APRUEBAN 16 CARGOS CONTRA NAZARENO

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, fue formalmente acusado ayer de 16 cargos en el camino hacia el pedido de juicio político en su contra, y convocado para hacer su descargo en forma personal y directa, el próximo jueves a la mañana, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

La comisión se reunió ayer para concluir el capítulo de pruebas de los cargos en contra de Nazareno, basados en las cinco causas iniciales presentadas contra el titular de la Corte Suprema.

Ahora, frente a la convocatoria de la comisión, Nazareno tiene tres opciones: comparecer ante sus integrantes para responder a los cargos, reemplazar su presencia mediante el envío de un descargo por escrito, o negarse a declarar.

En todo caso, en vistas del grado de unanimidad alcanzado por los integrantes de la comisión que preside el justicialista Ricardo Falú, representantes de distintos bloques, parece inevitable que el 2 de julio esté listo el dictamen de acusación contra Nazareno, lo que lo habilitaría para su tratamiento en el recinto de la Cámara una semana después.

Las cinco causas que basan el capítulo de pruebas son las siguientes:

Las declaraciones de Nazareno del 3 y 4 de junio pasados, las que habían motivado la reacción pública del presidente Néstor Kirchner, por las que se lo acusa de “falta de decoro”, “presión sobre otros poderes del Estado”, “prejuzgamiento”, “anticipar su voto” y “haber afectado la ejecución de medidas económicas del Programa Económico Financiero Nacional”.

La causa Meller S.A., por la que por decisión de la entonces interventora en ENTel, María Julia Alsogaray, se decidió que el Estado pagara 29 millones de pesos a la empresa por publicidad que, según la SIGEN y la Procuraduría del Tesoro, ya había sido liquidada en su totalidad. La Corte desconoció esas opiniones y reconoció la de un tribunal de Obras Públicas que convalidó el pago. La comisión descubrió en estos días que, por un proceso todavía en marcha, Meller S.A. reclama ahora al Estado por esa supuesta deuda 400 millones de pesos. El cargo es “grave perjuicio contra el Estado”.

La causa de la empresa Sevel, del Grupo Macri. La Corte rechazó un recurso contra un fallo que sobreseyó a la firma de acusaciones de contrabando y evasión impositiva, mediante una identificación forzada —según la comisión— entre dos causas judiciales distintas. En este caso, los cargos son: “grave perjuicio contra el Estado”, “obstrucción del debido proceso legal”, “demora injustificada para expedirse” y “forzar interpretación del principio de cosa juzgada”.

La causa por la sanción aplicada por la Corte al juez en lo Criminal Mario Magariños, pese a que esa sanción es facultad exclusiva de la Magistratura. Se lo acusa de “violación al principio de libertad de expresión”, “exceso de autoridad”, “invadir la competencia propia del Consejo de la Magistratura”, “cercenar el derecho a la opinión científica” y “violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a un juez de la Nación”.

La causa por “prejuzgamiento” por la resolución que adoptó la Corte sobre el reclamo de devolución en dólares de un depósito bancario de San Luis.

A estas causas podrían agregarse después otras cinco, declaradas admisibles en la reunión de ayer de la comisión. Tienen que ver con supuestas presiones ejercidas por Nazareno contra secretarios de la Corte citados a declarar por la causa del atentado a la Embajada de Israel; con el cobro hasta la fecha de un plus por desarraigo por Nazareno, pese a que tiene residencia en la Capital; con una sanción aplicada a la jueza en lo Laboral Haydé Dragonetti de Román, irregularidad semejante a la del caso Magariños; con presuntas irregularidades varias cometidas por Nazareno desde su jura como ministro, y una más con las declaraciones del presidente de la Corte del 3 y 4 de junio.

Para los integrantes de la Comisión de Juicio Político, la convergencia del sustento jurídico de las acusaciones y el consenso político entre los distintos partidos representados en el cuerpo y en la Cámara plantea un escenario de “casi irreversibilidad de la aprobación del juicio político”.

La evaluación contrasta con el frustrado juicio político contra los nueve integrantes de la Corte del año pasado, que se cayó por la oposición del PJ.