AMIA: AHORA RIBELLI PIDE LA DETENCIÓN DE MENEM Y DE GALEANO

El ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, absuelto en el juicio por el atentado a la AMIA, pidió ayer la detención del ex presidente Carlos Menem, varios de sus ex funcionarios, el ex juez de la causa y sus investigadores.

El abogado del ex comisario, José Manuel Ubeira, formalizó el reclamo en un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, quien hoy se ocupa de investigar las irregularidades del caso AMIA. Pero el escrito no sólo cargó contra el ex juez (ya destituido) sino también contra el ex presidente Menem y todos los funcionarios, políticos y judiciales, que tuvieron responsabilidad directa en la investigación. Ellos son: el ex ministro del Interior Carlos Corach; el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; la actual abogada de la DAIA Marta Nercellas; además de dos ex agentes de la SIDE, el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios y el abogado Víctor Stinfale.

Ribelli acusa a todos ellos de formar parte de una asociación ilícita que, en su opinión, se habría dedicado a “encubrir el atentado” y “privar ilegalmente” la libertad” de él y el resto de los acusados. Apoyó sus argumentos en la resolución del juicio por la AMIA, del 2 de setiembre de 2004, cuando el Tribunal dio por probado que Ribelli y el resto de los acusados en la causa habían sido víctimas de un “armado” previsto y ejecutado para encontrar una falsa solución a la investigación más compleja y grave de la última década.

El punto de central de ese “armado”, según sostuvo el Tribunal del juicio, fue el pago de 400 mil dólares a uno de los acusados, Carlos Telleldín, para que acusara a Ribelli y otros policías de haber facilitado a los terroristas la camioneta Trafic que se usó como cochebomba. Cuando al final del juicio todos los acusados fueron absueltos, Telleldín llevaba más de diez años preso —desde un mes después del atentado— y Ribelli poco más de ocho años. El pago a Telleldín fue solicitado en su momento por el juez Galeano a la SIDE y ya le costó a Galeano su puesto. Fue ese el principal argumento que usó el Consejo de la Magistratura para destituirlo, hace ya un año.

La denuncia de Ribelli recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien heredó de su colega Claudio Bonadio la causa donde se investigan todas las irregularidades de la investigación del atentado. El cambio de juez explicaría la demora de Ribelli en hacer este planteo, ya que el ex comisario venía reclamando que Bonadio, amigo de Galeano y de Corach, fuera apartado del caso.

Pero el juez Ariel Lijo también fue cuestionado, en diciembre, por la Unidad de Investigación del atentado que funciona en el ministerio de Justicia. Según Alejandro Rúa, titular de esa Unidad, Lijo debió haberse apartado de la causa ya que en junio de 1995 trabajaba como secretario de la camarista Luisa Riva Aramayo, la primera funcionaria que empezó a negociar con Telleldín su declaración en contra de Ribelli. Ariel Lijo es uno de los jueces federales que llegó a su cargo durante el actual Gobierno.