ARTIGAS: “LA POLICÍA ME AVISÓ MÁS DE UNA HORA DESPUÉS”

El juez de Menores Juan Leandro Artigas, al frente de la investigación de la masacre de Funes, accedió ayer a hablar por primera vez del inédito y renombrado caso que tiene como protagonista a un adolescente de 17 años, T., y a su familia, diezmada desde el sábado 4 de octubre. El magistrado se defendió de las críticas que le llovieron por no haber estado aquella noche en la escena del doble crimen –“la Policía me avisó más de una hora después”, dijo– y aseguró que su único objetivo consiste en proteger al chico y no “hacer diferencias porque es de clase media”.

Por otra parte, el juez planteó la posibilidad de declararlo inimputable “si se demuestra que actuó bajo el efecto de estupefacientes o tuvo algún tipo de emoción violenta”. De ser así, sería internado en un lugar de rehabilitación. De lo contrario, explicó, “puede hacerse pasible a una pena igual que (la aplicable a) los mayores”, señaló Artigas, según citó la agencia Télam.

Mientras, la causa avanzó con la ratificación de las actas policiales –cuyos errores Artigas calificó de “mínimos”– y la remisión a la Justicia Federal de copias del expediente por presunta infracción a la ley de estupefacientes. Es que T. admitió que la noche previa al ataque consumió marihuana y otras drogas, pero que además proveyó “porros” a una amiga de 16 años que lo acompañaba. Eso daría lugar a la apertura de un sumario penal, algo que debe decidir el juez federal Omar Digerónimo, quien podría incriminar a la chica.

La novedad no le cayó bien al defensor de T., Jorge Bedouret, que tildó de “apresurada” la remisión de copias al fuero federal. “No hay delito alguno por investigar”, afirmó, y aprovechó para cuestionar la incorporación de la indagatoria al sumario.

Es que la extensa declaración de su cliente, el viernes pasado, se guardó a pedido suyo en una caja de seguridad en Tribunales, para “preservar la intimidad del chico y su familia”. Nunca antes había sucedido una cosa semejante, que de hecho no figura en ningún Código ni reglamento. De todos modos, la medida duró poco porque, según fuentes del caso, se revocó al día siguiente.

El juez Artigas argumentó que esa resolución no tiene antecedentes simplemente porque jamás nadie había solicitado algo por el estilo. “Aquí no hay cuestiones de privilegio sino intención de cuidar al menor”, alegó.

En ese sentido, puso como ejemplo el lugar de detención de T., que ocupa una celda en la Jefatura desde la noche en que pretendió exterminar a su familia. “Está aislado para su resguardo, como se ha hecho con otros chicos mientras duró la investigación”, recordó Artigas. “Pero a mediados de la semana próxima, saldrá de allí porque no es un lugar adecuado. Sucede que no es fácil encontrar un espacio que reúna las características necesarias. Y tropezamos aquí con las dificultades propias del fuero de Menores”, deslizó el entrevistado.

Si bien la causa de T. es “difícil y atípica”, en palabras del juez, comparte con las demás las deficiencias de un sistema que carece de lugares y programas específicos para los menores adictos. Por ahora el acusado no presentó síndrome de abstinencia, según el médico forense que lo asiste, el psiquiatra Carlos Elías. Desde mañana también lo atenderá una psicóloga que contactó la familia y es probable que el equipo de diagnóstico de la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal se encargue del psicodiagnóstico, si la defensa lo consiente. Por lo pronto, el abogado Bedouret reclamó conocer los resultados de los análisis bioquímicos que determinarán si T. consume drogas. Al pibe le extrajeron muestras de sangre y orina el lunes 6 de octubre, pero hasta ayer nada se sabía de los exámenes que podrían confirmar lo que él mismo admitió en su indagatoria.
La causa penal

Cuando termine la ratificación de las actas policiales –anteayer estuvieron en el juzgado tres funcionarios de la fuerza, incluido quien labró el acta de procedimiento– comenzará la ronda de declaraciones del entorno cercano al chico: su madre, abuela y hermana. Éstas estaban en la casa de San José al 2400 cuando T. mató a su padre Alberto Adorna y a su hermano Germán. Pero también Copito, el mellizo, que había ido a un cibercafé, amén de vecinos, amigos y maestros. Es probable que algunos familiares presten declaración informativa (no en calidad de testigos) a pedido de la Fiscalía, sobre todo porque T. sigue sin recordar si tomó la pistola calibre 22 de su padre y luego disparó. Si surge algún elemento que comprometa a los parientes adultos, pasará a intervenir un juez de instrucción.

Por ahora ninguna prueba objetiva los vincula al doble crimen. Tampoco a T.