ANALIZAN EL GASTO EN EL ÚLTIMO AÑO DE GESTIÓN DE REUTEMANN
El gobernador, Jorge Obeid, y los presidentes de ambas cámaras legislativas recibieron del Tribunal de Cuentas el informe sobre la cuenta de inversión 2003.
También formula requerimientos particularizados a la Dirección de Vivienda y Urbanismo, al aeropuerto internacional de Rosario, al Enress, y a Iapos. Además le recomienda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones que imponga celeridad a las tareas para optimizar un sistema de información contable a fin de “que constituya una herramienta válida para el control y la toma de decisiones”; formula una serie de conminaciones a la EPE. En igual sentido al Poder Judicial.
El extenso informe presentado por el Tribunal de Cuentas refiere al último año de gestión de Carlos Reutemann donde el 23,10% del gasto ejecutado correspondió al Ministerio de Educación.
El total del gasto de ese ejercicio fue $ 4.196.241.904,66. A Educación le siguieron en términos porcentuales el rubro obligaciones a cargo del Tesoro con el 13,68; Caja de Jubilaciones y Pensiones con el 13,57. Más abajo las carteras de Gobierno (8,41%); Salud y Medio Ambiente (6.91%); Hacienda y Finanzas (4,88%) y Promoción Comunitaria (4,63%).
Más atrás, el Iapos (4,62%); el servicio de la deuda (3,78%); Poder Judicial (2,45%); y Gobernación (2,45%). El resto de los organismos, incluido el Poder Legislativo, tienen menos del 2% del gasto siendo la cenicienta el Ente Zona Franca Santafesina con apenas el 0,01%.
Algunas observaciones
Los auditores fiscales analizan y advierten en 15 páginas del trabajo la ejecución presupuestaria en cada área del gobierno, y ese trabajo es la base del informe donde el órgano de control califica como “razonables” a las cifras expuestas en la cuenta.
El Ministerio de Salud es el área que se lleva varias observaciones especialmente por “la ausencia de reglamentación adecuada e implementación parcial de regímenes de descentralización que se reflejan en innumerables falencias observadas en los hospitales públicos descentralizados”. En dichos entes se advierte la dificultad en encuadrar su accionar a lo normado por la ley de Contabilidad. Recuerda el Tribunal que los contadores fiscales advirtieron en los hospitales transgresiones a normas legales y reglamentaciones vigentes sobre derivaciones de pacientes al sector privado, régimen de incompatibilidad, de honorarios profesionales y contratos de locaciones de servicios, y regímenes de compras y contrataciones “conceptos todos con la consecuente afectación presupuestaria ministerial”.
El Tribunal de Cuentas hace notar a Fiscalía de Estado “la escasa representatividad de lo efectivamente cobrado con relación al monto de las acreencias” de la ex Dipos, tarea a su cargo. A la Caja de Asistencia Social, Lotería, le señala que no cumplió la ley que le ordena comunicar a la Legislatura sus estados contables.
Los contadores observan que la Caja de Jubilaciones y Pensiones tiene implementado para sus registraciones contables diversos subsistemas informáticos los cuales no se complementan entre sí y le recalca la necesidad de realizar una auditoría técnica de los softwares. En cuanto al balance patrimonial de la Caja, ejercicio 2003, se aclara que el Poder Ejecutivo no ha procedido a su tratamiento.
Por último, sobre el Iapos se señala la ausencia de circuitos administrativos contables integrados e informatizados y baja confiabilidad en los sistemas de recaudación y de los controles posteriores.
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