AMIA: EL CONSEJO PREVÉ SALVAR A BONADÍO

A fines de 2005, la Cámara Federal -integrada por conjueces- separó al juez federal Bonadío del expediente que investiga si la Justicia participó del encubrimiento del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994. Le reprochó falta de imparcialidad y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

El jueves próximo, el plenario del Consejo tratará estas y otras denuncias contra Bonadío y, si aprueba el dictamen de mayoría, pondrá fin a la investigación contra el magistrado.

La propuesta para desestimar los cargos fue aprobada el 26 de febrero último por amplia mayoría en la Comisión de Disciplina del Consejo. El miembro informante fue el senador Miguel Angel Pichetto (PJ), que recomendó la absolución. Ayer, dijo a LA NACION: “De una investigación profunda resultó que no hay elemento alguno para acusar al magistrado y así lo ratificó la Comisión de Disciplina”.

Sin embargo, hay una minoría que ofrecerá resistencia. La consejera y diputada Marcela Rodríguez (ARI) denunció ayer que el Consejo “consolidará la impunidad en la investigación del atentado a la AMIA” si cierra la investigación contra Bonadío.

En los últimos tiempos, el juez no recibió más que buenas noticias del Consejo. En octubre, el plenario resolvió que las denuncias en su contra continuarían en la Comisión de Disciplina, encargada de sancionar faltas menores, y que no pasarían a la Comisión de Acusación, donde se inician los procesos de destitución. Cuatro meses más tarde, la Comisión de Disciplina recomendó desestimar los cargos en su contra.

Pasado mañana, los consejeros decidirán la suerte de Bonadío. Y deberán resolver si dan por cerradas todas las acusaciones contra él vinculadas al tema AMIA o sólo las primeras. Hay una denuncia nueva por su desempeño en el caso que podría justificar la apertura de un expediente en la Comisión de Acusación, advirtió una autoridad del Consejo a LA NACION.

La investigación contra Bonadío comenzó en 2003, por iniciativa de la Cámara Federal. Retardo y denegación de justicia, son los principales cargos que se le imputan. Hoy, la causa por el presunto encubrimiento del atentado está a cargo del juez Ariel Lijo, que acaba de aceptar como querellante al Gobierno.