.

Fernández sostuvo que esa era una facultad “necesaria” para gobernar, que también habían tenido otros gobiernos.

Fue ayer, en su discurso de cierre de una sesión de cuatro horas en la cual Fernández fue centro de la escena. Sobre todo cuando en el tramo final de su mensaje de apertura dio datos optimistas sobre la gestión del Gobierno y criticó de paso al radicalismo.

Este fue el pie que necesitaba el presidente de la bancada radical, Fernando Chironi, quien “lamentó” la falta de autocrítica del presidente Néstor Kirchner, al cuestionar la intromisión del gobierno en la vida del centenario partido. Y recordó los públicos apoyos al entonces presidente Carlos Menem y al Pacto de Olivos, en 1993, además de sus presiones para la privatización de YPF un año antes.

No fue tanto la alusión de Fernández sino expresiones de Kirchner que Chironi acababa de escuchar por radio, según las cuales el radicalismo que deliberó en Rosario “es una pieza de museo” (ver página 8).

La diputada murphista Nora Ginzburg, penalista, fue la única que centralizó su intervención en la inseguridad. Remarcó que “es una cuestión de los pobres y no de los ricos”, con una referencia específica a las cárceles como “depósitos” de seres humanos. “El Gobierno está trabajando en ese tema”, se limitó a responder después Fernández.

El jefe de Gabinete llegó al recinto a las 12.35, acompañado por los subsecretarios Julio Vitobello, Claudio Ferreño y Juan Pezoa. Dos minutos después comenzó su discurso, intentando dar una respuesta global a las más de 500 preguntas que le habían hecho llegar por escrito los legisladores. Escucho a todos los oradores y cerró su intervención tras las palabras en su apoyo del jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi.

Debería repetir el informe a fin de octubre a Diputados. Quizás para entonces —si los legisladores cumplen lo prometido— la de ayer se transforme en la última sesión realizada en esa Cámara con la lógica de los discursos ajenos entre sí. La necesidad de cambiar la forma de trabajo la planteó el arista Eduardo Macaluse cuando reclamó que la próxima reunión se concentre sobre dos o tres grandes temas, con preguntas y repreguntas. Luego fustigó al Gobierno por subsidiar a las grandes empresas y lanzó otras criticas que no generaron reacción. Tras esto, la bancada del ARI se fue. La líder del partido, Elisa Carrió, ni siquiera se tomó la molestia de concurrir.

Algo parecido hizo Mauricio Macri (Compromiso para el Cambio) que llegó al final. Antes, molesto “por la total inutilidad del mecanismo”, se había retirado el presidente de la bancada macrista, Jorge Vanossi.

La Cámara deberá ahora reglamentar otra forma para estos informes del jefe de Gabinete, impuestos por la Constitución pero nunca rigurosamente cumplidos en el calendario.

Desde su implementación tras la reforma constitucional de 1994, el sistema ha sido el mismo. Las sesiones nunca se constituyeron en jornadas de interacción gubernamental (tampoco en el Senado) sino, en el mejor de los casos, de discusión política.

Y a veces ni siquiera esto.