AUMENTAN EL GASTO PÚBLICO EN MÁS DE 6.000 MILLONES

El gobierno de Néstor Kirchner dispuso la semana pasada, en medio de su batalla contra la inflación, un aumento del gasto público de 6074 millones de pesos en el presupuesto de este año, y las mayores partidas se destinaron a los ministerios de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, y de Trabajo, que dirige Carlos Tomada.

En Planificación el incremento total será de 1094 millones de pesos (18% por sobre lo que tenía), en tanto que en Trabajo se suman 1616 millones (26,6 por ciento).

También se agregarán 1258 millones (20,7%) a otra partida, conocida como Jurisdicción 91-Obligaciones a cargo del Tesoro, por la cual se transfieren fondos a las provincias.

El Gobierno fundamentó el aumento del gasto en la necesidad de cumplir con medidas que ya había anunciado, como aumentos de salarios, jubilaciones y otros beneficios para los más necesitados.

En pleno combate contra el alza de los precios, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se había enfrentado a Kirchner y a De Vido porque pedía una restricción en el gasto estatal, especialmente en el área de obras públicas. Procuraba así restringir la demanda con el fin de enfriar la presión inflacionaria. Ese debate ocurrió en los días previos a la renuncia de Lavagna, que se produjo el lunes 28 del mes último. El ex ministro llegó a denunciar incluso supuestos “sobreprecios” en recientes licitaciones de obras viales, que fueron suspendidas.

Por esos mismos días se instrumentó el aumento del gasto en cuestión, mediante el decreto de necesidad y urgencia 1466/05 y la decisión administrativa 780/05. Curiosamente, ambas normas llevan fecha del 28 de noviembre y fueron firmadas por el propio Lavagna, el mismo día de su renuncia.

En el caso del decreto, también fue rubricado por Kirchner y por todo el gabinete, en tanto que la decisión administrativa sólo lleva las firmas de Lavagna y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Otra particularidad reside en que el aumento del gasto se financiará con excedentes tributarios originados en la buena recaudación por el crecimiento de la economía. Lavagna había anunciado más de un mes antes de irse, como parte de su plan antiinflacionario, que de ahora en más los excedentes no se gastarían, sino que irían a constituir un fondo anticíclico en una cuenta indisponible del Banco Nación. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía, que aún están en funciones y que venían de tiempos de Lavagna, aseguraron a LA NACION que “el fondo anticíclico se anunció luego de que se decidieron todos estos ajustes de presupuesto, incluidos los de Planificación”.

Y agregaron que “el mismo Lavagna los firmó. No es que se están desviando recursos del fondo anticíclico para aumentar el gasto”.

Empero, no se descarta que esta expansión en el gasto público pueda haber sido una parte del debate dentro del gabinete y que Lavagna haya firmado esos decretos a desgano.

Otras fuentes del Gobierno aseguraron ayer a LA NACION que, si bien su creación se había anunciado hace más de un mes, el fondo anticíclico aún está vacío y comenzará a sumar recursos a partir del mes próximo.

Los voceros de Lavagna y de Alberto Fernández no respondieron a las llamadas que LA NACION hizo para evacuar dudas al respecto.

Blanqueo

Desde la oposición, en tanto, el diputado Claudio Lozano, de CTA, señaló a LA NACION que este aumento del gasto público es en realidad “una forma de blanquear recursos excedentes que no estaban presupuestados, para luego poder pasarlo a rentas generales y, si no se gastan, poder tenerlos en caja para usarlos el año próximo”.

Desestimó que ese gasto sea inflacionario “porque es mucho menor que la recaudación” y “por lo tanto hay superávit”.

En las normas de marras, el Gobierno fundamentó el aumento del gasto en la necesidad de atender los mayores costos derivados de medidas adoptadas en los últimos meses: los aumentos salariales para el personal de distintos escalafones del sector público, en las jubilaciones mínimas y en la elevación de 2025 a 2600 pesos del tope máximo para poder percibir asignaciones familiares.

También adujo en sus considerandos que debe reforzar jurisdicciones que no cuentan con recursos suficientes para atender compromisos asumidos.

Los fondos adicionales en cuestión representan un aumento del 7,7% del presupuesto vigente hasta el 31 de octubre último, que entonces ascendía a 85.192 millones de pesos.

Por medio de la decisión administrativa 780/05, los gastos se incrementaron en 2422 millones de pesos. En virtud del decreto 1466/05, en tanto, se incorporaron 3652 millones a esos créditos.

Más allá de los aumentos de las partidas en Planificación, Trabajo y Obligaciones del Tesoro, el resto del aumento de 6074 millones de pesos que se adicionarán al presupuesto que está por terminar se repartió en las áreas de Defensa (319 millones; aumenta un 5,3%), servicios de la deuda (695 millones; 11,4%), Desarrollo Social (168 millones; 2,8%), Salud (213 millones; 3,5%), Educación (283 millones; 4,7%), Economía (67 millones; 1,1%), Justicia (14 millones; 0,2%), Cancillería (48 millones; 0,8%), Ministerio del Interior (232 millones; 3,8%), Presidencia de la Nación (23 millones; 0,4%) y Poder Legislativo (42 millones; 0,7%).