ATACAN AL JUEZ QUE PROCESÓ A PEDRAZA

El camarista Alberto Seijas, uno de los que firmaron el viernes pasado el fallo por el cual el secretario general del gremio ferroviario José Pedraza quedó procesado por una presunta estafa por más de 34 millones de pesos, fue atacado a golpes en su casa de Villa del Parque, donde le robaron 3000 pesos tras amenazar a su familia.

Allegados del magistrado dijeron a LA NACION que creen que se trata de un hecho de robo que se tendrá que esclarecer, sin ninguna otra connotación, pues sólo habían pasado tres horas desde que se firmó el fallo hasta la agresión.

El episodio ocurrió el viernes último, entre las 17 y las 18, en la casa donde vive el juez con su familia, en unos dúplex adosados en la calle José Pedro Varela.

Allí, aprovechando el ingreso de la empleada doméstica de la familia, entraron tres hombres armados. Dos de ellos apuntaron con armas a la esposa del magistrado, a la mucama y a una de las hijas. Un tercero se introdujo en el escritorio, donde estaba el magistrado. Lo amenazó y le exigió el dinero. Sin ofrecer resistencia, el juez le entregó 3000 pesos que había en el hogar, pero el ladrón se ensañó con él.

Con golpes precisos en la cabeza y el rostro, lo castigó, a punto tal que tuvo que ser asistido en la guardia de un hospital debido a un corte en el labio. Extrañamente, no aceptó la oferta del magistrado de llevarse joyas o de ir al cajero automático. Le preguntaron dónde estaba la caja fuerte, pero no había ninguna en la casa.

“Quedó muy golpeado”, dijo ayer a LA NACION un allegado del juez Seijas.

Los otros dos delincuentes quedaron al cuidado del resto de los habitantes de la casa, excepto una de las hijas, que logró refugiarse en la planta alta, sin ser advertida.

El caso es investigado por la comisaría de la zona y por el fiscal Martín Niklison.

Seijas había sido el juez que elaboró el voto al que adhirieron sus colegas de la Cámara del Crimen Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González, por el cual se procesó a Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria (UF).

La maniobra que se le imputa a Pedraza consiste en haber desviado dinero que el sindicato les descontaba a sus afiliados en forma compulsiva, en concepto de seguro de sepelio.

Según el expediente, con los recursos recaudados por esta vía los directivos de la UF formaron en 1980 un fondo de sepelio que originalmente manejaron ellos mismos y cuya administración delegaron, desde 1987 en adelante, a una entidad mutual, que, a su vez, subcontrató a una empresa aparentemente fantasma.

Los camaristas procesaron también a Adolfo Argüello, predecesor de Pedraza al frente de la UF; a cuatro integrantes de la mutual contratada, Horacio Amigo, Adriana Suárez y Pedro y Susana Romano, y a dos miembros de la empresa subcontratada, Jorge Caamaño y David Zaslavsky.