ANULAN UNA ORDEN DE MARÍA JULIA ALSOGARAY POR UN PAGO MILLONARIO

En una nueva movida político—judicial, el presidente Néstor Kirchner firmó ayer el decreto 431 que revoca una polémica resolución de la ex interventora de ENTel María Julia Alsogaray de 1996 que había habilitado el pago de una deuda reclamada por el grupo Meller. La deuda era en 1996 de 29 millones de pesos—dólares, pero que hoy la empresa la estima en 400 millones de pesos.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al dar a conocer el decreto, explicó que la decisión es un caso piloto e implica dos cosas. Por un lado, intentar que el Estado no tenga que afrontar un pago polémico y, por otro, “la revisión de una serie de maniobras que a lo largo de los años (del menemismo) se han venido repitiendo y que no es vocación de este Gobierno dejar que se perpetúe”.

Por la importancia que le otorgó el Gobierno a este anuncio, Fernández acompañó al Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, en la conferencia de prensa que se realizó en la Casa Rosada para dar a conocer el alcance del decreto 431.

El decreto es de apenas dos artículos. El artículo 1° revoca la resolución 146 del 8 de noviembre de 1996 de María Julia y el segundo “declara nulos todos los actos” realizados en base a ella.

Debido a la complejidad de las tramitaciones judiciales y administrativas del caso, hicieron falta 24 carillas de consideraciones para fundamentar la medida.

La resolución 146/96 de María Julia había dispuesto “reconocer la procedencia de un reclamo” de Meller que había obtenido la concesión de la publicación y publicidad en las guías telefónicas, a pesar de que en la ex ENTel no había documentación que la avalara

Rosatti dijo que es, por lo menos, curioso que el reclamo se hizo recién en 1996 por la supuesta deuda por publicidad publicada en las guías telefónicas entre 1986 y 1990 que estaban a cargo de Meller. Pero el reclamo fue realizado —afirmó Rosartti— antedatado a 1995 ” según un dictamen de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)” y para que este asunto entrara a un régimen de consolidación de deudas que tenía como límite el año 1995.

Sin embargo, en reiterados comunicados el Grupo Meller —que nació como fabricante de alfombras y luego fue accionista de Aguas Argentinas— negó que haya habido alguna irregularidad en el reclamo de la deuda y atribuyó las versiones en contrario a maniobras políticas.

Lo cierto es que la resolución de María Julia (ver Una deuda polémica) habilitó el reclamo de Meller por 29 millones de pesos y que ahora, con los intereses y a cobrar en bonos, estima en 400 millones de pesos. Además, la ex funcionaria frente a un rechazo del entonces procurador general del Tesoro, Rodolfo Díaz, puso en marcha un tribunal arbitral del ministerio de Obras Públicas que le dio la razón a Meller.

Con esos antecedentes, la empresa inició un juicio en el fuero contencioso administrativo que llegó a ganar, en medio de un complicado juego de lobby político y judicial que ya lleva siete años.

Entonces, durante el gobierno de la Alianza se pidió a la Corte que, por lo menos, se autorizara al Estado a discutir el monto de la deuda.

Pero la mayoría automática de la Corte, en noviembre de 2002 desestimó el recurso de la ex ENTel y aceptó como laudo arbitral la resolución del tribunal arbitral, que es una instancia administrativa. El decreto de Kirchner de ayer aclara que en ese fallo la Corte se limitó a “considerar la procedencia formal” del pedido y no se expidió sobre el fondo del pleito.

Este fallo de la Corte es una de las causas del actual pedido de juicio político que se tramita en Diputados contra el ministro Eduardo Moliné O’Connor.

El decreto aclara, además, que después del fallo de la Corte, se realizaron presentaciones de Meller y también de la Procuración del Tesoro ante la justicia en lo contencioso administrativo.

Y que, paralelamente, tomó fuerza otro juicio en el fuero penal, cuando la Sala I de la Cámara Federal (el 1° de julio de 2003) dispuso la medida de no innovar y ordenó al Ministerio de Economía abstenerse de efectuar el pago pretendido por Meller.

Y, además, ordenó al juez Jorge Ballestero que indague a María Julia como sospechosa por el delito de supuesto fraude al Estado por haber firmado la resolución 146, lo que complica a la ex funcionaria que ya está procesada en tres casos.