ALLANARON PUENTES DEL LITORAL

La Justicia federal allanó ayer las oficinas de Puentes del Litoral SA , la concesionaria del complejo vial Rosario-Victoria, en busca de documentación y pruebas ante la sospecha de que pudieron cometerse infracciones a la ley penal tributaria. La intervención judicial se debió a la negativa de la empresa a permitir que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) delegación Rosario inspeccionara documentación de los años 2000 y 2001, cuando el puente aún no estaba habilitado. La orden de allanamiento se habría originado según versiones en el juzgado penal económico número 2 de Capital Federal, a cargo de Julio Cruciani.

Lo cierto es que el exhorto llegó al juzgado rosarino a cargo de Omar Digerónimo, para que disponga las medidas de aseguramiento de pruebas.

En la mañana de ayer una comisión de la Policía Federal acompañada de personal de Afip requisó las oficinas ubicadas en la zona norte de la ciudad, al pie del puente. El Ciudadano pudo saber que la causa se originó a partir de un problema de competencia: la Afip Rosario hace tiempo que pretende inspeccionar documentación de la concesionaria pero ésta desconocía su jurisdicción y negaba los archivos con la excusa de que los controles los ejerce la Afip Buenos Aires.

En ese marco y ante las nuevas leyes de procedimientos de la Afip, los funcionarios de Rosario se presentaron ante la Justicia federal para reclamar que se obligue en forma compulsiva a Puentes del Litoral a entregar la documentación.

Fuentes de alto nivel informaron desde Buenos Aires que no es un problema de subfacturación actual lo que está persiguiendo la Afip sino que quiere revisar documentación de los años 2000 y 2001, cuando el puente estaba en construcción y por lo tanto no había ingresos por cobro de peajes. Durante la etapa de construcción del puente la concesionaria recibió subsidios estatales por más de 300 millones de dólares.

Desde la gerencia de la empresa rápidamente se salió a desmentir esa posibilidad: “Tenemos todos los papeles en regla y jamás se produjo un engaño con respecto a la cantidad de vehículos que transitan por el puente”, se dijo. Y se trató de reforzar la posición dando a conocer algunas cifras del tránsito del puente Rosario-Victoria. La gerencia informó que por día pasan 3.514 vehículos, la cual es “una cifra que ha venido creciendo desde la habilitación”.

Si bien la gestión de Puentes del Litoral en la construcción y concesión del complejo vial Rosario-Victoria arrancó bien porque la obra marchaba a ritmo acelerado, luego ese prestigio que se había ganado empezó a deteriorarse.

El primer inconveniente surgió cuando el Estado terminó de desembolsar los subsidios de obra y la empresa tenía que poner el resto del dinero de su bolsillo, tal cual lo estipulaba el contrato. Las demoras terminaron paralizando la construcción en su etapa final y el Estado nacional debió socorrer a la concesionaria prestándole los 53 millones de pesos que faltaban.

Luego, los problemas se evidenciaron en torno a la calidad de la obra. A los seis meses de habilitado el tránsito, la capa asfáltica se deterioró en forma notable al punto que el gobierno nacional debió obligarla a repavimentar nuevamente los 59 kilómetros de extensión.
Y ahora, una nueva mancha: la Justicia federal la investiga por una posible evasión impositiva en base a la ley penal tributaria, una severa norma aprobada pocos años atrás que incluye la pena de prisión en casos en los que se comprueben ciertos delitos.