ÁLVAREZ DEBERÁ RESPONDER ANTE LA JUSTICIA SOBRE SUS RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA HÍDRICA

Desde hace algunas horas circula en varias dependencias del municipio santafesino un oficio del Juzgado de Instrucción de la 7º Nominación, a cargo del Dr. Diego De La Torre, a través del cual se requieren una serie de respuestas, a veinte preguntas que tienen que ver con la responsabilidad del gobierno provincial y municipal, durante las inundaciones.

Dos de los puntos más importantes son el 10 y el 11, relacionados con la tarea de Marcelo Álvarez en las primeras horas del 29 de abril, cuando las aguas del Salado ingresaron con una fuerza brutal a la ciudad.

El punto 10 dice: “Se solicita saber con que información contaba y quien se la suministraba para efectuar los comentarios que realizó en los medios de comunicación antes de la inundación y en los primeros momentos de la emergencia hídrica”.

Se refiere, obviamente, a los dichos del intendente desde los micrófonos de LT10, cuando aseguró que algunos barrios del cordón oeste de la ciudad no se iban a ver afectados por el desborde del Salado; los mismos barrios que apenas horas después fueron arrasados por el agua.

Sobre este tema, el Intendente fue consultado en reiteradas oportunidades por los medios de prensa, y si bien nunca contestó, dejó algunas frases que apuntaban a una suerte de “confabulación” en su contra.

Por su parte, el punto 11 pregunta si el intendente “fue advertido de algún modo en relación a eventuales acontecimientos que pudieran acaecer en relación a la crecida del Río Salado”.

El oficio también requiere respuestas sobre los datos con los que se contaban antes de las inundaciones; si había precisiones sobre la magnitud de la crecida, el caudal que iba a tener y si se contaba con un plan de evacuación para este tipo de situaciones.

Álvarez prestaría declaración testimonial entre el 5 y 6 de noviembre.

El testimonio del Intendente será parte de la causa que inició Chavela Zanutigh, representando al Sindicato de Amas de Casa, el 5 de mayo. La primera denuncia penal contra el accionar del gobierno en esos días.

La misma acusa a los gobiernos de “Omisión de los deberes de funcionario público y abandono de personas” y los responsabiliza por “el daño moral y patrimonial que ha dejado sumida a la mitad de la población de la ciudad , en la angustia, la pobreza y la desesperación”.-