ASTÍZ ESCUCHÓ LAS ACUSACIONES Y SE QUEJÓ POR EL EMBARGO

El ex marino Alfredo Astiz llegó a los Tribunales de Retiro a las 7.30. Bajó del Peugeot 405 verde en el que lo habían trasladado desde enfrente —el Edificio Libertad, sede de la Armada— y una hora después se enteró oficialmente de qué está acusado. Con traje y sin esposas, rompió las formalidades una única vez: para quejarse ante el secretario de la causa por el embargo de 5 millones de pesos que le fijó el juez.

Sergio Torres había ordenado su captura el martes, igual que la de otros catorce represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A las 9, el ex capitán fue subido de nuevo al Peugeot de la Marina, que hizo 150 metros por la avenida Comodoro Py y lo dejó otra vez en lo que es —por ahora— su prisión.

La detención de Astiz, la quinta desde la caída de la dictadura militar, se produjo 15 días después de su última liberación. “Gustavo Niño” o “Angel Rubio” —algunos de sus apodos— había estado preso entre el 24 de agosto y el 1º de setiembre pasados por un pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón. La acusación es siempre la misma: las graves violaciones a los derechos humanos en la ESMA; sólo que entre 1986 y 1987 había sido beneficiado por las leyes del perdón y ahora, desde la anulación resuelta por el Congreso, debe responder por esos crímenes.

Cuando la causa ESMA se cerró, Astiz ya estaba procesado por cuatro casos de torturas, desapariciones u homicidios; ése es el procesamiento que sigue pesando sobre él y que tarde o temprano lo llevará a un juicio oral. Por otros trece hechos, el ex capitán ya fue interrogado, aunque su situación no se llegó a resolver por la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Y por cinco más, la investigación aún está pendiente.

Ayer Astiz fue recibido en el cuarto piso de los Tribunales por uno de los secretarios de Torres, Diego Slupsky; no lo atendió el juez en persona porque el trámite consistió simplemente en la notificación de la acusación en su contra. También se le designó un defensor oficial: Silvia Otero Rella, según informó la Defensoría General de la Nación.

Su llegada al Juzgado Federal Nº 11 fue por un ascensor lateral, semiescondido. A esa hora el edificio estaba casi vacío. Si lo reconocieron en algún pasillo, nadie le hizo ningún comentario a la entrada ni a la salida.

Después de Astiz, se presentaron los ex represores Jorge “Tigre” Acosta y Héctor Febres, ambos ya detenidos en la causa por el robo sistemático de bebés. A partir de las 2 de la tarde, Slupsky cumplió la misma diligencia con el ex médico del Ejército Carlos Capdevilla y con los ex marinos Adolfo Donda, Manuel García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías y Raúl Enrique Scheller.

Sobre otros cuatro ex militares con pedido de captura (Humberto Barbuzzi, Carlos Carella, Luis D’Imperio y José Suppicich), ayer se le informó al juez que están muertos. Acerca de Juan Azic, que el 24 de julio intentó suicidarse, se le comunicó que está internado en una clínica neuropsiquiátrica. Y sobre Jorge Vildoza, que sigue prófugo.

Torres les fijó embargos a los nueve detenidos. Por la gran cantidad de acusaciones en su contra, el más alto es el de Montes: 34 millones de pesos. Esta medida impide que los acusados dispongan de sus bienes, porque podrían servir para indemnizar a las familias de las víctimas en eventuales juicios civiles.

La mayoría de los procesados va a quedarse en el Edificio Libertad. Pero según advirtieron fuentes judiciales a Clarín, el lugar de detención podría ser modificado en la medida en que se verifique que ya no tienen el grado militar. Astiz, por ejemplo, fue destituido en 1998, después de reivindicar la dictadura militar y la tortura en una entrevista periodística.

Sin embargo, la rutina del ex marino tiene un viaje en agenda; destino: Bahía Blanca. El viernes a la mañana, el juez federal de esa ciudad Alcindo Alvarez Canale va a informarle que él también pidió su captura por un pedido de extradición de Francia.

Como ese país admite los juicios en ausencia de los imputados, en marzo de 1990 Astiz fue condenado allí a prisión perpetua por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. También Suecia e Italia pretenden hacer declarar a Astiz en sus tribunales por delitos contra ciudadadanos de esa nacionalidad.

En la causa que investiga Torres, el siguiente paso va a ser la opinión del fiscal, Eduardo Taiano. Tiene que dictaminar si cree que Astiz y los demás militares deben ir a juicio por los hechos que la Cámara Federal porteña dio por probados en los años ochenta. Luego será el turno de los defensores.