BAHÍA BLANCA: DEFINEN LA SITUACIÓN DEL INTENTENDE A QUIEN APARTARON POR “GRAVES IRREGULARIDADES”

Hoy puede ser un día clave para el futuro político de Bahía Blanca, que vive desde fines de febrero una crisis sin precedentes. La Suprema Corte de Justicia de la provincia decidiría si avala ó rechaza la suspensión preventiva del intendente municipal Rodolfo Lopes, aprobada por el Concejo Deliberante. Una comisión investigadora analizó nueve cargos contra el jefe comunal y halló “graves transgresiones jurídicas y negligencias en el ejercicio de la función” durante su gobierno, por lo que el cuerpo decidió el 23 de junio apartarlo por 90 días.

Lopes, que representa al Frente para la Victoria, desconoció esa resolución sancionada por mayoría y planteó la existencia de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte. El 28 de febrero pasado, por orden judicial, fueron allanadas la municipalidad, varias empresas y domicilios particulares, entre ellos el de Lopes. Con la documentación secuestrada allí y escuchas telefónicas, el fiscal Gustavo Zorzano decidió procesarlo por los delitos de estafa y peculado.

Entre los hechos adjudicados a Lopes, figuran el préstamo del auto oficial al intendente del Partido de la Costa para un viaje turístico y el uso de teléfonos celulares por parte de ex funcionarios de su gestión. También se investiga el pedido de dinero a empresas del Polo Petroquímico, para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria, entre otros casos.

Cuando Zorzano lo convocó a declarar, Lopes primero trató de recusarlo. Lo acusó de estar influenciado políticamente y se negó a responder sus preguntas. Ante la prensa, rechazó todos los cargos y dijo ser víctima de una conspiración. En la misma causa, están procesados una ex colaboradora suya, un empresario editorial, un imprentero y los gerentes generales de las empresas PBB Polisur y Solvay Indupa. A raíz del escándalo, el 1º de abril Lopes pidió licencia y fue reemplazado por Cristian Breitenstein, un opositor interno.

El intendente interino renovó casi por completo el gabinete municipal y despidió a 500 agentes, la mayoría beneficiarios de planes sociales otorgados durante la gestión anterior. Si la Corte avala el planteo del suspendido intendente, Lopes cree que podría volver al gobierno. Aunque cuando fue beneficiado con la eximición de prisión, la Justicia valoró su salida por licencia como un paso que no obstaculizaba la investigación. Si el separado intendente pretende retornar a su cargo, la excarcelación podría caer. Su eventual regreso es rechazado por muchos bahienses, que piden un nuevo llamado a elecciones.