Asuntos Hídricos bajo la lupa

El diputado provincial Antonio Bonfatti (PS) presentó un proyecto de Pedido de Informe donde solicita que se brinde información acerca de diferentes puntos que hacen a la actuación del Ministerio de Asuntos Hídricos de la provincia.Bonfatti pide que se dé a conocer la norma jurídica que le otorga competencia al Ministro de Asuntos Hídricos para entender en cuestiones de deslinde del dominio público provincial, que se diga cuáles son los artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil que establecen que la ribera del río es del dominio público de la provincia, y que se mencione cuál es la norma jurídica que le otorga competencia al ministro de Asuntos Hídricos para entender en cuestiones relativas al camino de sirga. Esto es una restricción y límite al dominio privado vinculado exclusivamente a las necesidades de la navegación, de la flotación y de la pesca, “y nos interesa que se informe sobre en cuál de esas tres actividades tiene competencia el Ministerio de Asuntos Hídricos”, dijo el legislador. “Sin perjuicio de la claridad del texto legal aprobado por esta Legislatura,” dijo el diputado socialista “las recientes noticias periodísticas dan cuenta de una frecuente actuación del señor ministro Alberto Joaquín en materias que son notoriamente ajenas a su cartera, afectando jurisdicciones y dominio extraños a sus facultades. En un Estado de Derecho, las atribuciones de los funcionarios se ciñen a las normas habilitantes, fuera de las cuales su accionar carece de toda validez jurídica, avanzándose en el campo de la ilegalidad, con los consecuentes efectos que ello arrastra, personalmente sobre quien así procede, e institucionalmente sobre la provincia” enfatizó el legislador.El proyecto también contempla que se informe si la afirmación del ministro acerca del dominio provincial sobre el balneario La Florida se fundamenta en algún dictamen u opinión legal de un servicio jurídico dependiente de la Administración Provincial. En su caso, que se acompañe con una copia, además que se informe la vinculación que encuentra el funcionario del área entre la problemática del cobro de un derecho de acceso al balneario La Florida de la ciudad de Rosario y las políticas provinciales en materia de aguas. También se solicita que se informe la norma jurídica que le otorga competencia al ministro de Asuntos Hídricos para entender en cuestiones relativas a la fijación de límites interprovinciales.Bonfatti dijo también que “los medios recogieron recientemente anuncios de Joaquín referentes a que la provincia “colocará mojones para delimitar dónde comienza el espacio de dominio público en la costa rosarina”, afirmando además que el denominado balneario La Florida es de dominio público provincial, pretendiendo dar apoyo a sus tesis en vagas referencias a la Constitución Nacional y el Código Civil. Más allá de que tales afirmaciones han carecido del más mínimo sustento jurídico en cuanto al fondo de la cuestión, es notoria la ajenidad de la cuestión abordada a las competencias de su cartera. También, hace pocos días, frente al hecho del cerramiento de unos lotes en el denominado “banquito”, como popularmente se designa al islote emergido en el río Paraná frente a la ciudad de Rosario, el ministro en cuestión afirmó que el mismo “es santafesino”, y aseguró que “se volverá a pelear” por la propiedad del mismo.”El diputado finalizó diciendo que “frente a la notoria incompetencia del ministro de Asuntos Hídricos, las posiciones fijadas no son más que posiciones personales o políticas fundadas en meras opiniones, no obstante lo cual cabe esperar que un ministro provincial, en el momento de pretender fijar políticas que comprometan a la provincia, cuente con un mínimo conocimiento del plexo legal aplicable, que le fuera adecuadamente explicitado por asesores jurídicos. Ello no parece ocurrir en los casos de mentas, en que un Ministerio incompetente pretende tomar posiciones generadoras de potenciales conflictos –con la Municipalidad de Rosario, con la provincia de Entre Ríos y con particulares– argumentando en base a laxas citas legales, sin contar con el apoyo –por lo menos explícito– de la opinión fundada de los servicios jurídicos de la Administración.