AVANZA EN URUGUAY EL PROYECTO PARA JUZGAR A MILITARES

Hoy vence el plazo que la bancada de senadores de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio había dado a una comisión formada para ajustar un proyecto de ley para convertir la desaparición forzada en delito permanente. La comisión ha realizado consultas jurídicas y políticas a efectos de determinar el alcance de las modificaciones del Código Penal, ya que algunos legisladores son partidarios de “limitar el texto sólo a algunos delitos” en lugar de la ambiciosa transformación que algunos pretenden.

Más allá del plazo de 48 horas que dispuso la bancada oficialista el lunes, la izquierda espera a que termine la gira que el presidente socialista Tabaré Vázquez realiza por Europa desde hace unas dos semanas. Su regreso está previsto para el viernes y en la Casa de Gobierno se anuncia que el mandatario tendrá el tema de los desaparecidos en el primer lugar de su agenda.

En la izquierda, varios reconocen que la presentación del proyecto no estaba prevista y que en realidad nació como una forma de amenazar a los militares para que aporten información correcta sobre los entierros de desaparecidos.

Jorge Vázquez, hermano del presidente y prosecretario de Casa de Gobierno, criticó a los militares que dieron información -aparentemente equivocada- para las excavaciones. “Hay cosas que no se discuten, todos saben que existieron desaparecidos y que algunos detenidos fueron llevados de un país a otro y que fueron muertos y enterrados sin que sus familiares supieran. Luego fueron desenterrados, triturados y esparcidos, cuando muchos de ellos no tenían nada que ver con la llamada «guerra» que había en este país”, dijo Vázquez. Añadió que si la búsqueda de restos no da resultados positivos, los militares “saldrán muy mal parados”.

El propio jefe del Estado uruguayo advirtió desde París, antes de una entrevista con su colega Jacques Chirac, que insistirá en la búsqueda de restos de desaparecidos y dijo que si no hubiera hallazgos, procuraría que mediante un cambio legislativo sobre “desaparición forzada” se pudiera juzgar a los responsables.

Pero según especialistas judiciales, el emblemático caso Gelman, que fue archivado por la Justicia la semana pasada, no podrá volver a llevarse ante un juez porque se considera cosa juzgada. La interpretación del gobierno anterior en el sentido de que el caso estaba comprendido en la ley que amnistió a militares y policías que actuaron en la represión de la dictadura (1973 a 1985) hizo caducar la pretensión punitiva del Estado, y eso es definitivo.

“La Justicia deberá actuar pues esos delitos [desaparición forzada] no están cubiertos por la ley de amnistía y las acciones judiciales podrían ser reabiertas en Uruguay o en el extranjero”, dijo Tabaré Vázquez en Francia. Esa posibilidad del exterior está siendo impulsada por el gobierno argentino, lo que se aceleró la semana pasada tras el archivo del caso Gelman en un tribunal de apelaciones uruguayo.

Vázquez se comprometió con el gobierno de Kirchner a aclarar el asesinato de la joven argentina María Claudia García, secuestrada en Buenos Aires junto a su pareja Marcelo Gelman en 1976. Ella fue traída a Montevideo y luego de que dio a luz a una beba -entregada a un policía y su esposa- fue asesinada y enterrada en un cuartel.

Hasta anoche no había llegado un pedido del juez argentino Norberto Oyarbide para que se identifique a nueve militares implicados en ese crimen.