APROBARON LA PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE GRACIELA OCAÑA, ACTUAL INTERVENTORA DEL PAMI

El pedido de Ocaña, que fue aprobado en el recinto sin debate, había generado polémica meses atrás cuando los diputados del PJ y del ARI rechazaron el planteo de Ocaña para prorrogar su licencia como legisladora por 6 meses y aprobaron, en cambio, la extensión sólo por 3 meses de ese beneficio.

Si bien el período de sesiones ordinarias concluye el 30 de noviembre, Ocaña podrá hacer uso de su licencia hasta el inicio de las sesiones del año próximo, ya que el pedido contempla la posibilidad de extender ese beneficio hasta una eventual convocatoria a extraordinarias.

En agosto pasado, diputados del justicialismo bonaerense y el bloque del ARI coincidieron en rechazar el pedido de Graciela Ocaña para prorrogar su licencia como legisladora por seis meses, en un trámite en el que se aprobó, en cambio, la extensión sólo por tres meses ese beneficio.

La polémica se generó al inicio de la sesión desarrollada en la Cámara baja cuando se planteó en el recinto el pedido de prórroga de la licencia de Ocaña como diputada del ARI junto con el de la justicialista Alejandra Oviedo, actual ministra de Gobierno de la provincia de La Rioja.

Sin embargo, los diputados votaron en el recinto a favor de conceder a Ocaña la licencia sólo por tres meses -hasta el 30 de setiembre- y no hasta diciembre como había planteado la actual interventora del PAMI.

Las críticas al pedido de Ocaña, principalmente, surgieron en el recinto desde el propio ARI, a través del titular del bloque, Eduardo Macaluse.

También objetaron el pedido de licencia de Ocaña -el segundo desde que asumió- el ex presidente y diputado del Interbloque Provincias Unidas, Adolfo Rodríguez Saá y el demócrata progresista de Santa Fe Alberto Natale, entre otros.

En tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli se pondrá al frente de una unidad para recibir denuncias por corrupción en el PAMI, que luego derivarán en causas penales en un sistema similar al que ya funciona en el ANSES para los planes jefes y jefas de hogar.

Si bien la resolución será firmada la próxima semana por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el mismo Stornelli confirmó hoy que aceptó el ofrecimiento que se complementará con su tarea en la fiscalía federal de los Tribunales de Retiro.

“Aún no fue firmada la resolución que crea la unidad”, aclaró Stornelli a los periodistas en los Tribunales.

Ante la ya bautizada “UFIPAMI” se podrán realizar denuncias telefónicas o personales, con nombre y apellido o anónimas, sobre irregularidades de gestión en la obra social de los jubilados o sospechas de hechos de corrupción.

La unidad fiscal no atenderá reclamos de beneficiarios por prestaciones, debido a que éstos ya tienen su propia línea para hacerse escuchar, aclararon desde la obra social.

“La idea es que se dedique a causas penales”, detallaron a la agencia Télam fuentes de la oficina de prensa del PAMI, cuya titular Graciela Ocaña fue quien llevó la idea a Righi y hasta sugirió el nombre de Stornelli.

La Unidad Fiscal tendrá su sede en el edificio central del PAMI y se financiará con una partida presupuestaria de esa obra social.

En la práctica tendrá el mismo rol que en el ANSES cumple la Ufises a cargo de otro fiscal, Guillermo Marijuan, donde se recepcionan denuncias por jubilaciones truchas o irregularidades en la adjudicación de planes jefes y jefas de hogar.