AVANZA LA LEY ANTITABACO EN CAPITAL FEDERAL

La cuenta regresiva para que empiece a regir la ley antitabaco en la Capital ya comenzó. Es que desde el miércoles próximo estará prohibido fumar en todos los edificios públicos que dependen del gobierno de la ciudad, incluidos hospitales y colegios. Si no se respeta, el responsable del organismo encargado de controlar que se cumpla la norma podrá ser multado.

Pero para que este escenario sea una realidad, la ley 1799 debe ser reglamentada y establecer quién será el encargado de sancionar a los infractores, que podrían pagar multas de entre 500 y 2000 pesos.

Según Donato Spaccavento, secretario de Salud porteño, se trabaja contra reloj en ese tema. “Las reuniones con el comité interdisciplinario que establece la norma comenzaron hace más de un mes. Y estamos trabajando para que la reglamentación esté lista para el 1° de marzo. Lo que hay que dirimir es quién va a tener el poder de policía”, dijo el funcionario a LA NACION.

En el caso de las prohibiciones en oficinas públicas, la ley se refiere a las que dependen del gobierno porteño, no del nacional.

La norma fue sancionada en septiembre pasado por la Legislatura porteña y publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 8 de noviembre, también contempla la sanción a quienes vendan tabaco a menores de edad y cuenta con un cronograma de entrada en vigor. Según éste, a partir del 1° de octubre próximo la prohibición de fumar se extenderá al ámbito privado -no se permitirá que se fume en restaurantes o bares de menos de 100 metros cuadrados, en shoppings y en otros locales cerrados-, mientras que desde el 1° de enero del año próximo no podrá haber más publicidad de tabaco en todo el ámbito de la Capital.

Además, obliga al gobierno a diseñar una campaña de concientización y difusión de los efectos nocivos del tabaco en la salud de la población.

Campaña

La campaña de concientización comenzará mañana con una iniciativa de un grupo de ONG dedicadas a luchar contra los efectos nocivos del tabaco, encabezadas por Lalcec y por la Unión Antitabáquica Argentina.

La iniciativa busca concientizar a los empleados públicos porteños para que dejen el cigarrillo fuera de sus lugares de trabajo. “Pondremos ceniceros gigantes y tachos en diferentes edificios públicos y repartiremos folletos e información para la gente que lo requiera”, explicó Atilio Cantoni, coordinador de cursos de Lalcec.

El primer punto donde se concentrarán los voluntarios será el hospital Argerich, en horas de la mañana. Por la tarde, se repartirá información en la Legislatura, en la Jefatura de Gobierno y en la Defensoría del Pueblo porteña.

“Lo que nosotros queremos difundir es que dejar de fumar es una apuesta a mejorar la calidad de vida”, agregó Cantoni, que contó a LA NACION que llegó a Lalcec hace casi 30 años para superar su adicción.

“Como en todas las ciudades importantes del mundo, se va a ir avanzando cada vez más e irá aumentando la conciencia para el acatamiento de la norma. No estamos hablando de una ley antitabaco, sino de una ley a favor de la salud. Esta ley tienen mucho más que ver con el fumador pasivo, con aquellos que no tienen voz. Es bueno para todos. Los que fuman lo van a hacer en aquellos ámbitos donde no molesten a nadie, y a los que no fuman les permitirá gozar de su derecho de no fumar.”, dijo a LA NACION Paula Bertol, ex legisladora macrista, hoy diputada nacional, una de las impulsoras de la norma.

En tanto, el trabajo “antitabaco” comenzó en los hospitales. “Hay 16 hospitales donde se promueve el no tabaquismo, donde se trabaja incluso con los pacientes que tienen voluntad de no fumar y en desarrollar los grupos de autoayuda. Además, está prevista la provisión de medicamentos. Hay todo un trabajo de red”, describió Spaccavento.

Según lo explicó el funcionario, también se incluyó la temática en la capacitación que recibieron los operadores del 0800-3337258, que la cartera de Salud habilitará en los próximos días.

Exentos de toda limitación para fumar sólo quedaron los clubes de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales de degustación, al igual que las salas de fiesta cuando sean usadas para reuniones privadas. También se exceptuó a los centros de salud mental y los centros de detención.

En tanto, la pena que establece la norma para el responsable del lugar que venda cigarrillos a menores de edad es una multa de entre 50 y 500 pesos.