APYME RECLAMA AL GOBIERNO QUE DE MARCHA ATRÁS CON LA IDEA DE LOS DENOMINADOS “ESPÍAS FISCALES”

El comunicado afirma que “es loable la preocupación del gobierno para combatir la evasión tributaria y la informabilidad laboral”, pero que los denominados espías fiscales Wsaldrán a la caza de pequeños bolicheros distrayendo al ente recaudador de su objetivo principal que es combatir en primer lugar a los grandes evasores que siguen gozando de impunidad legal o de la otra”.

A continuación, transcribimos el comunicado completo.

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Es loable la preocupación del gobierno nacional, según trascendió en los medios de comunicación, de querer combatir dos importantes problemas de nuestra economía como son la evasión tributaria y la informalidad laboral.

Pero es peligroso intentar remedios sin atacar al mismo tiempo las causas profundas de la enfermedad.

Como tantos otros planes en igual sentido, intentados en épocas oscuras o en el menemato, el presente carecerá de sustentabilidad si no se modifican, por un lado el actual sistema tributario de carácter regresivo que acompaña como la sombra al cuerpo la desigual distribución de la riqueza en nuestro país, causante de pobreza, exclusión e informalidad estructural y, por el otro, la paradoja de las grandes compañías ganando como nunca a pesar de la crisis, y aun peor, aprovechándose de ella.

Es correcto que el Estado intente controlar un mal endémico como la evasión en el comercio exterior concentrado en grandes firmas, y que en muchos casos significa contrabando liso y llano. Todas las medidas que impulsen eficiencia y eficacia en el control aduanero son bienvenidas. Estas maniobras, en la mayoría de los casos, ocultan millonarias evasiones de divisas, y en otros, competencia desleal de grandes cadenas sobre las Pymes y rentas extraordinarias que agravan el proceso de monopolización de nuestra economía.

Pero en el comercio interior el problema es más complejo.

En primer lugar abarca alrededor del 85% de nuestra economía y la tributación se hace predominantemente a través de los impuestos indirectos, donde el IVA del 21% es un caso paradigmático incluso si lo comparamos internacionalmente. Como estos gravámenes son trasladables a los precios, los termina pagando la población.

A diferencia de otros países, los impuestos directos -o sea los no trasladables a los precios- como los que gravan la renta y la riqueza, cubren una cuota menor de la recaudación. Incluso se da la paradoja de que se castiga a las pequeñas rentas -como en las retenciones a los salarios y las ganancias de Pymes y de capas bajas de profesionales- con la no actualización de las deducciones, mientras siguen las exenciones del capital especulativo y se mantiene el aumento del 50% de la alícuota más baja mientras se congela la más alta.

Es moneda corriente la evasión lisa y llana y la elusión en las grandes firmas, que a su vez, al ser formadoras de precios, distorsionan los costos relativos provocando aumentos que las Pymes no pueden trasladar por la restricción del mercado interno.

El caso del monotributo es también significativo, pues al no actualizarse las escalas se está encubriendo un aumento real de la imposición a las Mipymes que obligará a la mayoría a recategorizarse en escalas más onerosas sin poder trasladar a sus precios esos aumento de los costos.

Todo esto empuja a la informalidad y la precarización de las relaciones económicas y laborales. La falta de economías de escala en las Pymes, producto de la recesión, hace que la presión tributaria actual sea incompatible con la escasa o nula rentabilidad, de la cual no pueden casi disponer atento a las mayores exigencias de capital de trabajo por los aumentos de los insumos y las tarifas.

Es urgente resolver este círculo vicioso atacando las causas profundas, o sea, corrigiendo la inequidad social y tributaria, impulsando el mercado interno y controlando a las grandes compañías.

De lo contrario, caeríamos en viejas prácticas represivas, como en la época de los “sabuesos”.

Ahora, parece que los “sabuesos” serán reemplazados por los denominados “agentes fiscalizadores” o “espías fiscales” que, encubiertos, saldrán a la caza de pequeños bolicheros distrayendo al ente recaudador de su objetivo principal que es combatir en primer lugar a los grandes evasores que siguen gozando de impunidad legal o de la otra.

La nueva figura del “espía fiscal”, que intenta imponer el gobierno, roza lo inconstitucional ya que se vale de un método de inspección en donde la presunción es que todos somo culpables (o evasores) hasta que demostremos lo contrario.

Solicitamos al gobierno que no se avance en esta propuesta y que se creen cuerpos de inspectores especiales para que investiguen las evasiones y elusiones de las grandes empresas transnacionales.

Mario Galizzi

Vicepresidente APYME

Delegación Santa Fe