Aseguran que no corresponden aumentos para los empleados de peajes

El Ministerio de Trabajo de la Nación determinó que los trabajadores del peaje de las rutas 6 y 70 están comprendidos dentro del sector público y por lo tanto no les corresponde el aumento salarial otorgado para los empleados de la actividad privada. Así se desprende del dictamen 218 emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del máximo organismo laboral de la nación, que interpretó que los empleados del Consorcio Vial Nº 9 no se encuentran comprendidos en los decretos presidenciales que dispusieron los aumentos de más de 200 pesos para los trabajadores privados. La resolución del Ministerio de Trabajo parece poner punto final a la discusión abierta desde hace un año entre empleadores y empleados. A la vez el dictamen echa por tierra las pretensiones de los trabajadores que reclamaban el pago de los aumentos establecidos para la actividad privada. Desde inicios del año pasado los empleados y las autoridades del consorcio mantienen una puja por los incrementos salariales. El debate surgió debido a que el régimen laboral del peaje es un híbrido entre público y privado. Al respecto vale recordar que el Consorcio que controla el peaje de las rutas provinciales 6 y 70 está conformado por los municipios de Rafaela y Esperanza y algunas comunas de la región. El Consorcio fue conformado con la forma de una empresa privada, que funciona de manera autárquica, dentro de la esfera pública. A la vez, la relación laboral que mantiene con los empleados no se ajusta a las normativas del empleo público provincial o comunal, sino que se rige por las normativas que regulan al empleo privado. De hecho la mayoría de los trabajadores están inscriptos como empleados de comercio. De ahí que en el debate participa el Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Este cruce de los ámbitos público y privado dio lugar a un conflicto que las partes intentaron dirimir ante la autoridad laboral de la provincia: los empleados sostenían que estaban comprendidos en los decretos que disponen los aumentos salariales y las autoridades del consorcio aseguraban que no. Un primer dictamen de la Secretaría de Trabajo Delegación Esperanza le dio la razón al Consorcio. La resolución fue recurrida y luego la Secretaría de Trabajo de la provincia revisó el dictamen anterior y resolvió que los trabajadores estaban comprendidos en los decretos presidenciales y por lo tanto les correspondía el mismo aumento salarial. Ante ello el consorcio recurrió ante el Ministerio de Trabajo de la nación para que analice la situación y se expida al respecto. La máxima autoridad laboral, última instancia administrativa que se puede expedir al respecto, dictaminó a favor del consorcio. La doctora Graciela Vilas, directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera Laboral, consideró que el consorcio del peaje se encuentra comprendido en el "sector público" y por lo tanto queda excluido del ámbito de aplicación de los decretos 1273/01, 1371/02 y 2641/02. Vilas también consideró que la Secretaría de Trabajo de la provincia no debió intervenir en la interpretación de los decretos por tratarse de una normativa de competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. La funcionaria nacional expresó al respecto que la Secretaría provincial "ha emitido un acto arrogándose competencias de las cuales carece". La posición del Consorcio Al referirse al dictamen, Mauricio Weibel, gerente del Consorcio Vial, dijo que la resolución reafirma la posición de las autoridades del peaje. "Nuestra postura siempre fue uniforme y firme: el pago no corresponde y con este dictamen se reafirma lo que siempre sostuvimos", dijo Weibel en diálogo telefónico con CASTELLANOS. – ¿Cómo queda ahora la situación con los empleados?, consultó un periodista de este diario. – Nosotros entendimos que no correspondía el pago del aumento pero como veíamos que hacía un año y medio que veníamos con este conflicto y que los salarios habían quedado un poco rezagados respecto de la situación de la economía argentina, decidimos hacer una propuesta intermedia. Nosotros veníamos pagando algo a cuenta de futuros aumentos y decidimos compensarlo con esa cuenta de acuerdo a las categorías. – Pero ese convenio no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. – Todavía no está homologado y el gremio pone trabas para que no se homologue. – ¿A qué se refiere cuándo dice que el gremio pone trabas? – Porque el gremio no quiere que se homologue y por lo tanto está tratando de hacer lo imposible para que no salga. Ahora queremos ver qué decisión va a tomar el gremio en relación a este dictamen. La postura nuestra sigue siendo la misma de siempre: el pago no corresponde. El dictamen del Ministerio de Trabajo reafirma nuestra postura. – ¿El consorcio mantendrá en pie los convenios por aumentos que firmaron algunos empleados? – Sí, esos convenios siguen en pie. – ¿Qué va a pasar con los empleados que no firmaron los convenios? – Esas son decisiones que se van a tomar en el comité de administración del consorcio. – ¿Habló con los representantes gremiales acerca de este dictamen del Ministerio de Trabajo? – No, el gremio no se comunicó y nosotros tampoco. El jueves teníamos una audiencia que fue suspendida a la espera de que llegue este dictamen porque nosotros seguíamos en la postura firme de que no correspondía el pago y ellos tenían su postura de cobrar. Por eso hasta conocer el dictamen la Secretaría de Trabajo no homologaba ningún convenio. Si desde la nación se decía que teníamos que pagar todo se iba a resolver de esa manera, pero este dictamen nos da la razón y cambia todo. – ¿No es una contradicción que sean empleados de un ente público y a la vez estén dentro de un régimen de empleo privado? – El corredor vial no es el único caso, hay otros entes públicos que tienen personal contratado bajo el régimen de la ley 20744, como creo que es el caso de los Samcos. Este caso va a servir de jurisprudencia para varios entes públicos que tienen personal contratado y que también podrían llegar a tener conflicto por el tema de los aumentos. La situación del corredor vial está fijado por estatuto aprobado por decreto del Poder Ejecutivo provincial. Nosotros nos manejamos por el estatuto. – Este conflicto desató situaciones de tensión entre los empleados y las autoridades del consorcio. ¿Cómo está la relación con los trabajadores? – Desde un primer momento, desde que asumí en diciembre y luego con la asunción del nuevo gerente de la parte técnica, tratamos de separar por un lado la negociación salarial y por otro la cuestión laboral y los objetivos del corredor vial, que son los de mantener y mejorar la ruta. Tratamos de separar los temas y que los empleados cumplan con la cuestión laboral y los objetivos del corredor mientras en forma paralela se negociaba por los aumentos salariales. Cada uno tiene la obligación de cumplir su tarea y en ningún momento se apretó a nadie para que se firme este convenio".