APLICARÍAN RECARGOS A LOS QUE CONSUMAN MÁS ELECTRICIDAD

El Gobierno parece decidido a tomar nuevas medidas para afrontar la crisis energética al calor del encarecimiento del gas proveniente de Bolivia. Mediante sendas resoluciones firmadas por el secretario de Energía, Daniel Cameron, se busca controlar la demanda de energía eléctrica, a través de una ampliación del plan de uso racional de la energía que castigará el aumento del consumo en todo el país, al tiempo que se convoca a las empresas que cuentan con equipos de autogeneración (grandes industrias) a que se sumen a la oferta del mercado eléctrico mayorista (MEM) que abastece la demanda. Así lo admitieron a LA NACION fuentes oficiales y empresarios del sector energético.

Ayer, la ministra de Economía, Felisa Miceli, mantuvo una extensa reunión junto con el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson; Cameron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, en el quinto piso del Ministerio de Economía, para definir y ajustar los alcances de la nueva reglamentación.

Voceros del Ministerio de Planificación dijeron anoche a LA NACION que “hay propuestas de resolución, pero el ministro Julio De Vido todavía no ha firmado nada. Están en estudio”. Otras fuentes descontaban su próxima entrada en vigencia.

Las nuevas medidas, que ya llevan un mes de estudio y se habrían terminado de definir la semana pasada son dos: por un lado, la resolución 660 disuelve el actual plan de uso racional de la energía (Puree), que alcanzaba sólo a los usuarios de Edenor Edesur y Edelap, para establecer castigos sobre los excesos de demanda en todo el país, tomando como base el nivel de consumo de 2005.

Esta resolución, que define el ahora llamado Programa de Promoción de Ahorro de la Energía Eléctrica, es retroactiva al 1° de este mes y busca dar una señal del verdadero costo de la energía: exceptuando aquellos usuarios de menores consumos, alcanzará a todos aquellos que gasten más electricidad que el año pasado, quienes verán engrosar sus facturas.

En la resolución se establece un mecanismo de aplicación que despertó muchas dudas entre las empresas: frente al aumento del consumo de la energía eléctrica, dispone que el recargo lo deberán pagar las empresas distribuidoras (por ejemplo, Edenor y Edesur) al mercado mayorista. La transferencia de ese recargo a la factura que paga el usuario será responsabilidad del poder concedente, es decir, el Estado nacional, a través del ente regulador del sector eléctrico, el ENRE, o la Secretaría de Energía.

Sin embargo, en la resolución figura un resguardo para los usuarios residenciales de menores consumos. Este sector pagaría por su consumo, presumiblemente sin aumento, el precio de la energía producida por las generadores dependientes del Estado nacional: las empresas Nucleoeléctrica Argentina (que produce y comercializa la energía proveniente de las centrales nucleares Atucha I y Embalse), Salto Grande y Yacyretá.

A MEDIANO PLAZO

La otra resolución, la número 659, se plantea la necesidad de aumentar la provisión de energía a mediano plazo (el programa se llama Provene). Reconoce que la capacidad de provisión de potencia está agotada y requiere que se den señales económicas que permitan ampliar la oferta de electricidad.

Esta medida convoca a los empresarios que cuentan con sistemas de autogeneración a inscribirse en la Secretaría de Energía como generadores. Fuentes privadas calcularon que estos autogeneradores podrían aportar al sistema unos 2400 megavatios de potencia. Hasta ahora, el momento de mayor demanda (la demanda requerida en un mismo instante) registró el récord histórico el 21 de febrero de este año, cuando se registraron 16.753 mW. Ambas resoluciones serían publicadas hoy en el Boletín Oficial, según esperaban anoche ejecutivos del sector privado.

Estas medidas habían sido en parte adelantadas por el secretario de Energía, Daniel Cameron, durante un seminario organizado por la Cámara de Empresarios Argentinos de la Energía, una nueva entidad empresarial, a principios de abril. Hasta ahora, la crisis energética afectó principalmente el abastecimiento de gas, con cortes a industrias y usinas, pero no tanto el suministro de electricidad. Sólo hubo cortes de luz rotativos durante un mes a 31 plantas industriales en el otoño de 2004 y, más recientemente, cortes en distribución domiciliaria por la saturación de las redes.El Gobierno parece decidio a tomar medidas más enérgicas para afrontar la crisis energética, al calor del encarecimiento del gas proveniente de Bolivia. A través de sendas resoluciones firmadas por el secretario de Energía, Daniel Cameron, se busca controlar la demanda de energía eléctrica, a través de una ampliación del plan de uso racional de la energía que castigará el aumento del consumo en todo el país, al tiempo que convoca a las empresas que cuentan con equipos de autogeneración a que se sumen a la oferta del mercado eléctrico mayorista (MEM) que abastece la demanda.

Ayer, la ministra de Economía, Felisa Miceli mantuvo una extensa reunión junto con el secretario de política Económica, Oscar Tangelson, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Comubustibles, Cristian Folgar, en el quinto piso del ministerio de Economía para definir y ajustar los alcances de la nueva reglamentación.

Voceros del ministerio de Planificación, dijeron anoche a LA NACION, que “hay propuestas de resolución, pero el ministro Julio De Vido todavía no ha firmado nada. Están en estudio”.

Las nuevas medidas son dos: por un lado, la resolución 660 disuelve el actual plan de uso racional de la energía, (Puree), que alcanzaba sólo a los usuarios de Edenor Edesur y Edelap, para establecer castigos a los excesos de la demanda en todo el país, tomando como base el nivel de consumo de 2005. Esta resolución, que define lo que se ah dado en llamar el Programa de Promoción de Ahorro de la Energía Eléctrica, es retroactiva al primero de mayo de este año, y, busca dar una señal del verdadero costo de la energía: exceptuando aquellos usuarios de menores consumos, alcanza a todos aquellos que gasten más electricidad que el año pasado, quienes verán engrosar sus facturas.

En la resolución se establece un mecanismo que despertó muchas dudas entre las empresas, respecto al mecanismo para su aplicación: frente al aumento del consumo de la energía eléctrica, establece que el recargo lo deberán pagar las empresas distribuidoras (por ejemplo, Edenor y Edesur). La transferencia de ese recargo a la factura que paga el usuario, será responsabilidad del poder concedente, es decir el estado nacional a través del ente regulador del sector, el Enre, o la secretaría de Energía.

Sin embargo, en la resolución aparece un resguardo para los usuarios residenciales de menores consumos, que serían abastecidos -sin aumentos, presumiblemente- por los generadores dependientes del Estado nacional, es decir Nucleoeléctrica Argentina, (que tiene a sucargo la producción y comercialización de la energíaeléctrica producida por las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse y la construcción de la Central Nuclear Atucha II), así como el lado argentino de Salto Grande y de Yacyretá.

SUMAR GENERACIÓN

La otra resolución, la número 659, se plantea la necesidad de aumentar la provisión de la energía a mediano plazo (el programa se llama Provene), que reconoce que la capacidad de provisión de potencia está agotada y requiere que se den señales económicas que permitan ampliar la oferta de energía eléctrica. Esta medida convoca a los empresarios que cuentan con autogeneración de energía a inscribirse en la secretaría de Energía que comanda Daniel Cameron como generadores.

Fuentes privadas calcularon que estos autogeneradores podrían aportar al sistema unos 2400 megavatios de potencia. Hasta ahora, el momento de mayor demanda de potencia (la demanda requerida en el mismo instante) llegó a su valor máximo el 13 de marzo de este año, que se registró una demanda de 16335 MW; el récord histórico se alcanzó en el 21 de febrero de este año, cuando se registraron 16.753 MW.

Por su parte, la ministra de la Producción bonaerense, Débora Giorgi, descartó ayer que se produzcan en la Provincia faltantes de energía eléctrica para suministro industrial remarcando que “en materia de abastecimiento energético existen pronósticos agoreros que se caracterizan por ser erróneos”. Giorgi participó ayer junto al gobernador Felipe Solá y a Daniel Cameron del acto de presentación del fondo de inversiones que permitirá la construcción de la Central de generación de energía eléctrica Manuel Belgrano en la ciudad de Campana que permitirá a fines de 2007 incrementar en 800 MW la oferta de energía eléctrica en el mercado de grandes consumidores.

Según se explicó desde la Secretaría de Energía nacional con los 1600 MW adicionales que generarán las dos usinas que fueron presentadas ayer (la segunda se construirá en Santa Fe) “se cubrirán las estimaciones de crecimiento de la demanda minimizando en el sistema eléctrico nacional el riesgo de un importante déficit energético en el corto plazo”.