Astiz continuará detenido por la causa Esma

El ex capitán de fragata Alfredo Astiz quedó ayer detenido por quinta vez, por orden del juez federal Sergio Torres, por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. Torres también ordenó arrestar a otros doce marinos retirados y a dos ex prefectos navales que, tras haber sido procesados a principios de los años 80 por la Cámara Federal porteña por 103 desapariciones, fueron beneficiados por la aplicación de las leyes de punto final y de obediencia debida entre 1987 y 1988. La reciente anulación de las leyes exculpatorias disparó, sin embargo, la reactivación de las causas sobre los delitos cometidos en la ESMA ("causa 761") y los ocurridos bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército ("causa 450"). Tras la excusación de su par María Romilda Servini de Cubría, Torres asumió la causa 761 y apuntó a los marinos entonces procesados. A éstos les reimpuso ayer el procesamiento, además de habilitar la eventual elevación de la causa a juicio oral. "Considero que el dictado de la ley 25.779 (que declaró "insanablemente nulas" las leyes exculpatorias) retrotrae sus situaciones a las que revestían con anterioridad a la vigencia de la ley 23.521 (de obediencia debida), por lo que cada uno de ellos se encuentra indagado y con su situación procesal resuelta." Torres requirió así al ministro de Defensa, José Pampuro, que "con carácter muy urgente" detuviera a Astiz, sobre quien también pende una orden de detención librada por el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, por el pedido de extradición presentado por Francia, por el asesinato de las monjas Léonie Duquet y Alice Domon. Torres también pidió detener a los marinos (RE) Jorge Acosta, Humberto Barbuzzi, Carlos Capdevilla, Carlos Carella, Luis D´Imperio, Adolfo Donda Tigel, Manuel García Tallada, Oscar Montes, Antonio Pernías, Enrique Scheller, José Antonio Suppisich y Jorge Vildoza, y a los integrantes (RE) de la Prefectura Naval, Héctor Febres y Juan Antonio Azic. Astiz se presentó en el Edificio Libertad poco después del mediodía, donde quedó detenido. Otros dos reprocesados ya estaban arrestados a la orden de la justicia federal -El Tigre Acosta y Febres-, por su presunta participación en la sustracción sistemática de bebes y menores. Otros cuatro marinos requeridos están muertos, según los informes preliminares obrantes en Comodoro Py. Se trata de Barbuzzi, Carella, D´Imperio y Suppisich. En tanto que Vildoza figura prófugo de la Justicia desde los años 80, por lo que Torres lo declaró "rebelde" y ordenó su captura. EMBARGOTodos los marinos citados en la requisitoria judicial están acusados por desapariciones forzosas, lesiones, torturas y muertes, por lo que se dispuso trabarles un embargo de $ 38 millones a cada uno. Torres prevé, además, ampliar sus procesamientos a otras 23 desapariciones por las que no se había definido su situación procesal antes de la aplicación de las leyes exculpatorias. "Obsérvese que algunos de ellos (los reprocesados) se encuentran interrogados por hechos de los cuales no han sido analizados al momento de resolvérseles las prisiones preventivas o bien se halla su situación procesal dispuesta, sin haber indagado previamente", explicó. El juez tampoco prevé sumar nuevos imputados a la causa. "Hay 103 delitos en los que la investigación ya está encauzada, pero hay cerca de otros 180 hechos por los que se dio vista al fiscal para que instruya la causa", precisó una fuente judicial. El fiscal Eduardo Taiano deberá instruir la investigación para determinar, en particular, qué ocurrió con 189 personas que estuvieron detenidas en la ESMA de manera ilegal, de las que en ciertos casos sólo se sabe su nombre de pila o un apodo. A tal fin, Torres ordenó librar oficios a los juzgados federales para recabar información sobre posibles denuncias sobre la desaparición o privación ilegítima de la libertad de esas 189 personas. También ofició a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia para que informen qué datos tienen al respecto, al igual que al Estado Mayor de la Armada y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Torres excluyó del listado, sin embargo, a los almirantes (RE) Antonio Vañek y Julio Torti, indultados por el gobierno de Carlos Menem, y a Emilio Massera, quien ya fue juzgado y condenado en el juicio a las Juntas (en la llamada "causa 13") por estos delitos. La otra investigación penal sobre violaciones a los derechos humanos reactivada por la Cámara Federal -sobre el Primer Cuerpo de Ejército- quedó relegada. El juez Norberto Oyarbide analiza desde ayer si acepta el expediente o lo devuelve a Servini de Cubría, quien lo rechazó porque su marido es militar retirado. INDULTOSLa sesión especial prevista en la Cámara de Diputados para declarar la "nulidad insalvable" de los indultos firmados por Carlos Menem fracasó ayer por falta de quórum. La bancada justicialista se negó a avalar la nulidad del perdón que benefició a militares implicados en violaciones a los derechos humanos, a carapintadas y a los máximos responsables de la Guerra de las Malvinas.