Analizaron protocolos de actuación en casos de abortos no punibles
Legisladores provinciales se reunieron con integrantes de organizaciones civiles y agrupaciones políticas para analizar la temática. “Desde el estado se debería garantizar este derecho para las mujeres”, sostuvo el diputado Leandro Busatto, uno de los convocantes del encuentro.La reunión fue convocada por los diputados provinciales Leandro Busatto y Mariana Robustelli, autores de dos proyectos de ley en la temática de abortos no punibles, que aún continúan el curso legislativo. También contó con la participación de la concejal de Rosario, Norma López, y la titular de INADI Santa Fe, Stella Vallejos.
Se trató de un encuentro multisectorial de organizaciones civiles y agrupaciones políticas, con el objetivo de intercambiar experiencias y desafíos, y poner en la agenda provincial la necesidad de que la objeción de conciencia y el protocolo de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) sean leyes provinciales y no se obstaculice el derecho de las mujeres santafesinas.
En el mes de abril, la Cámara de Diputados declaró su su beneplácito por la actualización de la Guía de Atención de los abortos no punibles comprendidos en la legislación nacional, que ahora se denomina “Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.
Dicho protocolo fue actualizado en base a la interpretación la Corte Suprema hizo en un fallo del artículo 86 del Código Penal. Según esta, la práctica es legal en casos de violación y afectación o riesgo para la salud o la vida de la mujer.
“Hemos convocado a organizaciones que abordan la temática de género y el aborto legal para trabajar en una agenda legislativa con algunas herramientas que desde lo institucional tiene que garantizar el derecho a la salud de las mujeres y, fundamentalmente, una situación que se torna arbitraria y en algún punto violatoria de sus derechos”, afirmó Busatto.
“Creemos que debería haber, por parte del Estado, la asistencia en la interrupción voluntaria del embarazo para que una mujer que esté encuadrada en los márgenes de los abortos no punibles tenga la posibilidad de realizarse en un efector público un aborto legal, gratuito y seguro”, agregó.
Por otra parte, en cuanto a los objetores de conciencia, señaló que “a medida que se avance institucionalmente con procesos legales que regulen estas situaciones hay menos margen para la discrecionalidad”.
“Creemos que desde los efectores públicos y privados siempre debe primar el resguardo de la salud con la garantía que el Estado debe brindar”, indicó el legislador.
“En este sentido, hay una agenda de temas al respecto que tienen que ver básicamente con garantizar desde el Estado estas herramientas”, finalizó.
Fuente: Santo Tomé al Día
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