ARGENTINA PIDIÓ EVITAR “DAÑOS IRREVERSIBLES”

Después de iniciar el proceso ante La Haya con una argumentación de tres horas centrada en los presuntos “daños irreversibles” que la construcción de las dos plantas de celulosa que se levantan en la localidad de Fray Bentos causarían al medio ambiente, las personas y el turismo, la delegación argentina que viajó a la ciudad holandesa en busca de que el Tribunal Internacional decida ordenar que se detenga la construcción de las papeleras escucha ahora el alegato de Uruguay.

En el primer día de audiencias ante el tribunal, la primera expositora argentina fue la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien encabeza la delegación y se expresó en francés. Cerutti aseguró que el país no está contento de usar “por primera vez el tribunal” para dirimir diferencias con Uruguay, aunque resaltó que ese país “atentó y sigue atentando contra el estatuto del Río Uruguay” al autorizar la construcción de las pasteras sin haber consultado antes a Argentina.

Después de Cerutti, otros cinco miembros de la delegación argentina le hablaron al tribunal que preside la británica Rosalyn Higgins, entre ellos la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Romina Picolotti, quien instó a la Corte a que se pronuncie urgentemente “a favor de las medidas cautelares” debido a que, sostuvo, “ante el riesgo de un daño irreversible no podemos limitarnos únicamente a reparar los daños”.

El equipo argentino, que encabeza la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, realizó durante tres horas su primer alegato ante el pleno de los jueces de la Corte de La Haya, dependiente de la ONU, en el marco del pedido de medidas cautelares que formuló hasta tanto se analice el tema de fondo planteado al tribunal: si Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar que Botnia (Finlandia) y Ence (España) instalen plantas sobre ese curso de agua sin un acuerdo previo con Buenos Aires.

En su exposición, reproducida parcialmente por agencias internacionales, Picolotti se refirió a los daños irreversibles que, presuntamente, causarán las papeleras al medio ambiente, los habitantes de la zona y la fauna local.

Según la experta, en 40 años las fábricas extraerán 1.900 millones de metros cúbicos de agua dulce, equivalente al consumo de París durante siete años, y contaminarán 1.500 millones de metros cúbicos. La dirigente de CEDHA advirtió que el río recibirá mercurio, fósforo y cianuro que causarán no sólo problemas a los peces y otros organismos del río sino también daños graves en los fetos humanos y pueden incluso provocar cáncer.

En declaraciones a radio América, la especialista confirmó que “Argentina describió los hechos, el impactoi ambiental, la cantidad de personas que van a ser afectadas”, para luego remarcar que “la no suspensión de las obras dañaría nuestros derechos”.

Aunque en principio habría plazo para que el tribunal se pronuncie sobre el pedido de medidas cautelares hasta el 28 de julio, en declaraciones a radio Continental la fiscal de Entre Ríos Claudia Mizawach manifestó su confianza en que haya una decisión antes de esa fecha.

Concluida la exposición argentina y tras un receso de dos horas, la delegación uruguaya expone desde las 10. El primero en hablar fue el titular de la delegación, el embajador Héctor Gross Espiell. Con el objetivo de evitar una medida cautelar, Uruguay insistirá en que cuando las plantas estén operativas, a partir de 2007 (Botnia) y 2008 (Ence), no habrá riesgo de contaminación porque operarán con la mejor tecnología disponible y avalada por la legislación de la Unión Europea (UE).

La instancia judicial internacional fue planteada por Argentina tras los frustrados intentos de alcanzar consenso entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para resolver la controversia suscitada entre ambas naciones y alimentada por protestas de manifestantes argentinos en la frontera con Uruguay.