ARGENTINA PRESENTARÁ SU DEFENSA ANTE EL MERCOSUR

El Gobierno argentino presentará esta semana ante el Tribunal Arbitral del Mercosur documentación con estadísticas y media docena de testigos para fundamentar su postura frente a la demanda iniciada por Uruguay por el corte de rutas binacionales durante las protestas por la instalación de las pasteras en la ciudad de Fray Bentos.

Entre miércoles y jueves, la delegación argentina aportará un cúmulo de “certezas jurídicas”, pero también un puntual “reparo” sobre cuál terminará siendo el desenlace que tendrá la acusación uruguaya.

Las “certezas jurídicas” están basadas en la documentación general, estadísticas y la comparecencia de seis testigos que asistirán al Tribunal, en tanto que el “reparo” está dado en torno de qué comportamiento jurídico adoptará el cuerpo ad hoc.

Esto fue reconocido por diferentes fuentes oficiales consultadas por Télam y el origen mismo de la inquietud tiene por eje al árbitro principal del Tribunal, el español Luis Martí Mingarro, que llegó al cargo propuesto por el gobierno uruguayo.

Martí Mingarro probablemente tendrá la responsabilidad de desempatar en el dictamen, una vez que voten el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio, y las dudas sobre su nivel de imparcialidad sobrevuelan la Cancillería.

De hecho, la Argentina impugnó sin éxito al letrado español aduciendo “vicios en el procedimiento del sorteo -que se hizo para el caso- y su nacionalidad”, que coincide con la de la compañía pastera Ence, una de las que construye una planta en Fray Bentos.

Martí Mingarro, que es decano del Colegio de Abogados de Madrid, fue propuesto para el cargo por Uruguay, de igual forma que el boliviano Gonzalo Fernández Saavedra, quien originalmente resultó sorteado como titular en el Tribunal y renunció en menos de 24 horas.

El año pasado, la Argentina condecoró al abogado español con el galardón de Gran Oficial de la Orden de Mayo, pero por su desempeño internacional en materia de derechos humanos, que en este caso no tiene una vinculación directa.

El equipo técnico de la Cancillería está “convencido” de haber reunido los “elementos objetivos” que demostrarán que el Estado Nacional no incurrió en “omisión” al actuar sobre los cortes de rutas de Entre Ríos, como acusa el Uruguay.

Exhibirá en un documento de 135 páginas más anexos con las “pruebas” de que en el lapso de vigencia de los cortes “crecieron tanto la actividad comercial como la turística” entre la Argentina y el Uruguay, en sentido contrario al planteo del vecino país.

“No existe perjuicio para Uruguay, ya que todas las estadísticas sobre comercio bilateral, la actividad turística y el transporte de bienes indican un aumento durante el período del conflicto en relación con el mismo período del año anterior”, afirma el gobierno.

Las pruebas que llevará la Argentina a Montevideo excederán los márgenes de la demanda uruguaya, que no incluye plenamente la cuestión de los presuntos “daños” que le ocasionaron los cortes, sino que se circunscriben al rol del Estado argentino para ponerles fin.

Para este tópico, contextualizado en el derecho de la “libertad de expresión”, el equipo legal de la Cancillería reflejará el compromiso público asumido por el presidente Néstor Kirchner y la tarea de “disuasión” que terminó con el levantamiento de los cortes con eje en Gualeguaychú.

La semana entrante, los días 9 y 10, el Tribunal escuchará a los testigos de partes en una primera jornada y posteriormente los alegatos de ambos países en conflicto, para cerrar una nueva etapa con un fallo que deberá pronunciar a más tardar el 7 de septiembre.

Será la segunda instancia judicial que enfrentará a ambos países tras el reciente paso por La Haya, donde la Corte Internacional de Justicia no dio lugar a la medida cautelar presentada por la Argentina en procura de que se detengan las obras de las pasteras en Fray Bentos.

El grupo de especialistas argentinos que llevan adelante la ponencia del país en este caso lo integran Juan Vicente Sola y Nora Capello de la Cancillería, más Mónica Pinto y Frida Armas.

Los abogados uruguayos que defenderán la ponencia del gobierno de Tabaré Vázquez son Carlos Amorín, Hugo Cayrús, Miriam Franceschini y José María Robaina.

Uruguay tiene previsto presentar a 10 testigos el miércoles próximo, que será la jornada dedicada a las exposiciones de quienes fueron designados por Argentina y Uruguay para exponer sus relatos.

Los testigos tienen preguntas pre establecidas para contestar, pero podrán ser interrogados sobre otros aspectos tanto por el Tribunal como por los representantes de los países, según el reglamento de este cuerpo que se constituye a los efectos de específicos pleitos.