APURA EL GOBIERNO LA NUEVA LEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL

La madre de todas las batallas comenzaría a librarse dentro de pocas semanas: el Gobierno tiene la intención de enviar al Congreso el nuevo proyecto de ley de coparticipación para que comience a ser debatido en las sesiones extraordinarias que se desarrollarán en febrero.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, pretende impulsar esta ley, reclamada históricamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que limitará la capacidad de endeudamiento provincial y que en un plazo de 10 años provocará una profunda transformación en el reparto de fondos de la Nación a los Estados subnacionales, con claros ganadores y perdedores.

Una alta fuente del Palacio de Hacienda informó anoche a LA NACION que “se está trabajando para llevar el proyecto a extraordinarias”. En estas sesiones -que se desarrollan durante febrero-, los legisladores sólo tratan las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo Nacional.

La reforma a la ley de coparticipación es el proyecto más codiciado por el Fondo Monetario y su directora ejecutiva, Anne Krueger, volvió a referirse a los problemas del federalismo fiscal y a elogiar las políticas de los 90 en la Argentina el viernes último en la India.

En Nueva Delhi, la número dos del FMI dijo que “a veces se olvida que en los 90 la Argentina hizo progresos significativos en un número amplio de cuestiones; pero la complicada relación financiera entre el gobierno federal y las provincias mina crucialmente los intentos de control fiscal. Con los acuerdos existentes, las provincias tenían un bajo incentivo para controlar su gasto”.

El presidente Néstor Kirchner le respondió con furia, al señalarla como la responsable del endeudamiento nacional, y el equipo económico cree que la funcionaria -que responde a influyentes sectores del Partido Republicano, que gobierna en los Estados Unidos- es “una provocadora”. “La señora Krueger tiene un rol institucional que debe mantener; no es una librepensadora: al rescatar los 90 se olvidó de decir que el gran agujero fiscal fue provocado por la reforma previsional que el FMI apoyó, aunque las provincias no hicieron las cosas bien”, disparó la calificada fuente. Pero más allá de las discusiones, el Palacio de Hacienda ha decidido “acelerar” esta polémica ley, cuyo tratamiento está comprometido en la Constitución Nacional aprobada en 1994.

“La vamos a tratar, pero no por Krueger, sino porque tenemos nuestra propia hoja de ruta, que va más rápido que la del FMI, como ya ocurrió en el caso del rescate de las cuasi monedas y del fin del corralón, medidas a las que el Fondo se opuso”, recordó el funcionario, con un visible enojo.

De hecho, el acuerdo con el FMI indica que en marzo el Ejecutivo debería tener el acuerdo de los gobernadores para llevar la ley al recinto antes de fin de año.

Los ejes -que aún no están totalmente sellados en la iniciativa que estudia la Secretaría de Hacienda- indican:

En un período de 10 años, se transformará por completo el sistema de transferencias de la Nación a las provincias.

En términos absolutos, todos los Estados subnacionales recibirán más recursos; en términos relativos, habrá algunos que perderán espacio en la “torta” de las transferencias.

Habrá dos capítulos, uno referido a las transferencias y el otro a la “responsabilidad fiscal”; en este sentido, se fijarán límites al endeudamiento provincial.

No se fijará un piso explícito establecido en las transferencias, pero la base del reparto serán los giros de 2003.

Se utilizarán indicadores (que pueden ser el PBI o las necesidades básicas insastisfechas, entre otros) para la división de fondos entre las provincias.

El consenso está aún lejos y el proyecto estaba en stand by, ya que el triunvirato que debía terminarlo perdió a una de sus partes con el pase de Jorge Sarghini de Hacienda a la presidencia del Banco Provincia. Pero el sucesor de Sarghini, Carlos Mosse, recibió el pedido de Lavagna ayer de trabajar contra reloj para terminar con la iniciativa lo antes posible. Un día antes, el senador Jorge Capitanich, que encabeza la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, escuchó un mensaje similar por parte del ministro, con el guiño del presidente Néstor Kirchner.

En diálogo con LA NACION, Capitanich admitió la “profunda complejidad” de la ley, pero consideró que su tratamiento en extraordinarias representa una “gran oportunidad política” difícil de repetir. El legislador justicialista quiere incluir en el proyecto un nuevo rol para la AFIP y asegurar recursos para educación, salud y seguridad. Para cumplir, Kirchner debería reunir a los gobernadores antes del 15 de febrero y pensar en que el Congreso trate la ley antes del 29.

¿Difícil?, sí. ¿Imposible? al parecer, luego de una década, no.