Auditarán a los fiscales que pidieron intervenir el teléfono de Pullaro

María Laura Martí y Roberto Apullán podrían afrontar una causa penal y una investigación administrativa. Sería ilegal la medida solicitada.

La orden de intervenir el teléfono del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro activará una denuncia penal y una investigación administrativa para determinar si esa petición de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí fue o no legal. Para el gobierno provincial y la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las dos cuestiones son indudables: no hubo motivación para pinchar la línea de Pullaro y la acción fue ilegal, lo que incluye la aparente acción engañosa de una fiscal de esconderle al juez que solicitaba la escucha de un ministro.

La situación entraña una fuerte controversia política porque los dos fiscales que serán investigados fueron apartados de la causa en la que se investigaba al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Adrián Rodríguez, por maniobras con el pago de horas extras (Ospe). En el marco de esa causa fue que los fiscales detectaron una escucha en la que Rodríguez hablaba con Pullaro sobre el concurso de ascenso a director general de policía en la que el ministro le dice: “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”. Eso movilizó en Apullán el impulso de imputar a Pullaro por cohecho pasivo. El fiscal regional santafesino Carlos Arietti desautorizó a que tomara ese camino porque entendió que con esa frase no se podía inferir existencia de tal delito. Luego apartó a Apullán y a Martí de esa causa pero estos, según el MPA, retuvieron el expediente durante 14 días, sin ninguna justificación, cuando el fiscal Ezequiel Hernández ya había sido designado para sucederlos.

Pullaro denunció a los fiscales convencido de que actuaron ilegalmente porque él no cometió delito y que le pincharon su teléfono sin motivo. Esto implicará la apertura de un legajo penal contra Apullán y Martí que no podrá ser investigado por sus pares de la fiscalía regional de Santa Fe y que puede recaer en un fiscal de la regional de Rafaela.

Además ya hay tres acciones administrativas hacia los fiscales por parte de la auditora general de gestión del MPA María Cecilia Vrancich, que tiene que establecer primero si los admite y luego si hubo incumplimiento funcional, lo que es una falta grave que puede ser causal de sanción o de destitución. La primera la presentó el intendente de Santa Fe, José Corral, a raíz del allanamiento que Apullán ordenó a la sede municipal el 10 de octubre por supuesta malversación de fondos. Lo que Corral pide es que la auditora indique si ese operativo con dos decenas de efectivos pertrechados, realizado a pocos días de las elecciones, según subraya el intendente, era necesario, dado que podía cautelar los contenidos informáticos con un aseguramiento de pruebas sin necesidad de allanar.

La segunda acción es porque Apullán siguió impulsando una causa de la que había sido apartado el 12 de octubre por su superior Arietti, al punto de llevarle en persona, 14 días después de su corrimiento, una citación al abogado de Rodríguez para la audiencia imputativa contra el comisario, que se suspendió. En la conducción del MPA creen que no entregaron la causa para ganar tiempo a fin de acceder a las escuchas de Pullaro, que fueron ordenadas el 30 de septiembre, y que sospechan fueron filtradas por alguno de ellos.

Situación complicada

La que más complicada luce es Martí, porque fue ella quien pidió las escuchas de cinco usuarios de celulares, el de Pullaro entre ellos, que autorizó el juez Nicolás Falkenberg. El Colegio de Jueces de Santa Fe y el propio Falkenberg defienden la legalidad de haber autorizado intervenir una línea cuyo usuario no estaba identificado —lo que es un avance extraordinario sobre una garantía constitucional cuya suspensión exige recaudos bien fundados— por algo que les dice la fiscal Martí. Esta aduce urgencia porque se estaban cometiendo aparentes delitos para definir ascensos en la policía y que los que lo cometían podían entorpecer la investigación. Pero remarcan que la fiscal afirma desconocer la identidad de los titulares de la línea. El propio Falkenberg se lo dijo ayer a LT10: “No sabía que el teléfono intervenido era de Pullaro. No sé si la fiscal lo sabía o no lo sabía. (…) Si se conoce algo así se tiene que informar. Tratándose de alguien que ejerce una magistratura tan alta esto no es irrelevante”, señaló.

El MPA indica que los fiscales sí sabían, por tres motivos. El primero es que un policía de Asuntos Internos que efectuaba las transcripciones de las escuchas, que será citado a prestar testimonial, les comunicó que quien aparecía en el diálogo con el comisario Rodríguez en junio pasado era Pullaro, lo que consta en el legajo, con el nombre del ministro identificado desde junio. El segundo es que en la grabación la voz del ministro, que es de notoriedad pública, es clara. El tercero es que Rodríguez lo llama “ministro”. En la fiscalía general hay convicción de que, al ser esto así, surge un delito de falsedad ideológica contra el juez Falkenberg por omitirle ese dato esencial que Martí manejaba y tenía la obligación de comunicar. “Es indudable que cualquier juez que hubiera sabido que estaban pidiendo intervenir el teléfono del ministro de Seguridad habría reforzado las precauciones para autorizar una escucha por el tipo de asuntos que un funcionario de esa jerarquía trata”, indicaron en la cúpula del MPA.

El problema que persiste es menos jurídico que político, porque campean las sospechas de que el MPA generó el corrimiento de Apullán y Martí para evitar que siguieran investigando a un ministro que, cuanto menos, tuvo expresiones impropias de su función, aunque no constituyen delito. Que haya sido en una conversación privada, donde su interlocutor estaba siendo escuchado legalmente, no agotará las suspicacias, ni las valoraciones dispares que harán los ciudadanos. También porque Pullaro dice en una escucha posterior que Arietti le había dicho que no citarían a funcionarios policiales hasta después de las elecciones, lo que genera una idea de inaceptable conexión entre gobierno y MPA.

La fragilidad política en la que queda Pullaro al trascender la escucha corre por un andarivel cierto. Pero Apullán y Martín deberán explicar en dos niveles —penal y administrativo— por qué retuvieron una investigación quince días sin tener justificación y si pidieron escuchas de un ministro a sabiendas de quién era y negándole tal información al juez. Escuchas que luego de obtenidas de ese modo terminaron algunas de ellas filtradas a la prensa. En el legajo entregado al fiscal sucesor, Ezequiel Hernández, las fojas con los motivos por los que se piden las escuchas a la línea de Pullaro, según fuentes del MPA, están desagregadas.

Un temerario aspecto develado en este caso es la ligereza con la que en Santa Fe pueden afectarse garantías relativas a la intimidad de cualquier ciudadano. Pasó hace tres meses, cuando el destituido fiscal Fernando Rodrigo obtuvo autorización judicial para escuchar por motivos ajenos a cualquier delito a su novia y tres personas allegadas a esta. Ahora ocurre contra el ministro de Seguridad, sobre quien, pese a sus inapropiadas afirmaciones por las que pagará costos políticos, no hay indicio de comisión de delito. El especialista en seguridad Alberto Binder asegura que la endeblez en los resguardos para que se accedan a escuchas facilita la capacidad de franjas con poder que utilizan estos mecanismos para extorsionar, condicionar o sacar de carrera a sectores políticos, gremiales o empresariales. Algo que va mucho más allá de este caso. Pero que nace de la forma superficial con la que se define algo tan excepcional como las intervenciones telefónicas, manejadas por sectores de inteligencia y policías, que en base al uso abusivo de estas herramientas pueden tener capacidad tanto de gobernabilidad como de desestabilización política.