AÚN NO HAY RESOLUCIONES EN EL CASO IBM

El 7 de diciembre del año pasado tuvo gran repercusión un fallo de la Corte Suprema de la provincia que anuló la prescripción de la causa IBM-Banco de Santa Fe en medio del escándalo por la extinción de casos paradigmáticos de corrupción. Pero en estos nueve meses el juicio no se ha movido un ápice: mientras el juez de primera instancia y la fiscalía quieren avanzar, varios abogados defensores se oponen alegando que la prescripción no está definida todavía. En rigor, la Corte aún no envió los recursos a la Cámara Penal para que ésta convalide la continuidad de la pesquisa, según informaron en Tribunales.

En los próximos días, probablemente esta semana, el juez de Sentencia Nº 6, Julio César García, se pronunciará al respecto. ¿Debe profundizarse el juicio mientras la sala II de la alzada no resuelva? De lo contrario, ¿el paso del tiempo volverá a colocar a la investigación al borde la prescripción? La pregunta del millón, de todos modos, es por qué sigue demorándose el esclarecimiento de este caso denunciado el 21 de setiembre de 1994 que ya ha acumulado veinte cuerpos.

ELOGIO DE LA LENTITUD

Lo que está bajo la lupa desde hace doce años son las presuntas irregularidades de una licitación que ganó IBM Argentina SA en 1991 para proveer equipamiento informático al Banco Provincial de Santa Fe, en esa época organismo del Estado. Fueron procesados por administración fraudulenta cinco personas: Carlos Schillagi, de la empresa Computacional 3; Nicolás Baclini, presidente del banco durante 1991; Juan Mario Mongini, ingeniero electrónico y ex gerente de la sucursal Rosario de IBM; Liliana Almosni, licenciada en sistemas y directora de Consad, y Gustavo Soriani, ingeniero electrónico y ex director de Operaciones de IBM en Buenos Aires.

En abril de 2003 el juez García tomó el caso. En febrero de 2005, basándose en una reforma votada dos meses antes por el Congreso nacional al régimen de prescripciones, los defensores pidieron el cierre de la investigación. El magistrado, con apoyo de la fiscal Graciela Argüelles, se opuso. Los imputados insistieron ante la sala I de la Cámara y en julio del año pasado consiguieron que se declarara la extinción de la acción.

Sin embargo, el fiscal de segunda instancia Danilo Imhoff recurrió a la Corte Suprema y logró que el 7 de diciembre los ministros anularan esa resolución de la sala I. Según el criterio máximo tribunal los plazos para la prescripción se interrumpen con el traslado a la defensa para que conteste la acusación; por lo tanto, no correspondía cerrar la causa sino continuarla hasta la sentencia definitiva (absolución o condena).

Como el fallo de la sala I fue anulado, las actuaciones debían bajar a la sala II para que ésta dictara una nueva resolución de acuerdo con el criterio señalado por la Corte. Pero a pesar del tiempo transcurrido tal cosa todavía no ha sucedido en virtud de una dinámica burocrática muy difícil de entender para el ciudadano común.

EXPEDIENTES SE BUSCAN

El sumario principal regresó al juzgado de García hace tres meses. El 26 de junio el magistrado firmó un decreto ordenando la reanudación de los términos suspendidos, algo que ya había intentado el 27 de octubre del año pasado. Mas, como en aquella oportunidad, los defensores pusieron el grito en el cielo.

El 28 de julio ingresaron al expediente tres escritos firmados por el representante de IBM (tercero civilmente demandado) y los abogados de Baclini y Schillagi. Todos plantearon la revocatoria del decreto del 26 de junio con el argumento de que la prescripción no está resuelta todavía ya que la sala II no se ha expedido, contaron fuentes judiciales.

Ante este panorama, García pidió opinión a la fiscal. El 31 de agosto Argüelles le contestó que estima improcedentes las revocatorias pedidas por los defensores en octubre y junio pasado. Ahora la decisión la tiene el magistrado.

Como los recursos de inconstitucionalidad se tramitan por separado, el primer planteo en llegar y ser resuelto por la Corte fue el de Schillagi. Tres semanas después, el 28 de diciembre de 2005, los ministros del máximo tribunal, con idéntico criterio, anularon la prescripción en relación con Soriani y Mongini. Quedaron pendientes para 2006 las situaciones de Baclini y Almosni.

Pero a la sala II sólo llegó un incidente el 6 de junio pasado (correspondiente a Soriani), que aún no ha sido resuelto. Los otros cuatro, explicaron fuentes de la Cámara de Apelaciones, siguen en poder de la Corte.

A todo esto, la defensa de Schillagi presentó un recurso extraordinario para que la medida de la Corte santafesina del 7 de diciembre sea revisada por el máximo tribunal de la Nación, aunque oportunamente el fiscal Imhoff pidió el rechazo del recurso federal.

En este marasmo judicial los abogados José Luis Vásquez y Héctor Superti entienden que mientras esta cuestión siga pendiente, el juez García se verá impedido de avanzar con el juicio.