ALERTA POR LOS FONDOS COPARTICIPABLES

Entre los intendentes y jefes comunales de Santa Fe se instaló una nueva preocupación: otra posible merma de los fondos coparticipables. Es que la ley 26.075 de financiamiento educativo –en vigencia a partir de este año– prevé que las provincias afecten parte de esos recursos nacionales con el fin de que el presupuesto global del área se incremente en forma progresiva hasta llegar al 6 por ciento del PBI en 2010. A partir de la puesta en marcha de esta ley, desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario temen que el “noble fin” de sumar aportes para ampliar escuelas, mejorar sueldos docentes y combatir el analfabetismo recaiga sobre las arcas locales, que por mandato constitucional están exentas de esa responsabilidad. Si bien todavía no se hicieron efectivos los descuentos, el alerta surgió porque en las planillas de transferencias diarias del Ministerio de Economía de la Nación correspondientes al mes de agosto ya se detallan los montos afectados.

La ley de financiamiento –sancionada en diciembre de 2005 y reglamentada en abril de este año– establece que el gasto consolidado en educación del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementará progresivamente en los próximos cinco años. Para 2006 se prevé una meta del 4,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) –el año pasado fue del 4 por ciento– hasta llegar al 6 por ciento para 2010. Con el fin de que las provincias cumplan con esa mayor inversión en el área educativa, la norma establece una “afectación específica” con una porción de los fondos coparticipables.

Según el artículo 7º, “será objeto de tal afectación el incremento, respecto del año 2005, de los recursos anuales coparticipables correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En tanto, los gobiernos provinciales deberán “participar en un 60 por ciento en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual”, mientras que la Nación aportará el 40 por ciento restante.

De acuerdo a estimaciones realizadas por el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, Carlos Fernández, para 2006, el decreto reglamentario determina que el monto máximo del fondo de asignación específica que deberán afectar las provincias es de 957 millones, importe de masa coparticipable que se calcula a partir de “una fórmula compleja” en base a matrículas, ruralidad, población no escolarizada, entre otras variables. De ese total a Santa Fe le corresponde un aporte del 7,18 por ciento, es decir más de 68 millones que deberá afectar al fondo.

Si bien esos montos estimados no constituyen una suma abrumadora –si se tiene en cuenta que el presupuesto local aprobado para este año es de 576 millones– la disminución cercena aún más los ingresos y, además, dificulta la autonomía política de la localidades del interior provincial. “Desde los pactos fiscales de 1993 hasta la fecha a Rosario le sacaron 100 millones de pesos”, recordó el funcionario al referirse a un recurso administrativo que presentó el municipio en relación a desavenencias con el gobierno provincial con respecto a esos fondos.

“Confiamos en la buena voluntad del gobierno provincial, para que recapacite y no nos imponga una nueva merma a los recursos coparticipables”, aspira el secretario de Hacienda local. En términos netos, la “afectación específica” para cumplir con la ley implicaría una poda de tres millones para Rosario en 2006 y ocho para el conjunto de municipios y comunas en el mismo período, cifras que luego sufrirían variaciones de acuerdo al comportamiento del PBI.

“Con esta norma, las provincias y la ciudad de Buenos Aires pierden la posibilidad de disponer libremente de una parte de los recursos que coparticipa la Nación”, señaló Fernández, para luego advertir: “Por otra parte, una incorrecta interpretación de la ley por parte de las provincias reduciría la masa de recursos de coparticipación federal que deben transferir a los municipios”.

MÁS RESPONSABILIDAD

La ley de financiamiento educativo remarca como objetivos “garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y sociocultural del país”. Para los funcionarios ese es “un noble fin” aunque señalan que esa no es responsabilidad de los municipios.

En esa línea recordó que Rosario y el resto de las localidades santafesinas aportan al Fondo de Asistencia Educativa (FAE). “La provincia se desentiende en el área Salud y tampoco está aportando mucho en la Seguridad. En el futuro, ¿los municipios también tendrán que hacerse cargo de las escuelas?”, interpelaba el secretario de Hacienda.

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS JEFES COMUNALES

El miércoles pasado, el intendente de Santa Fe, Martín Balbarrey, asumió como presidente de la Federación Santafesina de Municipios y Comunas, en un acto que se llevó a cabo en la capital provincial. Si bien el tema de la ley de financiamiento educativo no formó parte de la agenda oficial, los intendentes y jefes comunales presentes manifestaron su preocupación ante una posible merma de los recursos coparticipables e, inclusive, plantearon pedir una audiencia al Ministro de Hacienda de la provincia, Walter Agosto, para intentar “frenar” el recorte.

El intendente de Reconquista, Hugo Morzán, también se hizo eco de la inquietud que provocó la novedad en el conjunto de mandatarios locales ya que, a partir del 1º de agosto, se enteraron de que en las transferencias diarias que emite el Ministerio de Economía de la Nación se detallan los fondos afectados, previstos para el cumplimiento de la norma. “Si bien es loable el hecho de incrementar el presupuesto para educación, a todos nos preocupa que se disminuyan recursos hacia el interior, porque en los municipios hacemos bastante más que encargarnos del alumbrado, y de barrer las calles. Por ejemplo, ya aportamos al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y muchos podrían verse perjudicados al tener sus presupuestos comprometidos”, dijo Morzán.