Avanza en Brasil una enmienda para juzgar a menores

Tiene media sanción una ley que baja la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.

En medio de un fuerte debate nacional, con la oposición del gobierno de Dilma Rousseff, de la Iglesia y de los grupos defensores de los derechos humanos, la Cámara de Diputados de Brasil dio impulso a una enmienda constitucional para reducir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal para ciertos crímenes graves.

Con el voto de 323 legisladores a favor, 155 en contra y dos abstenciones, la Cámara aprobó en primera instancia el polémico proyecto que permitiría que adolescentes de entre 16 y 18 años sean juzgados como adultos en casos de violaciones, secuestros, robos y lesiones corporales seguidos de muerte, y homicidios (fueron excluidas situaciones de terrorismo, tráfico de drogas y lesión corporal, que estaban en un borrador anterior). Como se trata de una enmienda de la Constitución, para entrar en vigor la iniciativa deberá atravesar una segunda votación en Diputados, probablemente en agosto, y otras dos más en el Senado. En caso de sortear estos obstáculos, la presidenta no podría vetar la modificación.

“Sabemos que la reducción de la edad de imputabilidad penal no es la solución, pero va a servir para poner límites. No podemos permitir que personas de bien, que pagan sus impuestos, sean víctimas de esos marginales disfrazados de menores”, señaló el líder del Partido Social Cristiano (PSC), André Moura, grupo que apoyó la medida junto con dos de las mayores fuerzas políticas del país, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aunque están cada vez más distanciados- y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El PT se ha opuesto firmemente a este proyecto, que originalmente data de 1993, pero que ha sido desempolvado en los últimos meses después de algunos notorios crímenes protagonizados por menores: el asesinato a cuchillazos de un hombre en Río de Janeiro, cuando dos jóvenes le robaron la bicicleta en plena Laguna Rodrigo de Freitas, y la violación de dos adolescentes en el norteño estado de Piauí por una patota de cinco adolescentes. Estos hechos fueron aprovechados por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), en abierto conflicto con la presidencia, para impulsar la controvertida enmienda, que es respaldada por la llamada “bancada de la bala”, legisladores vinculados con las fuerzas policiales y militares.

“Es muy peligroso que un tema tan delicado haya quedado rehén de una disputa política entre el Congreso y el Ejecutivo, y que sea aprovechado por los sectores más conservadores y reaccionarios que pretenden hacer retroceder nuestra sociedad. En vez de garantizar la protección de los menores, se avanza en una propuesta que viola la propia Constitución”, señaló a LA NACION la defensora pública Eufrasia María Souza, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente.

En efecto, la Constitución brasileña de 1988, en su artículo 228, resalta que los menores de 18 años son inimputables penalmente. Hasta esa edad, los infractores de la ley deben ser tratados de acuerdo con el Estatuto del Niño y del Adolescente, de 1990, que establece como castigo medidas socioeducativas, que van desde las amonestaciones verbales y los trabajos comunitarios hasta la internación en institutos de menores. La internación, que puede extenderse por un plazo máximo de tres años, está prevista sólo para actos de amenaza grave o violencia (hurto, robo, violación u homicidio), o cuando el infractor es reincidente, o si no ha cumplido el castigo anteriormente impuesto.

LA MAYORÍA, A FAVOR

Sin embargo, las encuestas de opinión apuntan que una gran mayoría de los brasileños está de acuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad penal. El último sondeo de Datafolha sobre el tema, divulgado el 22 de junio, indicó que el 87% de los encuestados aprobaba juzgar a menores de entre 16 y 18 años como adultos.

Dilma ha subrayado que los menores son regularmente usados por bandas criminales para cometer delitos y abogó por que el Congreso aumente las penas para ese tipo de conductas.

“Basta de impunidad para aquellos que utilizan a niños y adolescentes para cometer crímenes. En el gobierno defendemos que la pena sea aumentada para los adultos que usan a los menores como escudo dentro de una organización criminal”, afirmó.

Según datos oficiales, hay en estos momentos unos 32.000 adolescentes internados en institutos de rehabilitación socioeducativa para menores en todo Brasil. Y las cárceles tienen una población de 607.731 reclusos, unos 231.000 más que la capacidad de las instalaciones.

“La reducción de la edad de imputabilidad penal resultaría en un mayor encarcelamiento de adolescentes en un sistema penitenciario ya fallido, sobrecargado, con claras evidencias de maltratos, condiciones inhumanas y prácticas de tortura. Poner a menores de 18 años en privación de libertad en las mismas instalaciones que los adultos los dejaría aún más vulnerables a abusos y podría significar una mayor propensión a la reincidencia en el crimen”, apuntó, por su parte, Atila Roque, director de la organización Amnistía Internacional en Brasil.

 

Fuente: La Nación Digital