AVANZA LA REFORMA POLICIAL

El proyecto de reforma policial obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia y espera su tratamiento en la Cámara alta, lo que permitirá avanzar en las normas pergeñadas por el gobierno con la intención de modificar la actual estructura de una fuerza cuestionada por el conjunto de la sociedad. Si bien el texto enviado por el Poder Ejecutivo fue votado por unanimidad por el cuerpo legislativo hace un mes, recibió algunas objeciones por parte de la oposición. Uno de los temas que quedaron fuera del proyecto oficial se refiere a la posibilidad de que la policía pueda sindicalizarse o, al menos, agruparse en torno a reivindicaciones comunes. Por el momento, ese derecho parece lejano ya que existen presentaciones a nivel nacional que plantean exactamente lo contrario: excluir a las fuerzas de seguridad de la ley de Asociaciones Profesionales (ver aparte). Tampoco se incluyó la protección de testigos en caso de denuncias por corrupción, un reclamo de los dirigentes de Apropol.

El 16 de junio los diputados dieron el segundo paso al votar el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, proyecto que constituye el segundo de un cuarteto que pretende modificar el funcionamiento de la fuerza y rediseñar tanto derechos como deberes de la policía. El primer proyecto –que ya se convirtió en ley– planteó la creación del Instituto de Seguridad Pública, que incluye un espacio de formación terciaria para los futuros agentes, quienes se convertirán en licenciados si cursan por el término de tres años o auxiliares policiales, en caso de un cursado de menor duración.

En cuanto al texto de la ley del personal policial que fue votado afirmativamente por unanimidad, se incluyó la desaparición de las juntas de calificaciones, la obtención de ascensos por concursos, la confección de un escalafón unificado, además de una reformulación de los deberes y derechos que les cabrá a cada policía.

Dentro de las modificaciones que realizaron los bloques del ARI y el Partido Socialista al texto original se incluyó el pedido de provisión gratuita de uniforme y atención psicológica al personal. “También propusimos que a la hora de plantear sanciones se deben diferenciar cuáles son las causas graves y cuales las leves, a fin de no caer en ningún tipo de arbitrariedad y que, además, puedan contar con abogados para defenderse”, señaló la diputada Verónica Benas (ARI).

Según remarcó el diputado por el Partido Socialista Raúl Lamberto, se incluyeron en el texto que obtuvo media sanción algunas peculiaridades en relación con el uso del arma reglamentaria. “Ahora, los policías tendrán la opción de no usar el arma reglamentaria cuando estén de franco –algo que hasta el momento es una obligación– y de esa forma le transferirá la responsabilidad”, dijo el legislador, quien destacó otros elementos a favor de la nueva norma: se achicarán los grados de veinte a diez, se establece el ingreso en forma de grado, por la escala más baja, y se elimina la junta de calificaciones que favorecía el amiguismo y el trato discrecional.

SIN AGREMIACIÓN

El otro punto que se votó en disidencia parcial se refiere a la incorporación del derecho a la agremiación, una cuestión que, según la legisladora del ARI, fue resistida tanto por el Ejecutivo como por los diputados del Partido Justicialista. “En este sentido, nos resulta extraña la actitud porque originalmente el oficialismo estuvo a favor de esa posibilidad y luego se dio vuelta. Teniendo en cuenta que se trata de una fuerza de seguridad, se podría habilitar la agremiación y restringir el derecho de huelga”, dijo para luego advertir que “sería una barbaridad restringir la agremiación”.

Pero más allá de las intenciones por las que batalló la oposición, para los dirigentes de Apropol quedaron afuera del texto legislativo otros reclamos como la inclusión de la protección de testigos. “En realidad, no nos dejaron participar, sólo Benas y algunos socialistas se acercaron para saber qué pensábamos. Lo peor del proyecto que ya tiene media sanción es que no se dan derechos ni garantías al policía que realice denuncias de corrupción”, cuestionó el secretario general del gremio no reconocido, Alberto Martínez. El dirigente recordó que “todos aquellos que denunciaron tuvieron serios problemas”. E inclusive aclaró que “hay tratados internacionales que fundamentan la creación de esa figura dentro de las fuerzas de seguridad”. El otro punto que quedó excluido es la creación de un “código de ética”, una demanda que también empuñan los policías “rebeldes”.

LA BANDA, EXCLUIDA

Según señaló la senadora socialista Patricia Sandoz, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto de ley ya ingresó a la Cámara alta aunque todavía no se inició su tratamiento formal. “Si bien vamos a coincidir en términos generales con lo que votaron los diputados, creemos que es importante un análisis en profundidad”, afirmó, para luego advertir que en los últimos días recibieron cuestionamientos de algunos sectores, como la Banda Policial, porque sus miembros aseguran que aún siendo parte del personal fueron excluidos de la nueva norma.

SINDICATO EN DEBATE

Hasta el momento no existe una legislación nacional que prohíba expresamente la sindicalización de la policía, pero para el diputado nacional Ángel Baltuzzi (PJ), la posibilidad de agremiación sería “improcedente”. Por lo tanto presentó un proyecto para modificar la ley de Asociaciones Profesionales y exceptuar a las fuerzas de seguridad –entre ellas la policía– lo que implicará, en caso de aprobarse, una expresa prohibición para agremiarse.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga a los países a cumplir con ese derecho pero exceptúa a las fuerzas de seguridad y deja la libertad para que cada país haga lo que crea oportuno”, explicó el legislador.

“Una policía sindicalizada sería una fuente de corrupción y presión sobre la sociedad porque está armada”, aclaró.