AMIA: EL FALLO ES LAPIDARIO CON EL GOBIERNO DE MENEM

El tribunal oral del caso Amia acusó a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem de haber actuado con “negliencia” y “falta de interés” en la investigación por el atentado terrorista a la mutual judía y apuntó con dureza contra el ex juez de la causa Juan José Galeano por haber realizado una “práctica clandestina de la instrucción”.

Al cumplir con el trámite formal de dar a conocer los fundamentos de la sentencia, el tribunal amplió las razones por las cuales hizo caer el andamiaje en que se basó la investigación de Galeano, que apuntaba a las responsabilidades de un grupo de policías bonaerenses, quienes recuperaron su libertad, al igual que el reducidor de autos robados Carlos Alberto Telleldín.

Los jueces pidieron que sean investigadas judicialmente las conductas del juez Galeano, la de sus pares Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo, como también la de los integrantes de la comisión parlamentaria bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Amia y la Embajada.
Ratificaron también los pedidos de investigación de los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, y la del ex titular de la Daia Rubén Beraja, quien actualmente se encuentra detenido.

El Tribunal Oral Federal número 3 (TOF 3) entregó copias en papel y formato digital de las 4.836 carillas que utilizó para fundamentar el fallo mediante el cual dispuso a principios de setiembre la absolución y libertad de los principales acusados de haber participado en el atentado a la Amia.
“El tribunal no puede dejar de señalar los grandes reparos que le merece la actuación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional (…), que más allá de las declamaciones públicas no colaboraron de modo eficiente”, afirmaron los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo.

Agrega en ese sentido que “a esa negligencia se sumó la desidia y falta de interés que algunos de los funcionarios exhibieron en conocer el estado de las investigaciones mientras que otros durante la instrucción apoyaron el irregular proceder del juez (Juan José) Galeano, tal el caso de Anzorreguy y Corach”. El tribunal se refirió así al ex jefe de la Side Hugo Anzorreguy y al ex ministro del Interior Carlos Corach, ambos funcionarios del gobierno de Menem (1989-1999).

En esta línea, los magistrados destacaron que si bien la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo declararon en el juicio “que el atentado era un motivo de permanente preocupación del gobierno nacional, lo cierto fue que desde su lugar de actuación no delinearon políticas concretas tendientes a cooperar de un modo eficaz y transparente”.

A lo que los jueces llamaron “falta de compromiso en la búsqueda de la verdad” luego enumeraron las “claras evidencias del rol desplegado” por Corach “en la ilegal negociación tendiente a lograr que Telleldín a cambio de dinero prestara declaración en la causa”. Se trata del episodio que tuvo su origen el 5 de julio de 1996 cuando Telleldín acusó ante el juez a los policías bonaerenses de haber participado del atentado.

Durante el debate se probó que Anzorreguy proveyó los 400 mil dólares que se le entregaron a la esposa de Telleldín, Ana Boragni, por parte de un grupo de agentes de inteligencia comisionados a tal fin, horas antes de que el imputado cambiara rotundamente su versión de los hechos.
Para los jueces, a partir de este momento el expediente tomó “un curso tan intrincado como desconcertante” que culminó con la formación de la “causa Brigadas”, es decir la inclusión de la pista policial.

Luego de tres años de proceso y más de dos mil testigos, los jueces arribaron a la conclusión de que con respecto a los policías hubo por parte del juez una “oscura maniobra” y un “manejo arbitrario de imputaciones que se vislumbró en primer lugar en la atribución sin el mínimo respaldo probatorio de diferentes hechos ilícitos, incluso del atentado”.

Un reencuentro sin rejas de por medio

Quienes por años fueron señalados como partícipes necesarios del más cruento atentado terrorista que sufrió el país, la voladura de la Amia, se reencontraron ayer libres, junto a su familia, para recibir de manos de los jueces que los absolvieron las razones de ese veredicto.

Muy lejos de aquella imagen que lo retrató el 24 de setiembre de 2001 bajando esposado de un camión de Prefectura Naval, el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli llegó ayer a los tribunales de Retiro distendido, junto a su esposa Marcela Bouzón, y anunció que se dedicará a ejercer como abogado. Recibido en la cárcel hace un año, el otrora comisario y jefe de Sustracción de Automotores de la Bonaerense planea abrir un estudio jurídico en Capital y provincia de Buenos Aires.

Y entre sus planes inmediatos está “comenzar a reclamar judicialmente contra (Juan) Galeano, (Hugo) Anzorreguy, (Carlos) Corach, los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia”, explicó a la prensa tras recibir en persona los fundamentos de su absolución.

GALEANO SE QUEDA SIN ARGUMENTOS

Los fundamentos del veredicto de la causa Amia, si bien no inciden en el proceso abierto contra Galeano, desarticulan una de las estrategias de defensa del juez con la cual logró postergar en dos oportunidades la citación del Consejo de la Magistratura que debe evaluar su desempeño.

Desde que la Comisión de Acusación del Consejo activó el expediente contra el juez –la causa se inició en 2001–, Galeano consiguió sortear los requerimientos de ese cuerpo con planteos y recusaciones, sosteniendo un argumento recurrente: que el Tribunal Oral Federal 3 aún no había dado a conocer los fundamentos de su fallo.

Además, el hecho de que no fueron leídas las 4.000 carillas con las razones de los camaristas para anular la causa Amia, deja trunca la posibilidad de que ese trámite demorara varios días y que entonces Galeano pudiera volver a pedir otra prórroga.