Asociaciones de prensa contra el “corralito” periodístico

La Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) y el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) rechazaron enérgicamente el “Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística” presentado en Tucumán por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y que fue elaborado conjuntamente por Adepa y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

A través de un comunicado, la APSF y el SPR, afirman que si bien el referido protocolo “invoca tratados y declaraciones internacionales con rango constitucional que resultan indiscutibles, de estos instrumentos, como de los conceptos de democracia, libertad de expresión y derecho a la información, tolerancia y diálogo, pueden hacerse una utilización e invocación corporativa, elitista y maliciosa”.
El texto advierte luego que “el mismo ministerio que elaboró el «protocolo antipiquetes», por el que criminaliza la protesta social y les dice a los periodistas desde dónde realizar las coberturas, qué mirar y registrar, reservándoles un «corralito» para realizar su trabajo, limitando la libertad de expresión y el derecho a la información, es el que hoy anuncia que podremos recurrir a él ante situaciones de riesgos, amenazas y violencia que ocurran en la tarea profesional”.
Luego afirma que “los trabajadores de prensa son ignorados e invisibilizados por esta pomposa construcción en la que participan las empresas de la comunicación nucleadas en Adepa y a la que se suma Fopea, ambas irrepresentativas de los intereses y necesidades de los trabajadores y de la sociedad a estar informada”.
Según el documento, “quien propone el protocolo es el mismo gobierno que atacó la ley de servicio de comunicación audiovisual en puntos neurálgicos relacionados con la limitación al monopolio, quien quería penalizar a los periodistas que dieran a conocer algún dato que surgiera a partir de la norma conocida como ley de blanqueo y el que ha provocado, por acción y por invitación a los empresarios, la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo en el gremio de prensa”.
“Este protocolo —sigue el texto— pretende ignorar que la mayor capacitación, conocimiento del contexto y provisión de las condiciones y elementos de trabajo adecuadas reducen los riesgos en situaciones de conflicto. Cuando no sea así, los trabajadores de prensa deben concurrir a la Justicia, nunca a la Policía ni a otras fuerzas de seguridad”.
Agrega: “Adepa y Fopea se arrogan la capacidad de constitución de la Comisión de Riesgos de la Actividad Periodística y la capacidad de calificarlos de acuerdo al armado de una matriz de riesgo. Hablan de las situaciones ocurridas en Méjico o Colombia para instaurar el imaginario y la mentira acerca de que en la Argentina se vive la misma situación respecto del narcotráfico, pero se olvidan de recordar los muertos, entre ellos periodistas, que ahí generó la mano dura del Estado”.
“Por todo esto, los trabajadores de prensa nucleados en la APSF y el SPR no quieren que los cuiden los mismos que los reprimen, que atacan el pluralismo informativo y la multiplicidad de voces mientras despiden y precarizan a quienes día a día buscan y producen la información para entregarla a la sociedad”, finaliza el documento.