AMMAR DENUNCIÓ A LA POLICÍA POR COIMAS Y AMENAZAS

Las representantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) denunciaron un recrudecimiento de la persecución policial contra trabajadoras sexuales en distintas zonas de Rosario. De acuerdo al registro que llevan las dirigentes, en el último mes se detectaron “aprietes y pedidos de coimas” en cercanías de la Terminal de Ómnibus, el Heca, el área céntrica, además de Wilde y Mendoza, donde hace unos días una mujer que participa activamente en la organización fue “golpeada, robada y amenazada” por efectivos de la subcomisaría 22ª luego de ser detenida. “Ya elevamos un informe ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante el ministro del Interior Aníbal Fernández, aunque no pensamos realizar la denuncia ante la Justicia porque no confiamos en ella”, señaló la secretaria general del gremio Elena Reynaga, en alusión “al crimen aún impune” de Sandra Cabrera.

“Decile a Sandra que se levante y te venga a sacar”, denunció la secretaria local de Ammar, Claudia Lucero, que le dijo un policía de esa seccional a una de sus compañeras, cuando ella le advirtió que “podía trabajar libremente”, gracias a la militancia de Cabrera, su antecesora al frente del gremio, asesinada el 27 enero de 2004. El 2 de mayo pasado a las 23.30, la mujer –cuya identidad no trascendió– fue detenida por la Patrulla Urbana en Wilde y Mendoza y luego trasladada a la seccional.
“Ella recuerda que la agarraron de los pelos y, cuando se despertó, estaba en la seccional en donde no sólo la amenazaron e intimidaron, también la golpearon, le robaron 30 pesos, le sacaron los zapatos y recién la largaron a las cinco de la mañana”, afirmó Lucero, quien apuntó que esa demora no fue consignada en el libro de guardia de la comisaría. De acuerdo al mismo testimonio, cuando se fue de la sub 22ª los policías le gritaron: “Tomátelas porque la sacaste barata”.

“Si bien es común que las molesten, hacía mucho que no vivíamos una situación como ésta, en la que existieron no sólo amenazas, sino agresiones físicas y pedidos de coimas”, dijo Lucero, quien aseguró que su compañera –activa participante de la organización sindical– “desde hace dos semanas está encerrada y tiene pánico de salir a trabajar”.
Según su relato, en la misma recorrida detectó otros casos, como el denunciado por una afiliada a Ammar que ejerce en la zona de la Terminal de Ómnibus, a quien “agentes del Comando Radioeléctrico le advirtieron que la llevarían detenida «por desacato»”. De acuerdo a la denuncia realizada por la organización, la mujer en cuestión “es una testigo en la causa de Sandra Cabrera”.

En la zona céntrica, las dirigentes de Ammar señalaron que últimamente “la policía persigue a las trabajadoras que se encuentran por calle San Juan, quienes a menudo deben refugiarse en los bares por temor a ser detenidas”. Las observaciones de las representantes también alcanzaron al área del Heca, donde “algunos policías solicitaron el pago de coimas para que las chicas pudieran trabajar tranquilas, una maniobra a la que ellas se negaron en forma rotunda, porque les advirtieron que se irían a quejar al sindicato, y que preferían ir presas antes de someterse a esas arbitrariedades”.

Durante una conferencia de prensa en la sede local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la secretaria general Reynaga no sólo fustigó a la policía, sino a la Justicia. “No pensamos hacer la denuncia porque ir a la Justicia no nos garantiza absolutamente nada”, señaló en referencia al homicidio de Cabrera, aún si resolver, y también a “los 32 asesinatos de las trabajadoras sexuales de Mar del Plata”. Por su parte, la dirigente reforzó su opinión en relación con la muerte de Sandra al advertir que “sólo detuvieron a un policía, quien entró por una puerta y salió por la otra”, en alusión al federal Diego Parvluczyk, único imputado en la causa y absuelto en primera instancia.

Para Reynaga, el recrudecimiento de la persecución a las trabajadoras que están en la calle se origina en la “impunidad” que existe. “Los policías pueden hacer cualquier cosa, que no serán penados, ni encarcelados, lo que favorece que siga «el viva la pepa». Pero el apriete sigue en la calle porque no nos quieren libres, sino metidas en un prostíbulo por donde pueden pasar a cobrar”, concluyó.

En el freezer

Ammar volvió a reclamar la derogación de los artículos del Código de Faltas que favorecen “aprietes y coimas” de parte de los uniformados. “Existen proyectos del ARI y del Partido Socialista que están parados en la Legislatura provincial y no sé qué están esperando los diputados y el gobernador Jorge Obeid, ¿que maten a otra de la chicas?”, fustigó Claudia Lucero, en clara alusión al crimen de Sandra Cabrera.
En la actualidad, en la Cámara baja provincial hay por lo menos dos proyectos que plantean la eliminación de los artículos 83 que refiere a la “ofensa al pudor”, el 87 que sanciona “la prostitución escandalosa” y el 93, que hace lo mismo con el “travestismo”, porque favorecen la persecución policial hacia las trabajadoras sexuales. En realidad, la primera iniciativa fue planteada por la propia Sandra Cabrera e impulsada por el entonces diputado socialista Eduardo Di Pollina, quien en octubre de 2001 ingresó el expediente en la Legislatura. Como el proyecto perdió estado parlamentario, la actual legisladora del mismo bloque, Lucrecia Aranda, presentó hace un año otra iniciativa para reemplazar a la caída por “falta de voluntad política”.

“Existe la preocupación acerca de un «vacío legal» y de cómo se van a regular, de ahora en más, estas actividades que todos suponen van a seguir existiendo. Pues bien, queremos recordar que el Código de Faltas no regula ni ordena la prostitución en la vía pública sino que la sanciona, con el fin de eliminarla, fin para el cual esta norma ha resultado claramente inútil”, remarcó Aranda.

Por su parte, apenas asumió como diputada del ARI, en los primeros meses de 2004, Verónica Benas arremetió con una nueva iniciativa. “Pero como ya perdió estado parlamentario tuve que iniciar un nuevo expediente. Y ahí están, tanto mi propuesta como la de Aranda «durmiendo el sueño de los justos»”, dijo la legisladora. El texto de ese proyecto incluye modificaciones al Código de Procedimientos, con el fin de terminar con el maltrato que sufren las trabajadoras sexuales.