ARGENTINA RECLAMA A EE.UU. POR LAS INHIBICIONES DE BIENES DEL ESTADO

Las casa del embajador en Washington y la del representante ante la OEA se sumaron ayer al listado de propiedades del estado argentino inhibidas por presentaciones de acreedores de la deuda. El Gobierno respondió en tres frentes: apeló la medida, decidió hacer un reclamo a la justicia y, por sobre todo, reclamó ante el Departamento de Estado de los EE.UU. porque los jueces de ese país están tomando medidas contra propiedades protegidas por la inmunidad diplomática.

Además del elegante edificio de Dupont Circle donde vive el embajador ante la Casa Blanca y la casa de avenida Wyoming donde reside el delegado ante la OEA, el listado de edificios que recibieron inhibiciones judiciales por diversas presentaciones del fondo NML (que reclama US$ 172 millones) se engrosó con la casa donde funciona la embajada argentina ante la OEA, los tres edificios donde funcionan respectivamente la agregaduría militar, la naval y la de la fuerza aérea, la residencia del agregado naval y la del agregado militar, además de los cuatro galpones de uso militar, en Maryland, de los que se informó la semana pasada.

En todos esos lugares reinaba ayer un gran tensión. “Empiezan con los edificios y luego nos van a embargar lo sueldos”, reaccionó un diplomático.

“Las inhibiciones forman parte de las presiones que están haciendo los acreedores”, dijo a Clarín el embajador ante la Casa Blanca. José Octavio Bordón. Desde Nueva York, donde se encontraba acompañando a Cristina Kirchner, el funcionario aseguró que “no hay motivos para alarmarse”, que los abogados dicen que los inmuebles difícilmente sean embargables. Ese aspecto es, sin embargo, discutible (ver Qué puede…)

Jonathan Blackman, el abogado que defiende a la Argentina en Nueva York, le restó importancia a todos los pedidos de inhibiciones, diciendo que eran meros “sellos de goma”. “Esto es sólo ruido”, indicó a Clarín. “Es un acreedor fuera de control”.

A fin de evitar que los edificios sean efectivamente embargados (la inhibición actual sólo impide la venta o refacción, no el uso) el Gobierno inició además una ofensiva. En primer lugar, ayer apeló tres de los casos, dos en el estado de Maryland y uno en el distrito de Columbia.

Además, la semana que viene pedirán al juez federal de Nueva York Thomas Griesa, que fue quien dio luz verde a los embargos, que se avoque nuevamente al tema: le plantearán que su decisión abrió la puerta a esta situación caótica y que además los acreedores no actúan de buena fe, porque reclaman por su deuda en el tribunal de Griesa, que concentra la causa argentina, pero luego se presentan en otros tribunales para pedir embargos.

Sin embargo, la carta de más peso en las manos oficiales argentinas sería una gestión que hizo anoche la Cancillería a sus pares de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Allí se quejarán de la inhibición de bienes argentinos que gozan de inmunidad diplomática por la Convención de Viena.

La presentación ante el Departamento de Estado tiene un perfil político: buscar el respaldo del gobierno de George Bush en esta gestión. Pero, además, tiene un costado judicial. Es que ese organismo es el que debe certificar que las propiedades inhibidas son de uso diplomático: lleva un registro de todos los inmuebles propiedad de estados extranjeros que tienen esa categoría.

De todos los edificios inhibidos, el que mas corre peligro de ser efectivamente embargado es la representación de la Marina. Es una casa de piedra de tres pisos. En la planta baja, funciona el Riggs Bank. En el segundo piso, un estudio de abogacía. Y en el tercer piso, la Agregaduría Naval. El edificio fue comprado por la Argentina cuando el barrio no era muy codiciado. Pero hoy ha sido valuado en US$ 5.000.000. Y como dos pisos están alquilados, el uso diplomático del mismo sería cuestionable.