ARGENTINA Y URUGUAY ELIGIERON JUECES PARA LA CORTE DE LA HAYA

La Argentina y Uruguay nombraron a dos jueces para integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal que deberá resolver el conflicto planteado entre los dos países por la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay.

Son dos jueces que actuarán sólo en este caso, es decir, son jueces ad hoc. El gobierno de Néstor Kirchner nombró al argentino Raúl Vinuesa y Uruguay propuso al español Santiago Torres Bernárdez, ambos juristas de primerísimo nivel y miembros pleno del Instituto de Derecho Internacional de París.

La Corte Internacional, máximo órgano judicial de Naciones Unidas que sesiona en La Haya desde 1946, está integrada por 15 magistrados. Preside el tribunal la baronesa inglesa Rosalyn Higgins.

Pero el reglamento permite que cada país designe magistrados de un similar nivel de excelencia académica, para lo cual, una vez propuestos por el país, deben atravesar un proceso de recusaciones -que puede presentar el otro país- y de observaciones que pueden efectuar los jueces que naturalmente integran la Corte.

Los expertos propuestos por la Argentina y Uruguay ya superaron esa etapa y estarán sentados en el estrado cuando comience la audiencia en la que el gobierno de Kirchner pedirá que se declare la responsabilidad internacional del país vecino por haber violado un tratado bilateral de 1975, así como que se suspenda preventivamente la construcción de las plantas de pasta celulósica.

Experiencia

Vinuesa es graduado con diploma de honor en la UBA, donde también es catedrático de Derecho Internacional Público y uno de los más destacados juristas de la Argentina. Se especializó en esa disciplina y realizó estudios de posgrado en las universidades de Harvard, Cambridge, Amsterdam y en la Fletcher School of Law and Diplomacy, en Tuft University.

El juez propuesto por la Argentina también fue miembro de los tribunales arbitrales del Mercosur que decidieron los conflictos suscitados entre Brasil y Uruguay por un impuesto sobre los cigarrillos y por importaciones de neumáticos; además, fue árbitro ad hoc, nombrado por la Argentina, en el conflicto que mantuvo con Brasil por salvaguardias textiles.

Este especialista tuvo, asimismo, actuación en conflictos de otras regiones, porque presidió los tribunales del el Centro Internacional de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) en los reclamos por inversiones en los casos MCI contra Ecuador y Rigepointe contra República Democrática del Congo.

Por su parte, Santiago Torres Bernárdez, miembro del Instituto de Derecho Internacional de París, es ampliamente conocido en La Haya, porque fue secretario general de la Corte Internacional de Justicia y ya actuó como juez ad hoc en varios casos. También es integrante de la Corte Permanente de Arbitraje.

Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION

Tabaré Vázquez, confiado

MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).- El gobierno uruguayo ratificó ayer su plena confianza en que la Corte de La Haya no fallará en favor de la Argentina en el reclamo de paralización de las obras de las papeleras como medida cautelar.

En el gobierno uruguayo se restó importancia a las versiones de la prensa argentina, recogidas por medios locales, sobre lo que se consideró como un hallazgo del gobierno de Néstor Kirchner para la demanda, basado en declaraciones de un funcionario uruguayo durante un acto encabezado por Tabaré Vázquez. Fuentes de su gobierno dijeron a LA NACION que se estima que el fallo final saldrá dentro de algunos años, pero que el objetivo es la instancia inmediata del pedido de medidas cautelares y ahí “no se perciben riesgos para Uruguay”.

El director general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, puso ayer como ejemplo “algunos casos” en los que la Corte dispuso “medidas cautelares” y sostuvo que eso ocurre en “casos en los que corre peligro la vida humana”, situación que a su juicio no puede equipararse a las obras civiles de plantas que sólo podrán trabajar dentro de un plazo mayor a un año.