ANALIZAN LA POSIBILIDAD DE TRABAR EL NUEVO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Frente al entramado judicial en que se encuentran los reclamos de inconstitucionalidad por la nueva ley que reformó la integración del Consejo de la Magistratura, los abogados optaron entonces por poner en análisis la posibilidad de trabar su puesta en práctica.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenas Aires, que preside Enrique Del Carril, decidió convocar a sus colegas de todo el país a “abstenerse en los próximos comicios que se convoquen para cubrir la vacante por matrícula federal en el Consejo”.

Intentan con esa medida “evitar intervenir en un sistema eleccionario de un régimen inconstitucional”, fustigaron en un comunicado contra la nueva ley.

El Consejo de la Magistratura es el cuerpo encargado de la designación y remoción de jueces. Con la reforma, cuya mayor objeción fue la reducción de los miembros de 20 a 13, se cuestionó que el oficialismo tendrá así poder de veto para decidir sobre el futuro de los magistrados.

La nueva norma, que se aprobó el 23 de febrero de este año y cuyos cambios entrarán en vigor en noviembre, fue una propuesta de la senadora y primera dama Cristina Fernández, y defendida fuertemente por el presidente Néstor Kirchner.

De hecho provocó la reacción instantánea de la mayoría de las organizaciones relacionadas a los temas judiciales, de los abogados, magistrados y políticos opositores.

El planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad será analizado a partir de mañana, en Tafí del Valle, Tucumán, en la junta nacional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que dirige Carlos Andreucci.

“Estaremos tratando ese tema en la reunión de mañana. Debemos definir la actitud institucional que adoptaremos frente a la idea de no concurrir al Consejo”, dijo Andreucci a LANACION.com.

Además, el colegio que preside Del Carril, que ya está en Tucumán para la reunión de la junta nacional, prevé también presentarse ante la Justicia “para obtener el reconocimiento de ilegitimidad” de la reforma, como ya lo han hecho otras organizaciones y abogados particulares.

Esos planteos están estancados en la Justicia. Sucede que los magistrados sobre los que recaen los pedidos de inconstitucionalidad se excusan de tratarlos por verse implicados en la reforma.

El lunes pasado, la Cámara de Apelaciones negó una medida cautelar promovida por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), que solicitaba se suspenda la puesta en función de la ley hasta que la Justicia se expida sobre el fondo del asunto.

Por el momento, la decisión judicial es que todas las presentaciones sean investigadas por una jueza, Clara Do Pico, a quien el Gobierno intentó desplazar mediante una contestación de demanda firmada por el abogado que contrataron para esa función, hermano de la magistrada. Pero la Cámara decidió que todas las causas las agrupe el juzgado de Do Pico, por lo que de a poco podrá empezar a resolverse la cuestión en el ámbito de los tribunales.