ALERTÓ LA ANSES POR EL USO QUE SE LE DARÁ A LOS DATOS ROBADOS

“Lo más grave es la manipulación” que se pueda hacer de los datos, dijo Massa en declaraciones a Radio Mitre. La investigación judicial, que se había iniciado por una denuncia del director de la Anses y del fiscal Guillermo Marijuán, fue revelada ayer por LA NACION.

“Se podrían usar para una política comercial direccionada. Se puede, por ejemplo, armar con fines comerciales un listado de correo electrónico con todas las mujeres con dos hijos que ganan más de 1000 pesos”, evaluó Massa en diálogo con LA NACION.

Según la denuncia que investiga la Justicia, dos funcionarios de la Anses, Manuel Prieto y Gustavo Xamena, transmitieron en forma ilegal a una empresa privada una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes sociales.

La protección de datos personales tiene rango constitucional y está prevista en la ley de hábeas data, aprobada en noviembre de 2000.

La compañía involucrada, con sede en la ciudad de Córdoba, se llama P&P Datos y se dedica a la evaluación de riesgo crediticio.

Con la sospecha de que se violó el artículo 157 bis del Código Penal -un delito excarcelable que castiga al funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos”-, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como imputados a Prieto (ex gerente de Control de la Anses), Xamena (ex gerente de Detección y actual gerente de Control Prestacional) y al presidente de P&P, Diego Pizarro. Este negó ayer todas las acusaciones en su contra (de lo que se informa por separado).

La ronda de indagatorias comenzará hoy, con la declaración de Xamena; seguirá mañana, con la de Pizarro, y finalizará el 20 del mes próximo, con la de Prieto.

Consultado por LA NACION, Massa dijo que sólo a partir de un procesamiento se puede encarar una decisión más drástica respecto de los funcionarios investigados. Pero afirmó que se habían tomado los recaudos para que un hecho como el investigado no se repitiera. “Por una cuestión preventiva hicimos los correspondientes cambios de clave y tomamos recaudos de lo que se conoce como «firewall», que son los mecanismos que se utilizan para bloquear el acceso a determinados sectores de datos”, dijo.

La causa judicial se inició a comienzos del año pasado por una denuncia de Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). El fiscal comenzó a investigar a raíz de una presentación del propio Massa, que se enteró de la maniobra por medio de un mensaje de correo electrónico anónimo.

El mensaje, que provenía de una casilla denominada ”
[email protected]”, detallaba que Prieto había pedido al área de informática de su gerencia una copia de la base de datos del Padrón de Afiliados a Obras Sociales.

El autor del mensaje de correo, luego identificado como Lautaro Palamidessi (empleado del sector de informática de la Gerencia de Control), afirmó ante la Justicia que el 12 de noviembre de 2004 había recibido un mensaje de correo electrónico de una secretaria de Prieto, en el que se le pedían instrucciones sobre cómo manejar la base de datos.

Lo que llamó la atención de Palamidessi fue que en la parte inferior del e-mail figuraba un mensaje previo que incluía las mismas preguntas que le hacía la secretaria de Prieto y que provenía de la empresa P&P.