ARRANCÓ EL DEBATE DECISIVO POR LA LEY DEL DONANTE PRESUNTO

La Cámara de Diputados comenzó esta tarde, minutos después de las 16, la sesión para debatir el proyecto que propone convertir en donantes de órganos a todos los ciudadanos, con excepción de aquellos que se pronuncien en contra de esta medida.

La deliberación se reanudó con un discurso crítico a la iniciativa de la radical catamarqueña Cristina Hernandez, y se estima que la discusión se prolongará por varias horas, ya que más de treinta oradores anotados.

En términos generales, el debate se centra en el choque de dos cosmovisiones: la de los diputados médicos y los diputados abogados. La última vez que se encontraron liberados de ataduras partidarias fue hace seis años, cuando se trató el frustrado proyecto de muerte digna.

Según el diputado Oscar González (PJ), médico cordobés y titular de la Comisión de Salud de la Cámara, de las prácticamente 6.000 personas que aguardan un trasplante, un cuarto son niños. Acotó que para disminuir a la mitad esa cifra había que aumentar tres veces la cantidad de donantes.

Los también justicialistas Jorge Casanovas, Maria Chaya y Adriana Bortolozzi, los radicales María Leonelli y Pascual Cappelleri y el macrista Jorge Vannosi están entre quienes expresan disidencias y rechazos. Los radicales Aldo Neri y Hernán Damiani, el menemista Adrián Menem y la justicialista Silvia Martínez integran la grilla de los que apoyan.

Muchos diputados tomarán posición según aquello que vaya a decirse a favor o en contra de esta ley, que de aprobarse pasará al Senado. No siempre es así.

El proyecto se encuentra en consideración desde el miércoles pasado, cuando González fundamentó las razones por las cuales debía ser aprobada esta modificación sustancial a la Ley de Trasplante 24.193.

Por falta de quórum, el peso de esta sesión —que se perfila como para ganar un lugar en la vitrina de los grandes asuntos del Congreso— pasó para hoy. Nada indica, sin embargo, que vaya a culminar en esta misma jornada, tomando en cuenta la profundidad de la brecha que separa las posiciones en pugna.

Por un lado, gravita la necesidad del Estado —de la cual se hace cargo el Poder Ejecutivo, que presentó este proyecto en octubre del año pasado— de posibilitar la más rápida atención a quienes aguardan un trasplante que dignifique sus vidas y, en muchos casos, que los aleje de una muerte probable.

En lista de espera hay 5.713 pacientes, según el mensaje que acompaña al proyecto, remitido al Congreso con la firma de Néstor Kirchner y también del fogonero de esta causa, el ministro de Salud, Ginés González García. No obstante, una cifra actualizada a hoy revela que hay 5.724 personas en espera.

Gravitan también los temores claramente expuestos por varios diputados en cuanto a que una ley de carácter compulsivo termine siendo estímulo al tráfico de órganos, inquietud que también sobrevoló cuando en 1993 se discutió y aprobó la ley que hoy se modifica. Se añade ahora una referencia sobre los derechos esenciales de las personas que, en caso de no querer ser donantes, deben dejar expresa constancia en un registro especial.