ARCHIVARÁN 70 PEDIDOS DE JUICIO POLÍTICO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados archivará en los próximos días más de 70 pedidos de enjuiciamiento que se presentaron en contra de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, ya que ninguno de ellos reuniría el mérito suficiente como para ser investigados.

La medida que fue anticipada ayer por el presidente del cuerpo, Ricardo Falú (PJ-Tucumán) tiene un alto significado político, porque implica que la comisión no avanzará en ningún nuevo proceso de juicio político contra un ministro de la Corte Suprema con las denuncias ya presentadas.

Una decisión que procura transmitir tranquilidad al tribunal, sometido en el último tiempo a una continua renovación de sus miembros.

En efecto, desde que asumió, el presidente Néstor Kirchner nombró cuatro nuevos jueces de la Corte en reemplazo de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López (que falleció) y Adolfo Vázquez.

Ahora deberá designar al reemplazante de Augusto Belluscio (que presentó su renuncia) y, posiblemente, al de Antonio Boggiano, si resultara destituido por el Senado. Anteayer, la Cámara alta decidió suspender a este juez de su cargo hasta tanto se defina su futuro.

“Con la acusación a Boggiano y el archivo de estas 70 causas, la Comisión de Juicio Político dará por terminada la tarea de control constitucional al desempeño de los jueces de la Corte Suprema”, anticipó el diputado Falú.

De todas maneras, esta decisión deberá ser convalidada por el resto de la comisión, que se reuniría la semana próxima.

Las denuncias que afectan a los jueces de la Corte fueron presentadas por ciudadanos particulares. Las más relevantes son aquellas que cuestionan el fallo que convalidó la pesificación de la economía; en ellas fueron denunciados Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda.

En otro pedido de juicio político, los mismos jueces, junto al titular de la Corte, Enrique Petracchi, fueron también denunciados por su fallo en la causa Arancibia Clavel.

Incluso Petracchi fue responsabilizado, en otra solicitud de enjuiciamiento, en la causa por la tragedia de Cromagnon: uno de los padres de los chicos fallecidos en el boliche le endilgó el hecho de no haberle concedido una audiencia para discutir sobre las falencias de la Justicia.

En rigor, es habitual que en la Comisión de Juicio Político abunden denuncias de este tipo y que, finalmente, mueren en el archivo por cuanto no reúnen el mérito ni la gravedad como para ser investigadas.

Por lo general, el archivo de estos pedidos es convalidado por la unanimidad de los miembros de la comisión.

Si bien el archivo de estas 70 denuncias contra miembros de la Corte no generará demasiada polémica en la comisión, hay otro tema que promete lo contrario: el pedido de juicio político que presentó ARI contra tres ministros del Gobierno, a los que involucró en el escándalo por el tráfico de drogas por la línea aérea SW.

El diputado Falú anticipó que la semana próxima también pondrá a consideración de la comisión este tema. Es más que factible que la mayoría justicialista imponga también su archivo, lo que suscitará revuelo en las filas opositoras.

El bloque de ARI, comandado por Eduardo Macaluse (Buenos Aires), presentó en febrero último tres pedidos de juicio político contra los ministros de Defensa, José Pampuro; del Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación Federal, Julio de Vido.

SIN PRUEBAS

Básicamente los consideró responsables por no haber informado en su momento sobre el tráfico de drogas que se efectuaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza, entre otras acusaciones.

“No hay mérito ni pruebas suficientes que responsabilicen directamente a los ministros en esta causa. El Congreso, y particularmente la Comisión de Juicio Político, no puede merituar la conducta de los secretarios de Estado o de las fuerzas de Seguridad, si efectivamente resultan responsables. Esa facultad le corresponde al presidente de la Nación”, consideró el diputado Falú.

Es probable, entonces, que estos tres pedidos de enjuiciamiento sean derivados al archivo.

Igual suerte correría la solicitud de juicio político contra el canciller Rafael Bielsa que presentó el diputado Mario Cafiero (Soberanía Popular-Buenos Aires), quien lo cuestionó luego de que la Unión Europea (UE) incorporó en su Constitución una cláusula en la que se considera a las islas Malvinas territorio de ultramar del bloque comunitario.

RECHAZO

Ricardo López Murphy, candidato de Recrear a senador por Buenos Aires, rechazó ayer con duros términos la decisión del Senado de suspender a Antonio Boggiano como juez de la Corte. “La acusación a un juez por su sentencia quiebra la división de poderes”, afirmó en declaraciones a Radio Continental. Según López Murphy, esa decisión “somete a los jueces a tener que subordinarse a la mayoría legislativa”.