ALUVIÓN DE SENTENCIAS DE REMATES DE VIVIENDAS

Tras la feria de enero, hoy el Poder Judicial de Santa Fe retoma sus actividades con normalidad. Con ello el temor de alrededor de 120 mil familias santafesinas de perder sus hogares de la mano de un aluvión de sentencias que estaban a punto de ser emitidas en diciembre, ya que a criterio de muchos jueces la ley que suspendió los remates por 180 días, expiró a fines del 2004. Para los integrantes de la Asociación en Defensa de la Vivienda Unica (Adevu) el plazo recién vencerá a mediados de marzo ya que la norma -promulgada por el gobernador Jorge Obeid el 18 de junio último- hacía alusión a jornadas hábiles y no días corridos. Por esa razón solicitarán a diputados y senadores que busquen una solución jurídica para al menos los dos casos más acuciantes: personas desocupadas o que acrediten no haber tenido empleo recientemente y familias cuyo jefe sea un adulto en edad avanzada.

En diálogo con Rosario/12, Marcelo Bonini, titular de Adevu, aclaró que la ambigua situación legal planteada por la dispar interpretación de la normativa en cuestión “comenzó en diciembre pasado cuando muchos jueces avalaron los remates. Esto continuó parcialmente en enero y seguramente con el final de la feria se va a acentuar la tendencia”.

La Ley 12.284 suspendió por ciento ochenta días -a partir de la promulgación de la norma que el gobernador Obeid efectuó el 18 de junio pasado- los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución de una hipoteca que no habían sido admitidos hasta esa fecha en el fideicomiso de la Ley nacional Nº 25.798.

La vivienda hipotecada debía cumplir con los determinados requisitos:
que recaiga sobre una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que el importe de origen del crédito hipotecario no exceda la suma de 100 mil pesos y que la vivienda sea habitada por el deudor, lo que debía justificar mediante declaración jurada.

Luego, el 23 de julio se publicó en el Boletín Oficial una ley complementaria (12.300) a través de la cual la provincia de Santa Fe adhirió al Sistema de Refinanciación Hipotecaria. Se suspendieron por ciento ochenta días la ejecución de las sentencias recaídas en los juicios por ejecución de hipoteca que tuvieran la garantía de mutuo elegible contemplado en la norma nacional antes mencionada.

Finalmente el 22 de setiembre último, se promulgó la Ley 12.334 que suspendió con carácter de excepción hasta la fecha establecida en
la Ley 12.284, “las subastas que tengan por objeto la ejecución de viviendas únicas, que no hayan sido alcanzadas” por otras leyes.

El propietario del inmueble objeto de la subasta debía cumplir con los algunos requisitos: que sea la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor y su familia y que el importe original de la deuda no exceda los 60 mil pesos. El deudor estaba obligado además a presentar al Juzgado correspondiente, dentro de los treinta días de la promulgación de la norma, un plan de pago de la deuda que motivaba la ejecución suspendida. Quedaron exceptuados de aquella normativa los créditos de naturaleza alimentaria, los laborales y los derivados por la comisión de delitos o cuasidelitos.

Algunos magistrados (por caso el juez Jorge Brusch) entendieron que los 180 días aludidos en la norma eran corridos y no hábiles. Por esa razón comenzaron a emitir sentencia de remate en diciembre, seis meses después de la promulgación de la ley. En el interín la organización que lidera Bonini planteó a la justicia que suspenda las subastas a ancianos y a desocupados, criterio aceptado por la jueza María Serra. El planteo será elevado a la Legislatura para que los diputados y senadores le otorguen fuerza de ley y así proteger a los sectores más vulnerables.

En total, en Santa Fe Adevu calcula que hay 120 mil casos de remates pendientes de sentencia por deudas de distinta índole, contraída con bancos, actores privados, por adeudar impuestos o quiebras.