ARGENTINA: UN PAÍS ARMADO

Fue una cifra récord, que agrava un cuadro peligroso: cada vez es más fácil conseguir un revólver para matar. Paralelamente, las armas ilegales y provenientes de las fuerzas de seguridad son usadas con mayor frecuencia en delitos violentos. Un negocio negro sobre el que Blumberg puso el acento pero que nadie controla

Es fácil matar a alguien. Sólo hay que conseguir un arma, y en el mercado negro puede comprarse cualquier cosa. Por ejemplo: una escopeta 12/70 o una pistola 45, que tienen un alto poder de impacto y, a distancias cortas, una eficacia atroz; una pistola 9mm., con buena capacidad de carga y velocidad, pero menos potente; alguna de calibre chico, como el 22, que, por 60 pesos, también es efectivo, ya que el plomo entra en el cuerpo, zigzaguea y destroza el aparato digestivo.

Los delincuentes conocen muy bien las propiedades de estas armas. Y no les resulta difícil hacerse de ellas. Ignacio Rodríguez Varela, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, explica por qué: “Nunca, hasta ahora, hubo control de armas. La Argentina está en mora desde que existen las convenciones y asambleas sobre control de armas en el mundo”.

Los civiles también saben de armas. Mientras el delito y la violencia aumentan sostenidamente, muchos ciudadanos deciden comprar armas para defenderse. Un caso: hace dos años, en San Justo, partido de La Matanza, más de 250 comerciantes de la avenida Crovara se armaron. Guillermo Cenci, presidente de una asociación que nuclea a los comercientes de la zona, dice que las cosas siguen como entonces. Y aclara: “En Crovara se consiguen armas ilegales. Pero las que tenemos los vecinos están en regla”.

Que quede claro: las armas que usan los delincuentes no están en regla. El funcionario de la Secretaría de Seguridad Interior afirma que las sustraen de arsenales de las fuerzas militares y policiales, de depósitos de armas secuestradas, fiscalías y juzgados. Armas que van a parar al mercado ilegal, conjuntamente con las que se roban a los ciudadanos. “El último año se robaron unas 8000”, dijo Rodríguez Varela.

Los maleantes compran o alquilan estas armas en cualquier barrio dominado por el hampa, sobre todo en el conurbano bonaerense. También consiguen, si bien la venta es más restringida, revólveres 3.57 Magnum, fusiles (especialmente los FAL y, a veces, los Kalashnikov AK-47) y ametralladoras.

Y después las usan. El año último, según estadísticas del Ministerio de Seguridad Interior de la Nación, hubo en la Argentina 128.443 robos, hurtos y sustracciones de vehículos con armas de fuego. De ese total, 75.376 se cometieron en la provincia de Buenos Aires y 21.223 en la
Más: de los 2483 hechos ocurridos en el país en los que fueron asesinadas 2565 personas (siete muertos por día), 1564 fueron perpetrados con esa clase de armas. La mayoría de los homicidios ocurrió en el territorio bonaerense. Los papeles de la mencionada repartición dicen que se registraron 1286 hechos, con 1307 víctimas, de los cuales 960 fueron cometidos con revólveres, pistolas, escopetas, fusiles… En la Capital Federal, en 88 de los 142 casos (con 166 víctimas), los delincuentes fueron con armas de fuego.

El coordinador del Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego de la mencionada repartición, Gastón Lacorte, aclaró que esos números “son provisorios. Todavía falta que nos envíen algunos datos”. Así que las cifras finales serán aún más elevadas.

Según los números definitivos del Ministerio de Seguridad bonaerense, en 2003 se cometiron 1801 homicidios, 494 más que los que tiene registrados la Secretaría de Seguridad Interior. Luego: son ocho y no siete las personas asesinadas por día en el país.

El subsecretario de Información para la Prevención del Delito de la cartera provincial, Roberto Vázquez, dijo: “Estamos haciendo un diagnóstico del delito con armas, chequeando datos de los años anteriores. Ya relevamos los hechos de 2002 y el resultado es que aproximadamente el 10 por ciento de los delitos se cometierron a mano armada. Para nosotros, no es poco. Suman 30.350. Ahora estamos chequeando el 2003, y los parámetros son similares”.

El cuadro que comentó el comerciante de San Justo tiene sustento estadístico. Según el Registro Nacional de Armas (Renar), en 2000, había en la Argentina 458.500 legítimos usuarios individuales, con armas en su poder; en 2001, 500.500; en 2002, 528.500, y en 2003; 561.300.

Los números que maneja el Renar dicen también que, en 2000, 33.000 civiles compraron por primera vez un arma de fuego; en 2001, 31.000; en 2002, 29.000, y en 2003, 35.000.

El ingeniero Anastasio Siderakis, que integra el Gabinete Asesor del Renar, dijo a LA NACION que en la Argentina hay, en total, cerca de 1.400.000 armas legales. Aproximadamente 1.200.000 están en manos de usuarios particulares; el resto pertenece a usuarios colectivos (empresas, agencias de seguridad privadas, transportadoras de caudales) y personal de las fuerzas armadas y de seguridad.

La mayor cantidad de armas y de usuarios individuales, claro, está en la provincia de Buenos Aires. Hay 428.883, y 402.456 son de civiles. En 2000, había 219.229 tenedores particulares; en 2001, 240.846; en 2002, 262.823, y en 2003, 280.519.

Promover el desarme

Los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires aseguran que promoverán el desarme de los civiles. Concuerdan en que la tenencia y la portación de armas de la ciudadanía, lejos de resolverla, empeora la crisis de seguridad.

“Es muy difícil identificar la intencionalidad de la gente que compra un arma. Hay muchos que se dedican al tiro, a la caza o son coleccionistas. Pero hay un efecto no deseado: la gente que compra armas, generalmente baratas y de bajos calibres, para sentirse protegida, al sentir que el sistema de seguridad fracasó. Pero el efecto es contrario y aumenta la inseguridad”, opinó Siderakis.

Y Rodríguez Varela agrega: “La portación del arma es muy peligrosa. La ventaja la tiene siempre el delincuente. Además, hay una consecuencia muy grave: que a mayor cantidad de armas en poder de la población, mayor será la cantidad de armas robadas que entren en el mercado negro”.

Rodríguez Varela añadió que uno de los puntos del Plan Nacional para el Control y Prevención del Tráfico y Uso Ilegal de Armas de Fuego es, justamente, la promoción del desarme de la población, por medio de programas de entrega voluntaria de y de canje (ver recuadro).

El Plan también pretende reducir la cantidad de armas de fuego que se mueven en el mercado negro, naturalmente. Nadie sabe exactamente cuántas hay. El licenciado Eduardo Ovalles, coordinador del área de Seguridad Pública del Centro de Estudios Nueva Mayoría, estimó que circulan cerca de dos millones de armas clandestinas.

Sostuvo Siderakis: “Esta cifra me parece excesiva, pero no puedo afirmar cuántas hay. Los números en un mercado negro siempre son relativos”. Rodríguez Varela no quiso discutir sobre cantidades: “El problema no es la cantidad de armas, sino la circulación”.

Este funcionario dijo estar convencido de que el mercado ilegal se alimenta -además del robo a los usuarios legítimos- de armas previamente secuestradas. “El sistema se retroalimenta con el mismo stock. En alguna parte del enjuiciamiento, en algún tramo de la guarda del arma, ésta vuelve al mercado negro. Existe también un robo de armas por goteo en los cientos de arsenales que hay en el país, militares o de las 25 policías.”

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior remarcó un detalle, que no es menor: la eliminación de los números con los que se identifican las armas.

“Esa eliminación nunca me cerró. No creo que los delincuentes lo requieran como algo indispensable. Si no los disuaden las penas altas del robo a mano armada o del homicidio, no se van a preocupar por eso. Al que más le interesa es al que introduce armas en el mercado negro, que fueron secuestradas previamente, o al que saca armas de un arsenal del Ejército o de la policía, para que no se sepa el origen”, dijo Rodríguez Varela.

Ejemplos

A esta altura, ya nadie duda de que los delincuentes consiguen armas de fuerzas militares y de seguridad con la complicidad de uniformados. Sobran ejemplos. Uno de ellos: a fines de 2000, una banda de delincuentes asaltó el camión blindado 551 de la empresa Juncadella-Prosegur, en el barrio de La Boca. Se movían en Ford F-100, sin cúpula, con cuatro sujetos a bordo, y en un Ford Escort, como apoyo, con más hombres. Hubo tiros, heridos, una larga persecusión que terminó en Moreno.

¿Con qué disparaban los malhechores? Con una pistola ametralladora, dos 11.25, una nueve, fusiles automáticos pesados y livianos (FAP y FAL)… Y con una ametralladora antiaérea que habían montado en la parte trasera de la camioneta. Uno de los detenidos, Luis Olea, era sargento del Ejército y se desempeñaba en el Agrupación de Arsenales 601 de Boulogne.

Dos años después, en septiembre de 2002, fue detenido otro militar que cumplía funciones en el mismo batallón: el sargento ayudante Tomás Núñez. Fue filmado con cámaras ocultas durante una investigación del programa Telenoche Investiga, de Canal 13, cuando entregaba pistolas nueve milímetros secuetradas por la Justicia a cambio de 4800 pesos.

Al parecer, no se trata de episodios aislados. Las bandas de secuestradores también acceden a los FAL, un fusil que sólo pueden usar las fuerzas armadas y de seguridad. Los tenían las organizaciones que raptaron a Cristian Riquelme, Rubén Astrada, Juan Carlos Cirelli, Facundo Laffont, Mirta Fernández y Pablo Belluscio.

Las armas -se dijo- también salen de los arsenales de las policías. Un caso reciente: el 12 de diciembre del año último, en San Miguel, un sujeto quiso asaltar un camión de cigarrillos. El delincuente, identificado como Gustavo Dopico, murió en un tiroteo con un custodio. Calzaba una pistola 9mm. y una ametralladora PA-3.

El hecho fue publicado por algunos medios en las breves policiales. Lo que no se ventiló, hasta ahora, es de dónde había sacado Dopico la ametralladora. El fiscal de San Martín que intervino en el caso, Ricardo Calderón, supo rápidamente que el arma pertenecía a la policía de Santiago del Estero. La numeración de la ametralladora no estaba limada. Envió una carta a la fuerza de seguridad para preguntar si el arma era de su arsenal. Le contestó el sargento primero Ramón Sauco: el arma les pertenecía, pero no sabían dónde estaba porque no tenían inventario.

Armas, drogas, villas

Las armas no sólo provienen de los arsenales y los depósitos oficiales.

“Hace unos tres años, una banda robó una armería de San Martín y se llevó todos los fierros a la villa Nueve de Julio. Hasta el año pasado los delincuentes iban a ese barrio a probar los chalecos antibalas… ¿Los chalecos? Son de los azules, de la bonaerense… También practicaban tiro. Después hicimos varios allanamientos y la cosa se calmó un poco. Pero sólo un poco”, dijo un investigador judicial de San Martín.

La villa Nueve de Julio era dominada por los hermanos Gerardo y Gustavo Goncebat, que manejaban el negocio de las armas y de la droga. (“Siempre están relacionados”, acotó el funcionario.) Gerardo desapareció; en el barrio dicen que simuló su propio secuestro, cobró dos veces el rescate y huyó a México. Gustavo está preso.

El mando fue heredado por los Pacheco: Javier, Ezequiel y Diego. El primero está prófugo y los otros dos, presos. “Los Pacheco le regalaban porros a los pibes de 12 y 13 años, hasta los 15. Después les daban un arma para robar. Hubo peleas entre bandas. Los pibes se avivaron de que ellos salían a la calle, se tiroteaban, caían presos y la guita gorda la hacían otros”, dijo un vecino de la villa.

El negocio continuó. Este año tres fiscales de San Martín -Calderón, Héctor Scebba y Hernán Córdoba- fueron a detener delincuentes acusados de homicidios y a buscar armas. Nunca encontraron nada. El último allanamiento lo hizo Córdoba. A los pocos días hubo un homicidio y se inició una persecución. El fiscal seguía de turno. El asesino entró en la villa; detrás, la policía. Y llegó a la casilla donde antes habían ido a buscar las armas. Hallaron el arsenal.

Los fiscales no dudaron: había filtraciones. Se inició una causa para investigar a los efectivos de la comisaría de tribunales de la jurisdicción. Otra vez las sospechas sobre uniformados que protegen delincuentes y así permiten que las armas continúen en los lugares equivocados. Allí donde se compran, se alquilan y se trasladan de un sitio a otro casi sin inconvenientes.

En un barrio de casas bajas y aire de plomo, en el sur del conurbano, un ladrón de bancos dijo: “Los fierros pesados salen del 601. En el depósito de la poli podés conseguir uno chico por 100 pesos. Si no, en la villa. Un 22, por 50 o 60 pesos; un 38, por 80. Una nueve sale un más cara, 150, 200, depende el estado. También podés arreglar con los transa. Que te los presten y después de hacer el hecho le das la astilla (dinero, parte de un botín)”.

Un fiscal de la zona norte del conurbano explicó cómo circulan las armas que se venden o se alquilan. “Para la distribución, usan los carritos de los cartoneros o los remises truchos. El año pasado detuvimos a un chofer con una ametralladora en el baúl. Le habían ofrecido 100 pesos para trasladar una caja de una villa a otra”.

Para cercenar este negocio, afirmaron Rodríguez Varela y Lacorte, desde la secretaría de Seguridad Interior se propusieron las leyes -luego aprobadas por el Congreso- que establecen penas más largas para la tenencia, portación, entrega y comercialización ilegal de armas y que fijan un plazo de 180 días para que las armas no registradas puedan ser inscriptas en el Renar. Y en la provincia se endureció el régimen de exarcelaciones para quienes porten armas sin registrar.

“Hay un tercer proyecto, que tiene media sanción del Senado: el del registro de armas decomisadas, para seguir todos los pasos desde que se secuestran hasta que destruyen. Cada arma que se saque del sistema vale oro. Tenemos que hacer un goteo inverso: ésa debe ser la política de Estado.”