ANGUSTIOSA ESPERA DE UN PADRE DEPORTADO

Un joven rosarino realizó una presentación ante la Cancillería argentina para solicitar un régimen de visitas a su hijo de cuatro años que reside en España, país al que arribó junto con su pareja y el niño en 2002, y del que más tarde fue expulsado por no contar con permiso de residencia.

El fenómeno de la emigración de argentinos hacia el hemisferio norte, producido al despunte del nuevo milenio ante la falta de perspectivas económicas, también arrastró innumerables situaciones familiares conflictivas que incluso concluyen dirimiéndose en los foros judiciales internacionales.

En este caso, el padre –quien debió atravesar por duras situaciones en el proceso de expulsión, como el inicio de un prontuario y fichaje policial– sólo reclama tener contacto con el menor, al que no puede ver por sus propios medios porque tiene prohibido el ingreso al territorio español.
Gonzalo Vaz tiene 27 años y en abril de 2002 emigró junto con su pareja y su hijo a Banyares de Mariola, un poblado español ubicado a 70 kilómetros de Alicante, según contó el propio joven.

La búsqueda de trabajo se les reveló como una empresa bastante difícil en un país europeo donde los inmigrantes ilegales provenientes de esta parte del continente reciben el despectivo mote de sudacas e, incluso, son perseguidos por no contar con sus papeles en regla.

Ése fue el caso del joven rosarino que, como tantos otros argentinos, dejó estas tierras en búsqueda de un mejor horizonte, pero luego comprobó que el futuro no se desplegaba con tantas posibilidades más allá del Atlántico.

“Como no conseguía trabajo empezamos a tener problemas de pareja y luego pasó lo peor: terminé detenido porque era un ilegal y después me expulsaron”, relató Vaz, quien desde hace más de un año no ve a su hijo de cuatro.

Para la fecha de la deportación, julio de 2003, su compañera había logrado ingresar como empleada doméstica a una casa de familia. Según señaló Vaz, a pesar de su misma condición de ilegal y de que ella también recibió la orden de expulsión, logró permanecer en el territorio español.
“Esa situación genera una gran tensión psicológica y sufrimiento en mi cliente, que lo único que pretende es que se cumpla un derecho elemental: poder mantener un contacto con su hijo”, afirmó el abogado patrocinante en el caso, Carlos María Corbo.

Según explicó el letrado, “el Convenio de la Haya reconoce el derecho que tiene el padre no conviviente de mantener el contacto con sus hijos”, describió.

En ese sentido, el mismo pacto internacional –al que la Argentina está adherida– remarca que las visitas se efectivizarán en el hogar del cónyuge en cuyo favor se establecen y por períodos determinados del año.
En el artículo 21 se señala que el padre damnificado por el alejamiento debe dirigirse a la “autoridad central”, solicitando que se organice un régimen de visitas o se garantice el derecho de visita ya otorgado por un tribunal local.

De acuerdo con la información suministrada por Corbo, éste “no es un caso de apropiación de menores, porque la madre no se lo llevó a otro país sin autorización, sino que el padre fue expulsado del territorio español”. Por lo tanto, lo único que se reclama es la posibilidad de un contacto en el período de las fiestas de fin de año y vacaciones, una vez al año en forma alternada.

“Vaz también reclama la posibilidad de cumplimentar con la cuota de alimentos”, señaló el abogado, para luego aclarar que ese pedido deberá proseguir a través de la acción de Cancillería, como primera instancia.
El caso es uno más que revela un costado oscuro de la globalización y las situaciones extremas a las que son expuestos los inmigrantes ilegales, como en el caso de Vaz, quien luego de padecer detenciones policiales y un proceso de expulsión tiene vedado el derecho de visitar a su hijo en territorio europeo.