AUMENTARÁ EL CONTROL SOBRE LAS PRIVATIZADAS

El Gobierno estudia la creación de un Superente de Control de las empresas privatizadas, para aumentar la supervisión sobre las inversiones y la calidad de la prestación de los servicios públicos.

Este organismo funcionaría como una entidad autárquica y entre sus integrantes habría representantes del poder político, que también controlarán el accionar de los entes de control sectoriales, que quedarán subordinados a la nueva estructura.

También estaría integrado por representantes del propio Gobierno. Además, se sumarán a la conducción dirigentes de las asociaciones legalmente inscriptas que representan a usuarios y consumidores.

Otros miembros del organismo serán los representantes de las provincias donde las compañías manejan la concesión de servicios púbicos. Involucrará a la provisión de agua, gas, electricidad, telefonía, correos y aeropuertos, entre otros.

La creación del Superente de Control surge del proyecto de Régimen Nacional de Servicios Públicos, cuyos lineamientos principales adelantó Clarín en exclusiva la semana pasada. Este documento se evalúa al máximo nivel de la Casa Rosada.

El Presidente Néstor Kirchner mantuvo una hermética reunión de trabajo sobre este tema con tres ministros: el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el de Planificación, Julio De Vido, y el de Economía, Roberto Lavagna.

Este diario confirmó que durante ese encuentro —que se realizó la semana pasada— se evaluó específicamente la creación del Superente de Control de las Privatizadas.

El trío de ministros expuso ante el Presidente las ventajas y desventajas de ese punto del proyecto que servirá de marco general para la renegociación de todos los contratos de servicios públicos concesionados. Todavía no se adoptó la última palabra porque existen diferencias entre Planificación y Economía, aún no zanjadas. El Palacio de Hacienda tiene una actitud más negociadora que la que vino presentando Julio De Vido respecto de las privatizadas.

Por ejemplo, Lavagna insistió con su estrategia de autorizar un aumento a cuenta de futuros retoques tarifarios para encaminar las discusiones con las empresas. El ministro quiere cumplir con la promesa hecha desde hace un año al Grupo de los 7, que representa a los países más industrializados cuyas empresas invirtieron en la Argentina.

Pero el criterio que fue ratificado en la reunión con Kirchner fue el siguiente: avanzar con la revisión de los contratos y flexibilizar lentamente las tarifas.

El Régimen Nacional de Servicios Públicos establece las nuevas normas que deberán cumplir las empresas privatizadas y se detallan los compromisos sobre cómo se deben ofrecer los servicios esenciales a la población.

En cuanto a los criterios básicos que debe tener la futura política tarifaria, incluye la definición de tarifa social para los carenciados. Y fija como pauta general que se debe apuntar a “la tarifa más baja posible”.

Ese documento, en su artículo 35 y bajo el subtítulo “Creación de organismos de control”, precisa: “Todo servicio público debe quedar comprendido en el marco de competencia de un Organismo de Control configurado por Ley de la Nación como entidad autárquica del Poder Ejecutivo Nacional”.

Y agrega: “Deberá asegurarse la participación de usuarios y consumidores a través de asociaciones legalmente inscriptas y de las provincias interesadas, en los procedimientos administrativos”.

La intención política sería reforzar el control de las privatizadas, porque en el Gobierno consideran que los entes sectoriales fallaron en esa tarea la última década. Es más, algunos funcionarios creen que sus decisiones favorecieron a las empresas en detrimento de los intereses de los usuarios.

Uno de los errores que señalan los funcionarios es que los funcionarios a cargo de las privatizaciones fueron después designados en la conducción de los entes de control sectorial. Y eso habría hecho que actúen en forma “condescendiente” hacia las empresas que ganaron las concesiones públicas.

Para cambiar esa situación, ahora el Gobierno impulsa un esquema de doble control: un ente sectorial y, por encima, otro Superente de control político.