AMENAZAN DE MUERTE A UNA FUNCIONARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

La secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad, Clara García, fue amenazada de muerte ayer. La funcionaria recibió en en su despacho una carta enviada por Correo Argentino en la que se le decía que si no daban marcha atrás con el proyecto del Ejecutivo para que los taxis se asocien a un servicio de radiollamado su vida estaba en peligro. El texto fue presentado ayer por las autoridades de Jurídicas en la Fiscalía de Estado de los Tribunales provinciales. “La verdad es que esto es increíble, porque con la mayoría, la inmensa mayoría de los taxistas tenemos un canal de diálogo y no son violentos”, dijo ayer la funcionaria.

Lo cierto es que en la misiva se le advierte a García que conocen sus horarios, sus movimientos y hasta su domicilio particular, y directamente le avisan que quieren terminar con su vida. La carta está escrita con un ordenador, en su mayoría utilizando tinta negra y un final en rojo, mientras que el sobre fue escrito a mano en letras grandes de imprenta.

García reveló que ya desde la semana pasada algunos miembros del sector le habían advertido que “había cierto movimiento”, entre algunos tacheros. “No le di demasiada importancia, pero bueno, la verdad es que estas cosas descolocan porque insisto, los taxistas no son violentos, más allá de que en los últimos días se vieron situaciones violentas. Yo hago un llamado el conjunto de los taxistas para que no se sumen a esta escalada, y para que los violentos queden afuera”, recalcó la funcionaria.

Lo cierto es que el mensaje del Ejecutivo para otorgar el aumento de tarifa que ayer entró en vigencia incluye una serie de requisitos para ese servicio público, como la obligatoriedad de pertenecer a un radiollamado, la extensión horaria por auto a 16 horas por jornada y la implementación de la figura del mandatario que permite contratar choferes de modo temporario.

El debate en el Concejo Municipal produjo situaciones de violencia entre grupos de tacheros que insultaron y forcejearon con ediles y también con periodistas que cubrieron la noticia. Además, hubo lock out patronal que intentó que se diera marcha atrás con la ordenanza votada.