AUTORIDADES DE EMGASUD VISITAN SANTA FE PARA CERRAR EL ACUERDO
El vocero de Emgasud, Carlos Serrano, había anunciado la semana pasada que el Fides Group haría hoy la presentación ante el Ejecutivo Provincial de su propuesta para poder acceder como accionista de Aguas Provinciales.
“Esta propuesta no contiene ningún proyecto de aumento de tarifa para este año, y cumple toda las exigencias, respecto a retirar la demanda ante el CIADI y presentar los avales correspondientes a las garantías que hasta este momento tiene Suez”, explicó Serrano en “De Radio Somos” (LT 10). Además confirmó que Banco Galicia va a continuar como accionista minoritario de Aguas de Santa Fe.
Agregó que durante la jornada de hoy, también se presentaría al Poder Concedente “un proyecto de inversiones a corto y largo plazo, para poder satisfacer las necesidades planteadas por las autoridades de la Provincia”.
Una de las primeras obras que emprenderá Fides Group será la ejecución de las redes de cloacas que no cumplió el Grupo Suez al frente de Aguas Provinciales.
También se garantizó que se va a mantener la planta de personal, de 950 personas y el nombre de Aguas Provinciales.
Cabe recordar que el viernes venció el plazo para que el Gobierno Provincial le otorgue el aval a Fides Group, la empresa controlante de Emgasud S.A., para hacerse cargo de la concesión del servicio de agua potable en Santa Fe a partir del 1º de agosto.
En horas del mediodía, el Ministro de Obras Públicas, Arq. Alberto Hammerly, confirmó que aún no se había presentado la documentación correspondiente. “Sólo les hicimos llegar los requerimientos que el Gobierno provincial ha manifestado para que contenga esa documentación y que sea un requisito fundamental para que esto sea evaluado a partir de la próxima semana. Estamos a la espera de la propuesta”, explicó.
En cuanto a los plazos para analizar dicha propuesta, el funcionario provincial sostuvo que “en principio el plazo vencía el 30 de julio y tenemos 15 días más para continuar con la evaluación. La fecha última sería el 15 de agosto”.
Una vez presentada la documentación, se oficializará el plan de obras de la empresa adquirente y el plazo establecido para la ejecución de las garantías, luego de la primera postergación que debió renovar el Grupo Suez por 68 millones de pesos.
El Titular de la Cartera de Obras Públicas se mostró optimista en relación a llegar a un acuerdo. “Estamos cerca, somos optimistas. Del uno al diez, estamos en un seis o siete”, apuntó.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, hubo críticas a este traspaso, sin volver a licitar o reestatizar el servicio. El Diputado Socialista Raúl Lamberto dijo que “de esta manera sin licitación nacional e internacional, como lo prevé el marco regulatorio de la Ley 11.220, se producirá el cambio de operador de la concesión por acuerdo entre privados y frente a la pasividad inexplicable del Gobierno provincial”.
“La falta de legalidad en la transferencia de la concesión no es solamente lo que el Ejecutivo provincial deberá explicarle a la ciudadanía, sino otros puntos que hacen aún más cuestionable este traspaso”, añadió.
Lamberto agregó que “por ejemplo, en materia de fondos no sólo serán aportados por la empresa sino que también por el Estado provincial y nacional, esto viola claramente las condiciones de la concesión ya que las empresas que cotizaron por un contrato de riesgo en ningún momento previeron en sus propuestas el aporte del Estado provincial y nacional, y esto es violatorio del principio de igualdad que debe regir en un proceso licitatorio. Sería importante que sobre este punto se expida la fiscalía de estado y que determine si el mismo no constituye un mal precedente para las futuras concesiones públicas”.
“También se le deberá explicar a la ciudadanía que a partir del año 2006 se van a aumentar las tarifas y que este aumento no se realiza este año por ser un año electoral, y tomando como referencia lo que trasciende de las negociaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional con Aguas Argentinas sería un aumento no menor al 35%”, agregó el Legislador.
Además enfatizó que el Gobierno deberá “explicar que el contrato original de metas y objetivos estipulaba una inversión en treinta años de 1.200 millones pesos/dólares, que la empresa manifiesta haber invertido en diez años de concesión 270 millones de pesos/dólares, y que la actual adquirente de la concesión manifiesta que invertirá 300 millones de pesos, surge claramente que por lo menos más de la mitad de la inversión no será aportada por el nuevo concesionario, o sea no menos de 600 millones de pesos, entonces nos preguntamos ¿quién lo aportará?, ¿serán los usuarios a través del estado?”.
Lamberto manifestó que “la inversión de $300 millones en 20 años será una inversión de 15 millones de pesos anuales (y no de $42 millones por año, tal como lo informó la empresa). Una empresa que actualmente recauda $120 millones anuales invertirá tan solo $15 millones por año. En la práctica con parte del aumento pagará las inversiones anuales”.
Finalmente, afirmó que “la modificación de la concesión en los términos planteados colocaría al Estado Provincial en un estado de perjuicio mayor al que se venía soportando con la actual concesión del grupo Suez, y además se estaría violando la igualdad de los oferentes que en su momento se habían presentado a licitación, otorgándole a Emgasud ventajas no contempladas en la anterior concesión”.
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