AMENAZARON POR TELÉFONO A UNA DE LAS IMPULSORAS DE LA CAUSA FECED

En una nueva derivación de la escalada de actos intimidatorios en perjuicio de militantes de derechos humanos en Rosario, en las primeras horas de la tarde de ayer, Alicia Lesgart, militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares) y una de las principales impulsoras de la causa Feced, recibió en su domicilio una amenaza telefónica anónima. Una voz masculina pidió hablar con Lesgart y, después de identificarse como perteneciente a la “Agrupación Feced-Pérez Blanco”, la amenazó para que se apartara de la actividad que está desarrollando su organización.

Precisamente, Lesgart había participado en horas de la mañana de la reunión que se realizó en la sede local de la Gobernación, en el edificio de la ex Jefatura de Policía, entre el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, y la familia del militante de Hijos Eduardo Tonioli (ver aparte).

El encuentro en la ex Jefatura -del que también participaron abogados del Equipo Jurídico de Derechos Humanos- fue convocado por el titular de la cartera política santafesina para analizar la situación derivada del atentado al local comercial de Tonioli, un cibercafé ubicado en la zona del microcentro cuyas vidrieras fueron totalmente destruidas en la madrugada del jueves pasado utilizando como proyectiles trozos de una placa de homenaje a detenidos-desaparecidos sustraída del Bosque de la Memoria dos meses atrás, en un confuso episodio aún no esclarecido.

Esa misma tarde del jueves último, en el lugar que ocupaba la placa había sido fijada una plancha de madera con leyendas injuriantes para los organismos y abogados defensores de los derechos humanos, conteniendo también una velada ironía respecto de uno de los últimos discursos del presidente Néstor Kirchner, en el cual aludía a los argentinos como “hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”.

Justamente, el expediente judicial cuya carátula lleva el nombre de quien fuera jefe de la Unidad Regional II de Policía durante la dictadura procesista (1976-1983), el hoy fallecido comandante de Gendarmería Agustín Feced (considerado un paradigma de lo que fue el terrorismo de Estado en el marco del Segundo Cuerpo de Ejército) fue reabierto recientemente por disposición del juez federal de Rosario Omar Digerónimo, luego de declarar en un fallo histórico la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.

Tonioli, el militante de Hijos amenazado, es uno de los querellantes -junto a su madre, la diputada nacional Alicia Gutiérrez (ARI), y Cecilia Nazábal de Dussex- en la causa de la Quinta de Funes, que investiga un episodio en el que desaparecieron casi veinte militantes montoneros y que está incluida en el expediente madre que lleva por nombre el del polémico ex mandamás de la Policía rosarina durante el Proceso.

La llamada
Lesgart milita en Familiares desde su fundación, y colaboró activamente en 1984 en la comisión jurídica coordinada por la abogada Delia Rodríguez Araya, responsable del informe que dio posteriormente origen a la causa Feced.

Lesgart relató a La Capital que “aproximadamente a las 14.45, mientras estaba viendo la entrevista que se le hacía a Carranza en «Plan A» y me estaba por ir a trabajar, se produce la llamada, en la que una voz masculina pide hablar conmigo. Yo atiendo, y me dice textualmente: «Habla la Agrupación Feced-Pérez Blanco; dejate de romper las bolas. Saludos a (la abogada Matilde) Bruera, Tonioli, Gutiérrez y a todos los hijos de putas», refiriéndose evidentemente a los hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”.

Lesgart precisó que Pérez Blanco “es el principal responsable de la patota vinculada a (el agente de inteligencia de la Policía provincial) Walter Pagano y al robo de Tribunales, en octubre de 1984, en donde secuestraron numerosa documentación sobre la represión en Rosario”.

Reunión en la ex Jefatura
A su turno, consultado por La Capital, Tonioli relató que durante la reunión con Carranza “se le realizó al ministro un planteo político más general sobre la necesidad de que el gobierno brinde un apoyo más activo a los juicios que se están reabriendo sobre el terrorismo de Estado procesista en la región, garantizando en primer lugar la seguridad para los querellantes, los abogados patrocinantes y, sobre todo, para todos aquellos testigos que sean convocados o quieran presentarse para aportar datos que esclarezcan estos hechos”.

Tonioli recordó que “se le pidió al ministro la apertura de todos los archivos policiales que datan de la época de la dictadura (libros de guardia, registro de detenidos, etcétera)”.

El dirigente de Hijos también aseguró que “se le reclamó a Carranza la depuración de los miembros de la policía que hayan tenido participación con los hechos investigados, así como un listado de todos los agentes de seguridad de la provincia para cruzar ese dato con la nómina de todos los efectivos que aparecen imputados dentro de la causa Feced”.

Tonioli no dejó pasar la oportunidad para afirmar que está totalmente confirmada la realización -mañana- de una marcha, con concentración a las 18 en la plaza Pringles, para repudiar la ola de amenazas y reclamar a la Justicia el esclarecimiento de las distintas causas y el castigo a los culpables.

Finalmente, ratificó que su familia será recibida en Capital Federal, posiblemente pasado mañana, por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.