ALICIA KIRCHNER QUIERE 100 MILLONES PARA DESARROLLO

El Senado aprobaría esta tarde un proyecto, redactado por Alicia Kirchner, que asigna un fondo de 100 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social para que los distribuya entre instituciones que se dediquen, a su vez, a dar microcréditos a personas de bajos recursos.

La iniciativa —que después debería pasar por Diputados— dice que el objetivo es la promoción del microcrédito para “estimular el desarrollo integral de personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social”. Y que el Gobierno “está interesado en acompañar y fortalecer a las instituciones que ya trabajan en este tema”.

Es decir que los fondos, que pueden ser préstamos a tasa reducida o recursos no reintegrables, no se darán directamente a la gente de bajos recursos, sino que servirán para capitalizar a instituciones intermediarias que a su vez los presten a la gente.

Esas instituciones podrán ser fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, mutuales, comunidades indígenas y organizaciones gubernamentales.

Los destinatarios finales serán “personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo”. Y los microcréditos se definen como “préstamos destinados a financiar emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda la suma de 12 salarios mínimo, vital y móvil”.

En los fundamentos se recuerda la experiencia en varios países, donde estos préstamos pequeños y no convencionales tienen un recupero mayor al 90 por ciento. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), existen unas 7.000 instituciones en el mundo dedicadas a las microfinanzas, que asisten a unos 20 millones de personas. La iniciativa recuerda que en los 90 “muchísimas familias se encontraron en situación de vulnerabilidad, al tiempo que el Estado se desatendía de su rol promotor”.

El proyecto crea una “Programa de promoción del microcrédito” en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social, una “Comisión Nacional de Coordinación” —a cargo de un funcionario puesto por el Gobierno con sueldo de subsecretario— y un “comité asesor” con cargos ad honorem.

Ayer, en la Comisión de Presupuesto, se opusieron tibiamente la radical Miriam Curletti (dijo que debería haber “mayor control en la distribución de los fondos”) y el peronista salteño Marcelo López Arias, quien coincidió en pedir más “federalización” porque las provincias no participan en esta estructura y “los fondos nunca llegan hasta allá”.